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Jonathan Nácar

En los primeros cinco meses de este año fueron asesinadas 15 mil 16 personas en el país, un promedio de 99 homicidios dolosos al día y sólo uno de los 32 estados concentró 12.72% de esas muertes violentas, al sumar casi dos mil víctimas: Guanajuato. 

Una entidad de contrastes, donde lo mismo convergen las expectativas de inversiones y desarrollo, con la cruda realidad numérica de la incidencia delictiva que ubica al estado como el epicentro de la violencia a nivel nacional. 

Contrario a lo que planteó el cantautor guanajuatense José Alfredo Jiménez, originario de Dolores Hidalgo, en su canción “Caminos de Guanajuato”, cuya primera línea se ha vuelto una máxima: “la vida no vale nada”, desde la perspectiva de empresarios y especialistas en seguridad, lo que en realidad no vale nada en la entidad es la coordinación entre las autoridades.

Pero tampoco ha cobrado un valor la estrategia efectiva para disminuir los dramáticos índices de criminalidad que se han agudizado en los últimos años en la entidad gobernada por Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

A poco más de un año y nueve meses de haber asumido como gobernador en la entidad, el panista enfrenta una situación urgente en cuanto al índice de homicidios y otros delitos y así lo indican las estadísticas que mensualmente da a conocer el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Al cierre de 2019, y por segundo año consecutivo, Guanajuato, se ubicó como la entidad con más homicidios intencionales en todo el país. 

El hecho de que, según las estadísticas oficiales, una decena de personas fuera asesinada cada día en promedio el año pasado, sumado al cierre de 2019, tres mil 558 víctimas, implicó un aumento de 7.45%, en comparación con tres mil 311 víctimas de homicidio doloso que se registraron en 2018, año en que Sinhué Rodríguez tomó protesta como titular del Ejecutivo estatal, subrayando que la recuperación de la paz en la entidad era una de sus prioridades. 

Pero lo que no reveló de forma pública el mandatario en aquel entonces fue que, la búsqueda de esa paz lo haría al margen de la colaboración con el gobierno federal, y con la ratificación de quienes han sido señalados por la opinión pública e incluso por funcionarios, de ser los responsables en buena medida de las condiciones de inseguridad que padece el estado. 

Se trata del secretario de seguridad pública, Alvar Cabeza de Vaca, y el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, quienes se han mantenido en sus cargos durante más de ocho y 11 años, respectivamente. 

Al respecto del fiscal Zamarripa Aguirre, quien se mantendrá en el cargo hasta 2028, derivado de una reforma constitucional que avaló el Congreso local, la controversia de su desempeño escaló al confrontamiento de posturas con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como lo ha sido entre el propio gobernador de Guanajuato, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Choque de gobiernos

El último día de junio de este año, el titular de la FGR anunció que la dependencia a su cargo había iniciado una investigación en busca de posibles irregularidades e incluso imputaciones legales respecto a la actuación de la Fiscalía estatal en la liberación, el pasado 28 de junio, de María Eva Ortiz, madre de José Antonio Yépez alias El Marro, líder de grupo delictivo que mantiene asoleada la seguridad en el estado. La cual calificó públicamente como “un montaje”. 

Un día antes de las declaraciones del fiscal Alejandro Gertz, y al día siguiente de que fue liberada la madre de El Marro, el 29 de junio, la Fiscalía a cargo de Carlos Zamarripa boletinó la información de la detención de quien es considerada como presunta operadora financiera del llamado cártel de Santa Roma de Lima, y de otras cuatro personas, incluyendo a la hermana y una prima de José Antonio Yépez, señalando que se trató de un allanamiento de las autoridades federales, que se realizó sin contar con la debida orden judicial.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional de aquel 29 de junio, el tema fue abordado y en cierta forma reprochado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al cuestionar que “es muy raro todo lo que está pasando en Guanajuato. Es un estado que tiene muy elevados índices de homicidios, es el estado con más homicidios, pero ya lleva tiempo y las autoridades judiciales son las mismas, el fiscal de Guanajuato lleva ya muchos años”, en referencia a la permanencia del fiscal general Carlos Zamarripa. 

Al señalar que dicha situación que prevalece en Guanajuato se debe a un problema añejo vinculado a “ineficiencias y corrupción”, el presidente López Obrador reiteró que en la liberación de presuntos delincuentes se debía en buena medida porque “siempre andan buscando algunos jueces, no generalizo, pero sí hay jueces que buscan si hubo alguna falla en la hora de la detención, en los papeles que se presentaron, en cualquier cosa, para dejar en libertad a presuntos delincuentes”. 

En el caso particular de Guanajuato, y la puesta en libertad de la madre del presunto líder criminal, el mandatario sostuvo que se realizaría una investigación a fondo a fin de revisar los motivos por los cuales se les dejo en libertad. La respuesta por parte del gobernador no se hizo esperar, y ese mismo día, a través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, replicó que la seguridad de la entidad se politizara con las declaraciones del Presidente, y respecto a la permanencia del fiscal, aclaró que fue ratificado por el poder legislativo: “estamos en una democracia y pedimos respeto a la autonomía de los poderes y el federalismo”, alegó. 

