Como si se tratara de una especie de manual, utilizando las mismas palabras, encaminadas a un mismo objetivo, Emilio “L”, director de Pemex entre 2012 y 2016, durante el gobierno anterior, negó categóricamente ser el culpable o responsable de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obra pública.
En busca del criterio de oportunidad que lo exonere de las acusaciones en su contra, el exfuncionario sostuvo ante el juez que señalará a los responsables y posibles beneficiarios de esos hechos.
De esta manera, se repitió la estrategia que ayer martes aplicó la defensa del excolaborador peñista durante la audiencia inicial por el caso de Agronitrogenados, con la cual los abogados consiguieron que su defendido no fuera encarcelado —aunque ya fue vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero— y, a cambio, sólo portará un brazalete electrónico para su localización.
El esquema empleado por la defensa fue el mismo para la audiencia de la causa penal 261/2019, que este miércoles se llevó a cabo —a través de videoconferencia— sobre el caso Odebrecht, por el cual la Fiscalía General de la República (FGR) imputa al exdirector de Pemex los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.
Fui “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado; señalaré a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos”, sostuvo ante el juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, Juan Carlos Ramírez Benítez, el exfuncionario, quien al inicio de la diligencia solicitó la reserva de sus datos personales, por lo que durante el desarrollo de la audiencia se le nombró como “ERLA”, en referencia a las siglas de su nombre.
Ante el agente del ministerio público, los abogados de ERLA reiteraron que, en el ánimo de colaborar con las autoridades, las acusaciones en contra de su cliente se debieron a que fue “utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado mexicano”.
Tal y como hicieron referencia en la audiencia inicial respecto a la adquisición de la planta de Agronitrogenados, los juristas reiteraron que el exfuncionario denunciará puntualmente “los delitos cometidos por los sujetos activos y responsables de los hechos”, señalados por el agente del ministerio público.
Por su parte, el extitular de Pemex señaló ante el juez su intención de que se resolviera su situación jurídica durante la audiencia y con la intención de evidenciar su disponibilidad a colaborar con la FGR, refirió: “di instrucciones en España a que se agilizaran los trámites de mi extradición, como un acto voluntario de mi parte en renunciar al procedimiento de extradición, precisamente para cumplir mi compromiso en colaborar con las autoridades en el marco de un posible criterio de oportunidad o la figura que determine la autoridad”.
A través de los reportes que el Consejo de la Judicatura Federal compartió vía WhatsApp, durante la etapa de exposición de datos de prueba por parte de los fiscales, encaminados a que el juez resolviera la vinculación a proceso del imputado se reveló que para la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012, la constructora brasileña Odebrecht aportó a ERLA, entonces coordinador de campaña del político priista, al menos dos pagos por 4 millones de dólares; y una vez que asumió como titular de Pemex, recibió otros 6 millones de dólares.
De manera recíproca, el conglomerado brasileño habría recibido, durante la gestión de ERLA al frente de la empresa productiva, beneficios en contratos para obra pública cuyo monto asciende a los casi 40 millones de dólares.
La vinculación entre el exfuncionario y el entonces director de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses, resultaba tan estrecha, según la formulación de la imputación de la FGR que, ERLA le ofreció al empresario brasileño un cargo en la administración pública, en caso de que el PRI ganara las elecciones en 2012, lo cual fue un hecho con el triunfo de Peña Nieto.
En cuanto al manejo de los recursos obtenidos de esos sobornos millonarios, los fiscales sostuvieron que muchas de las cuentas de donde provinieron estaban a nombre de Gilda “L” y Margarita “A”, hermana y madre de ERLA, respectivamente, así como de la esposa del exfuncionario.
Tras 12 horas de audiencia, el juez vinculó a proceso al exdirector de Pemex por los delitos que lo acusó la FGR, quien de nueva cuenta, al igual que en el caso de Agronitrogenados, no solicitó la prisión preventiva para Emilio “L” como medida cautelar.
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