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Además del incremento en el desempleo por una baja en la calificación crediticia de México (soberana), el sobrecosto que tendrá que pagar el gobierno federal por las mayores tasas de interés se convierte en una señal de alerta para las arcas de la nación porque se pagarán más de 110 mil 500 millones de pesos anuales si las tasas suben 1 por ciento.
El cuantioso monto de la deuda total del gobierno federal con 578 mil 100 millones de dólares (47% del PIB) se podría comparar con el poder de absorción de un hoyo negro: el saldo de la deuda bruta podría pagar 1.8 veces todo el presupuesto de egresos de la Federación para 2019.
›Tan sólo el punto porcentual adicional sería suficiente para financiar el 92% del Tren Maya o significa 2.2 veces a lo que esperan el presidente André Manuel López Obrador por el combate al huachicoleo en 2019 o 2.7 veces a todo lo que se invertirá en caminos rurales o bien representa 55 de cada 100 pesos que se esperan por el Plan de Austeridad para 2019.
Derivado de lo que el mismo López Obrador denomina cambio de régimen, las calificadoras HR Ratings, Fitch Ratings y Standard & Poor’s mantienen en observación la contabilidad nacional.
De momento, las evaluadoras mantienen la calificación soberana sin cambio; sin embargo, como una señal de alerta, notificaron al gobierno federal y a los mercados financieros locales e internacionales que mantendrían bajo la lupa (cambio de perspectiva, de positiva a negativa) la capacidad de pago de la deuda del país por la debilidad financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los números de la petrolera muestran que en el cuarto trimestre del año pasado perdió 125.5 mil millones de pesos y en todo 2018 acumuló un descalabro de 148.6 mil millones. Esa debilidad financiera preocupa a los inversionistas y más por las trabas del gobierno federal a la entrada al capital privado.
A enero pasado, el saldo de la deuda bruta del gobierno federal fue 11.06 billones (11 millones de millones) de pesos, de los cuales 64 de cada 100 corresponden a la deuda interna con 7.10 billones y los restantes 3.96 billones son de la deuda externa medida en su equivalente en pesos.
El dato. Al cierre del año pasado, el saldo de la deuda representó el 47% del PIB.
Con ese nivel de pasivos, tan sólo en enero de 2019, el gobierno federal desembolsó 39 mil 679 millones de pesos por el por el pago de intereses (costo financiero) de la deuda interna y externa. De ese monto de la interna fueron 17 mil 304 millones y de la externa (medido en pesos) fue el equivalente a 22 mil 375 millones.
Ese costo de la deuda pagada en enero equivale a casi el total que desembolsó el gobierno federal en la compra de medicamentos y material de curación para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2018. También equivale a 10 veces de todo el presupuesto del Programa de Crédito Ganadero a la Palabra que tiene asignado cuatro mil millones de pesos para todo el año o también alcanzaría para financiar el programa de mantenimiento de carreteras y de caminos rurales (41 mil 298 millones de pesos), que según López Obrador este año tendrá un presupuesto de 41 mil 298 millones de pesos, un monto superior a lo destinado en los últimos 10 años.
S&P también cambió la perspectiva de América Móvil, Coca-Cola Femsa, Liverpool, CFE, Concesionaria Mexiquense; 77 instituciones financieras y siete aseguradoras
Lo anterior muestra el impacto que tienen las tasas de interés ante una baja en la calificación crediticia de México. De momento, el cambio de perspectiva de la deuda soberana por parte de Standard & Poor’s (S&P) ya trajo un efecto cascada para un centenar de empresas privadas que la calificadora también cambió su perspectiva.
La calificación y los intereses
Como la misma S&P lo señala, las calificaciones crediticias ayudan a prever la tasa de interés de sus nuevas emisiones de deuda. Cuanto mejor sea la calidad crediticia de un emisor o emisión, menor será la tasa de interés que el emisor tendrá que pagar para atraer inversionistas. A menor calidad crediticia, generalmente pagará una mayor tasa de interés para compensar el mayor riesgo crediticio asumido por los inversionistas.
Después del cierre de mercados y en viernes (1 de marzo), S&P notificó a la comunidad bursátil local e internacional que reiteraba la calificación soberana de México en moneda extranjera de largo plazo en “BBB+” que se ubica a dos peldaños de perder el grado de inversión y entrar al rubro de bonos especulativos, nivel en el que la economía mexicana se mantuvo una década, julio de 1992 al mismo me de 2002.