Respecto al operativo en San Isidro Elguera, Celaya, donde militares y agentes de la FGE detuvieron a la madre y otros familiares de El Marro, el mandatario estatal refutó que, “acorde a los delitos que detonaron el operativo, la FGR debió atraer el caso, pero no sucedió. La FGE actuó de manera coadyuvante al operativo”. 

Precisamente en el tema de atender la inseguridad por parte de los tres niveles de gobierno, refiere Ismael Plascencia Núñez, coordinador de la Confederación de Cámaras Industriales del Bajío, “parece que estamos como en una vecindad, que nos echamos la culpa unos a otros, y se la pasan en puros chismes. No nos importa realmente qué hagan (las autoridades), pero tienen que hacer que baje la delincuencia en el estado”, sostuvo el empresario en entrevista con ejecentral. 

›La divergencia de posturas, particularmente la que se evidencia entre el gobierno del Estado y la Federación, corresponde a uno de los principales obstáculos para encontrar una ruta viable que contribuya a disminuir los indicadores delictivos y hechos de violencia, en lugar de acrecentarlos. 

Sobre esa descoordinación, Héctor Rodríguez Tamayo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, en Pequeño Servicios y Turismo de Celaya, sostuvo que “aquí la inseguridad esta tremenda, ya no la aguantamos, ya nos sabemos que hacer, y nuestras autoridades nomás se pasan la bolita, unas a otras”. Sin embargo, al intentar ahondar en los impactos que ha tenido en los sectores, pidió que se le hiciera llegar un cuestionario para atender nuestra solicitud de información, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. 

En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Irapuato, Salvador Flores Trejo, no ofreció una respuesta cuando se le pidió una entrevista para este semanario al excusar que “es bien delicado el tema (…) no porque tenga miedo. He confrontado al gobierno municipal y estatal sobre la inseguridad, (pero) déjame checarlo con mi Consejo”. 

Celaya e Irapuato son los municipios que entre enero y mayo de este 2020 obtuvieron la mayor cantidad de carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso, aunque León encabeza la lista en la entidad con 247 expedientes abiertos por ese delito y en ese lapso; Celaya, se ubica en segundo lugar, con 207 carpetas; mientras que Irapuato y Salamanca se ubicaron 173 y 160 investigaciones por homicidio, respectivamente. 

La revisión de las estadísticas a nivel municipal sobre la incidencia de homicidio intencional en la entidad refleja que son principalmente León, Irapuato, Salamanca y Celaya, los municipios que durante el último lustro concentran la mayor cantidad carpetas de investigación por ese delito. De 2015 a mayo del año en curso, esas cuatro ciudades acumularon el 48% del total expedientes por homicidio doloso que se abrieron en ese periodo, siendo hasta ahora el 2019 como el de más carpetas, con un total de dos mil 775. 

el dato. En los primeros cinco meses de 2020, Guanajuato concentró 12.72% de las muertes violentas del país.

Para muchos empresarios, la violencia se deriva de la falta de coordinación entre gobierno estatal y federal, pues “los gobiernos estatal y municipal también deben de actuar: todos los órdenes de gobierno deberían trabajar y no dejar que crezca, lo que importa es que la inseguridad vaya bajando, que al menos se vea que va retrocediendo gradualmente, no como está ahorita que está a la inversa, que está creciendo”, aseveró a este periódico el empresario Ismael Plascencia Núñez.

Contraste de realidades 

En el primer trimestre del año, las exportaciones de Guanajuato alcanzaron cinco mil 727 millones de dólares, lo que implicó un aumento de 26% en comparación con cuatro mil 544 recaudados entre enero y marzo de 2019. Ubicando a la industria automotriz como la principal fuente de las exportaciones de la entidad, que en este primer trimestre implicó 42% de las mismas, según estimaciones de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce).

Pese a los estragos económicos que ha traído consigo el avance de la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 en el país, las exportaciones de México de enero a marzo de 2020 implicaron un monto superior a cuatro mil 800 millones de dólares, y una participación de 84% en el caso de las exportaciones a territorio estadounidense; mientras que en el caso canadiense fue de 271 millones de dólares, con 4.7 por ciento. 

Por cuarto año consecutivo, Guanajuato ocupó  la sexta posición de las exportaciones a nivel nacional, perfilándose como una de las que se verán más beneficiadas en el proceso de recuperación de los impactos económicos adversos de la Covid-19, con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual a decir del gobernador Rodríguez Vallejo, implicará “aumentar las exportaciones y atraer mayor Inversión Extranjera Directa en nuevas áreas comerciales”.

