El diputado federal brasileño del Partido Liberal, Sóstenes Cavalcante, revivió un proyecto de ley para castigar a quien aborte después de las 22 semanas de gestación con una pena similar a la del homicidio (20 años de prisión), aplicable incluso en casos de violación y cuando la madre esté en riesgo de perder la vida.
El también pastor de la iglesia Asambleas de Dios forma parte del bloque denominado Frente Parlamentario Evangélico (FPE) integrado por legisladoras y legisladores brasileños que apoyan al expresidente Jair Bolsonaro, a quien consideran “un fundamentalista de extrema derecha”, y que se ha manifestado a favor de una agenda ProVida.
Esta bancada, que inició con 1 legislador en 1945, luego tuvo 32 en 1986 y ha llegado actualmente a ocupar 203 diputaciones (de las 513 que hay) y 26 senadurías (de 81), ha enfrentado las críticas de los mismos militantes y ministros de culto cristianos que votaron por ellos, pues sus posturas ultraconservadoras los han puesto en la mira de la población religiosa.
El aborto ha vuelto a ser tema a raíz de la propuesta de Cavalcante en ese país, donde los grupos evangélicos han crecido como en ningún otro país del continente, al grado de constituirse en empresas y compañías multinacionales que comercializan con la fe, por lo que el gobierno de Lula da Silva pretende cobrarles un impuesto sobre la renta del que estaban exentos pastores e iglesias desde 2022.
El tema pasó del ámbito religioso al económico: la oficina de hacienda midió el poder manipulador que representan los políticos, medios informativos y el manejo de redes sociales, en donde las iglesias y sus filiales invirtieron, por lo que Da Silva pretende cobrar el impuesto consecuente, pero los religiosos no se dejan. Saben que la combinación entre la fe y el real (moneda brasileña) dará resultados políticos.
Activistas evangélicos, católicos y feministas consideraron que volver a penalizar el aborto criminaliza más a la víctima de una violación que al mismo violador. En un manifiesto, que puede ser firmado por la ciudadanía de manera virtual, el denominado Frente de Mujeres de Fe Contra la Violación y el Violador, integrado por monjas, catequistas, pastoras y líderes comunitarias, expresan que casi 253 mil niñas fueron obligadas a dar a luz entre 2010 y 2019, luego de ser abusadas por familiares y hasta por sacerdotes y pastores.
En México, legisladores, políticos y empresarios pretenden formar un símil de FPE, con el apoyo de sus pares en Estados Unidos. Y aunque el intento todavía es raquítico, los activistas siguen ideando la forma de revertir la inconstitucionalidad que dictó la Suprema Corte, desde septiembre del año pasado, para que todas las entidades del país eliminaran el aborto como un delito de sus respectivos Códigos Penales.
PALABRA DE HONOR: ¿Qué habrá pasado con la denuncia que en abril pasado le hicieron a la entonces candidata presidencial Xóchitl Gálvez, en la Conferencia del Episcopado, de que el gobierno tenía en la mira a unos 60 sacerdotes por expresar opiniones políticas?
