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María Idalia Gómez y Jonathán Nácar

El entonces comandante del 27 Batallón de Infantería del Ejército en Iguala, Guerrero, José Rodríguez Pérez, ordenó a sus soldados salir a investigar lo que ocurría aquel 26 de septiembre en la ciudad.

En poco tiempo, sus subordinados le reportaron los detalles; al saberlo les ordenó que se regresaran a las instalaciones castrenses. A pesar de que esto quedó asentado en el expediente desde 2014, la actual Fiscalía Especial para el Caso Iguala se olvidó de investigar al ahora general brigadier, y priorizó las pesquisas sobre sus subalternos. 

En el mismo expediente quedó registrada desde 2014, el día de la llamada noche de Iguala, la acusación de uno de los integrantes del grupo criminal, Walter Alfonso Deloya alias La Medusa, quien hizo señalamientos de que militares de ese Batallón protegen a los Guerreros Unidos. Esta acusación fue unas de las pruebas que se utilizó en contra del único miembro del Ejército que a seis años está preso, el capitán en retiro, José Martínez Crespo.

Omisión. Padres de los normalistas desaparecidos en Iguala dijeron ayer que Sedena no ha entregado  toda la información a la FGR.

Aunque todos los elementos y mandos del Ejército, que desde hace seis años rindieron su declaración ministerial por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, aseguraron que cada acción e informe respecto al ataque y desaparición de los normalistas fueron “por orden de la superioridad”, a la fecha no hay una investigación vigente de la Fiscalía General de la República sobre las probables omisiones de quien entonces comandaba el 27 Batallón de Infantería del Ejército, en Iguala, el entonces coronel José Rodríguez Pérez.

Fuentes consultadas por ejecentral señalaron que, aunque la intención del Ministerio Público federal es fincarles a los elementos del Ejército que ese día habrían tenido alguna participación en los hechos donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas, incluyendo a los elementos del 27 Batallón de Infantería, su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. Sin embargo, la integración de los expedientes ha tenido deficiencias para determinar que hayan participado en la desaparición de los jóvenes.

De acuerdo con las propias declaraciones de los militares, y las solicitudes que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo entorno a éstas, a través de Recomendación 15VG/2018 del caso Iguala, un aspecto que no ha sido explorado del todo por parte de la Fiscalía son los probables omisiones en las que habrían incurrido los militares; y las imputaciones de declarantes en el expediente que habrían señalado la presunta vinculación entre el personal del Ejército e integrantes del cártel de Guerreros Unidos.

Con base en la recomendación de la CNDH, entre los motivos por los cuales se planteó el indagar al actual general brigadier, José Rodríguez Pérez, entonces comandante del 27 Batallón de Infantería, se derivó de la omisión por no brindar atención a miembros del equipo de fútbol de los “Avispones de Chilpancingo”, quienes acudieron a las instalaciones de dicho batallón en busca de ayuda tras la agresión al autobús donde viajaban, pero el coronel sólo dispuso la salida de una patrulla hacia el lugar, sin brindar algún tipo de auxilio a los heridos.

“…el coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27/o. Batallón de Infantería se comunicó telefónicamente con Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública Municipal de Iguala, a quien le preguntó si tenía algún problema con los estudiantes. Felipe Flores contestó: “que no, que no tenía ningún problema, que su personal ya se encontraba en filtros”, señala en otra de sus observaciones la CNDH.

La probable vinculación entre militares y Guerreros Unidos, y que en la recomendación de la CNDH implicó el exhortó para una exhaustiva investigación de la entonces PGR a la actuación del personal del 27 Batallón de Infantería, fueron las declaraciones que el detenido Walter Alfonso Deloya alias “La Medusa” o “El W” hizo en el sentido del posible contubernio entre militares y miembros de la delincuencia organizada. 

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