›S&P explicó que el cambio de perspectiva refleja que hay 33% de probabilidades de que se pueda modificar la calificación soberana durante los próximos 12 meses. Esto ante el riesgo que implica la política de reducir la participación del capital privado en la industria petrolera y la generación de electricidad. Esto se suma a la negativa de seguir construyendo el nuevo aeropuerto en Texcoco, lo que afectó “negativamente la confianza de los inversionistas”.
La mayor participación del gobierno federal en el sector energético puede aumentar los pasivos contingentes y disminuir el crecimiento económico.
“El consecuente debilitamiento del perfil financiero del soberano podría llevarnos a bajar las calificaciones”, dijo S&P.
Sobre el downgrade a la calificación soberana que lleve a la pérdida del grado de inversión, hay visiones encontradas.
Respecto a perder el grado de inversión, es “difícil un escenario en el que se deterioren las finanzas públicas como para sufrir una reducción de tres notches (niveles) por parte de S&P y de Fitch y cuatro por parte de Moody’s, lo cual no se ve factible sobre todo teniendo en cuenta el compromiso que ha mostrado la administración con finanzas públicas sanas”, señaló el director general adjunto de Análisis Económico del Grupo Financiero Banorte.
Por su parte, Gabriel Casillas, estratega en jefe de BBVA Global Markets Research, Ociel Hernández, en una presentación reciente señaló que “la pérdida de un nivel de calificación debería tener efecto moderado en las tasas (de interés), no así la pérdida del grado de inversión que generaría una sobrerreacción”.
ejecentral hizo el cálculo aritmético simple para medir el impacto en las finanzas públicas de un alza de tasas de interés en la deuda del gobierno federal.
Así, considerando el saldo de la deuda total y un incremento de décima de punto porcentual, el sobrecosto financiero es de 11 mil 59 millones de pesos; con 25 puntos base adicionales en el costo del dinero se desembolsarán 27 mil 646 millones; con medio punto porcentual o 50 puntos base más las arcas de la nación tendrán que pagar 55 mil 293 millones y con un punto adicional (100 puntos base) en términos anualizados se tendrán que erogar 110 mil 585 millones de pesos.
A enero, tres valores concentraron el 82% de la deuda interna. Los “Bonos M” (bonos de desarrollo a tasa fija) ocuparon el 49.9%; los Udibonos acaparan el 28.6% y los Cetes el 11.7 por ciento.
Considerando un alza de 100 puntos base, ese sobrecosto equivale a 89% del gasto programable de la Secretaría de Salud para todo 2019; financiaría 1.8 veces los 60 mil millones de pesos para las becas escolares que entregará el gobierno federal a nueve millones de estudiantes este año.
Diez aeropuertos de Texcoco
Según la estimación de amortizaciones de la Secretaría de Hacienda (SHCP), en la próxima década se pagarán más de 140 mil millones de dólares de deuda externa. Considerando que el extinto aeropuerto en Texcoco requería 13 mil 300 millones de dólares, ese pago alcanzaría para financiar 10 terminales aéreas.
Tomando en cuenta el tema de Pemex y la refinería en Dos Bocas, Tabasco, la amortización estimada hasta 2029 sería suficiente para financiar más de 17 plantas como esa.
›De la deuda externa mexicana, 60 de cada 100 dólares tiene como acreedores de Estados Unidos y Canadá. Resalta que si bien, Japón es el sexto mayor acreedor, recientemente Pemex firmó un memorándum de entendimiento con el Japan Bank for International Cooperation que daría a la mexicana la “posibilidad de acceder en el futuro a nuevas oportunidades financieras” con ese ExImBank asiático.
Independientemente de todo, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que es el órgano asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), recomienda que la “certidumbre es un activo importante que incide positivamente en el crecimiento económico y la percepción crediticia del país”.
Lo anterior cobra relevancia porque el banco británico Barclays estima que la economía mexicana crecerá 1.0% en el primer trimestre del año, desaceleración económica que se suma a otros riesgos como la menor producción petrolera, el estancamiento de la inversión pública y la debilidad económica global, lo que repercutirá en las exportaciones del país.