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María Idalia Gómez y Jonathán Nácar

Dos exsecretarios generales de la desaparecida Policía Federal (PF), Jesús Orta Martínez —cercano al exsecretario Manuel Mondragón y Kalb— y Frida Martínez Zamora —persona de confianza del exsecretario de Gobernación y actual senador, Miguel Ángel Osorio Chong—, así como 17 exfuncionarios más del área administrativa de la corporación, son ahora prófugos de la justicia. Su delito: haber operado el desvío de al menos 2 mil 500 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) ya los busca por varios delitos, entre ellos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero, entre otros.

Estos funcionarios, ubicados en el área administrativa y finanzas de la entonces Policía Federal, llevaron a cabo operaciones presuntamente ilegales a través de contratos mediante los cuales desviaron, al parecer, los recursos federales, de acuerdo con personas que conocen el expediente consultadas por ejecentral.

En cuanto a Martínez Zamora, es identificada como colaboradora cercana al senador priista, pues fungió como representante ante el Instituto Electoral cuando aquel fue candidato.

Durante su gubernatura de Osorio Chong en Hidalgo (2005-2011) , Martínez Zamora fue designada como encargada de los Recursos Materiales y Adquisiciones en la Oficialía Mayor del gobierno estatal.

Ahora es investigada por posibles irregularidades en la adquisición de aeronaves y vehículos, durante su desempeño en la desaparecida PF; no obstante, fuentes consultadas confirman que hay al menos dos acusaciones más en su contra, relacionadas con el manejo ilícito de recursos, e ilícitos cometidos por servidores públicos.

En el caso Jesús Orta, tenía la responsabilidad de coordinar toda la administración y servicios de la corporación, que se incluye la de direcciones de Recursos Financieros, así como la de Recursos Humanos y Materiales. Es decir, todos los recursos económicos de la oficina federal, dinero que en muchos casos no tenía que justificarse y tampoco transparentarse, bajo el argumento de invertirse en temas de seguridad.

Orta fue secretario de Seguridad Ciudadana durante los primeros 10 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y fue relevado por el actual titular Omar García Harfusch. También fue oficial mayor durante el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México (2006-2012).

Sheinbaum reconoció que desde hace tiempo se tuvo conocimiento de que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, Jesús Orta, era investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y ese fue uno de los motivos por los que él decidió solicitar su renuncia al cargo.

Revelación

De acuerdo con un documento dado a conocer ayer en el programa televisivo de Ciro Gómez Leyva, se enlistan además de Orta Martínez y Martínez Zamora, 17 exfuncionarios que en su mayoría llegaron a dependencias de la administración pública federal durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Algunos de ellos incluso, contaban con cargos públicos en la actual administración.

La orden de aprehensión no incluye, hasta este momento, a quienes dirigían entonces a la Policía Federal de su época, por lo que las operaciones sobre la probable comisión de delincuencia organizada de estos funcionarios sólo se concentran, hasta ahora, en el área administrativa de la corporación y el manejo de recursos públicos.

Tales maniobras se habrían realizado sin conocimiento de sus jefes, los comisionados, a quienes estructuralmente debían reportar directamente y que incluso los nombraban; ellos son Facundo Rosas Rosas (2009-2012), Maribel Cervantes Guerrero (2012-2013), Enrique Galindo Ceballos (2013-2016), Manelich Castilla Craviotto (2016-2018), Arturo Jiménez Martínez (2018-2019), así como Luis Rodríguez Bucio, y José Sigifredo Valencia Rodríguez, quienes desempeñaron el cargo durante 2019.

Entre los nombres que aparecen enlistados están Israel Luna Espinosa, exsubdirector de Ingresos y Egresos, y hasta 2015 subdirector de Nómina; y Edgar Ulises Calderón Luna, un contador que de ser vendedor de productos farmacéuticos se convirtió en suboficial del área financiera de la Policía Federal.

También aparecen Carmen Patricia Quiñones, del área de Recursos Humanos; el contador público José Manuel Correa Flores, suboficial de recursos financieros; también figuran el cabo Carlos Hipólito Rivera Codina, quien fue agente técnico preventivo en la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Ciudad Juárez, de abril de 2000 a agosto de 2008, y de igual forma ocupó cargos en la entonces Policía Federal Preventiva, después Policía Federal, la Secretaría de Gobernación, e incluso la actual Guardia Nacional.

Otro sobre quien se giró orden de aprehensión por parte de un juzgado federal, con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, es sobre Eleuterio Enrique Pérez Romero, quien fungió como subcoordinador de servicios en la entonces Agencia Federal de Investigación de la PGR, de enero de 1993 a abril de 2008. 

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