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Redacción ejecentral

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El Consejo Coordinador Empresarial consideró que es prioritario que las fuerzas armadas tengan instrucciones claras de acciones más enérgicas ante saqueos.

El CCE expresó su apoyo a las empresas afectadas por los hechos de violencia, vandalismo, saqueo y bloqueos y que han sufrido daños al comercio, tiendas, restaurantes, estaciones de servicio y la libre circulación de los insumos y productos de la industria.

El Consejo consideró prioritario que todas las fuerzas que brindan protección a la ciudadanía tengan instrucciones claras de acciones más enérgicas para detener los actos de saqueos y robos, otorgándoles un marco jurídico correcto que facilite su actuación.

Los empresarios pidieron a la División de Policía Cibernética de la PF, para que realice las investigaciones detrás de las convocatorias a robos, saqueos y que se están haciendo a través de redes sociales y que en  muchas de ellas es clara una fuerte inversión económica y uso de especialistas en la materia.

El Consejo Coordinador Empresarial insistió en que es necesario garantizar el libre paso en carreteras y puertos estratégicos, toda vez que los bloqueos en las principales carreteras y vías de transporte han generado problemas para la llegada de trabajadores a sus lugares de trabajo, así como de insumos a las líneas de producción, provocando paros técnicos y pérdidas a la industria.

De no intervenir, habrá desabasto de bienes básicos, pérdidas en costos logísticos, de almacenaje y penalización de tiempos de entrega, y hasta cierre de empresas.

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE dijo que “el desabasto en diversas zonas del país está llegando a niveles preocupantes debido a los saqueos y bloqueos carreteros por lo que, en breve, la crisis podría también afectar a los bienes básicos de consumo, lo que sólo aumentaría el descontento, los movimientos sociales y la violencia”.

Agregó que los bloqueos en principales puertos de entrada y salida de mercancías del país han ocasionado pérdidas en costos logísticos, de almacenaje y penalización de tiempos de entrega, y dañan la imagen para futuras inversiones en el país.

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