Pero la “piedra en el zapato” para las autoridades sería José Antonio Yépez El Marro, tal y como lo advirtió en un video. Así, los planes de crecimiento de Diego Sinhué Rodríguez se contravienen con los indicadores de incidencia delictiva en la entidad, lo que permite observar un panorama poco alentador para la atracción de inversiones y el clima de inseguridad. En los primeros cinco meses del año, las cifras de homicidio doloso superaron 43%, al sumar mil 903; al acumulado de personas asesinadas entre 2015 y 2017, que en conjunto los tres años registraron mil 325 víctimas.

El desarrollo y dinamismo en la región del Bajío ha significado la llegada de inversiones extranjeras importantes que “debe mantenerse como una joya para la inversión extranjera, y esto (de la violencia) en consecuencia ahuyenta las inversiones, y hay que trabajar de manera conjunta para evitarlo”, exhortó Víctor Manuel Presichi Amador, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV).

En entrevista, el empresario reconoció que, a diferencia de otras entidades y regiones del país donde se ha logrado reducir la criminalidad, en el caso de Guanajuato señaló que “se ha mantenido con un incremento en los robos de manera constante y hoy por hoy el corredor Celaya-Salamanca es una de las rutas más peligrosas para el transporte de carga”.

Y añadió, “a principios de año tuvimos 16 robos, marzo y abril subió a 20 promedio, y para mayo-junio en promedio está en los 26 (robos). Tenemos una incidencia interesante, vemos a todos los que les ha tocado perder un vehículo, estar en medio de un enfrentamiento, e incluso que usen su unidad para hacer bloqueos. Son víctimas directas”, refirió respecto a la situación de “un conflicto abierto entre dos cárteles que compiten por un territorio”, como de las causas principales de esta incidencia. 

“Pero vemos con preocupación que hay un conflicto donde el gobierno estatal y federal traen una pugna, diferencias que impiden la coordinación, comunicación y establecer estrategias comunes, en las cuales hemos trabajado, siendo coparticipes en otras zonas donde se ha podido ir controlando el tema de la inseguridad, por una buena coordinación”, apuntó Presichi Amador al considerar que la evidente diferencia que han manifestado las autoridades se trata de una “situación única” actualmente, de la cual advirtió que de no resolverlas, los únicos que lo estaban “capitalizando” son los grupos delincuenciales.

A nivel nacional, la ANERPV ubica a Guanajuato en el cuarto lugar nacional con más reportes de robos de vehículo en el país, por debajo del Estado de México, Jalisco y Puebla. Ubicando a Celaya, León, Cortazar y Apaseo el Grande como los municipios con la mayor incidencia. Aunque la entidad no es la que encabeza, el presidente de la asociación subrayó que “ese lugar es muy preocupante para un estado que hace tres o cuatro años no figuraba en los primeros 20. Ha sido una escalada importante y dramática”. 

Una bomba de tiempo

Tras varias semanas de choques y reñidoras posturas, el pasado 2 de julio, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez anunció un acuerdo para que entre los tres niveles de gobierno se refuerce la seguridad en todo el estado. “La coordinación de todos los niveles de gobierno es indispensable para reducir la violencia”, publicó en Twitter, luego de encabezar la reunión de su Gabinete de Seguridad, en la que se asentaron, supuestamente, las acciones entre los gobiernos Federal y Estatal para inhibir a la delincuencia. 

El anuncio se hizo un día después de que un comando, fuertemente armado, atacara un centro de rehabilitación ubicado en la comunidad de Arandas, municipio de Irapuato, que a la fecha ha dejado un saldo de 27 muertos, y al menos ocho heridos. 

Durante su conferencia matutina del día siguiente de la agresión, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el hecho como “muy fuerte”, y reiteró que de la crisis de inseguridad que padecía la entidad, el gobierno federal brindaría el apoyo necesario. “No vamos nosotros a abandonar al pueblo de Guanajuato, ya lo hemos dicho. Ayer (1 de julio) lo expresé, tenemos elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, van a continuar protegiendo a la población”.

Sobre el hecho, la Fiscalía General estatal confirmó la detención de tres de los presuntos responsables, de quienes refirió en un comunicado existían “datos fundados que nos permiten suponer que las tres personas imputadas, pertenecen además a un grupo criminal que opera en la zona Laja-Bajío, lo cual será compartido con las autoridades federales en la materia”, En clara referencia a la probable responsabilidad de la organización liderada por Antonio Yépez Ortiz.

Sin embargo, un audio difundido a través de redes sociales y atribuido —sin que hasta ahora haya confirmación por parte de alguna autoridad— al propio Yépez Ortiz, revela que el presunto líder huachicolero se deslinda de la agresión al anexo de Irapuato. Aunque asegura que no le importa si le creen o no, subraya que la organización a su mando no tuvo nada que ver. De igual forma hizo referencia a otras acusaciones que según la voz similar a la que ha quedado de manifiesto en otras videograbaciones atribuidas a El Marro

La pugna que al menos desde 2017 se agudizó entre Antonio Yépez Ortiz, al frente de su organización conocida como el cártel de Santa Rosa de Lima, en contra del cártel Jalisco Nueva Generación que lidera Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, ha detonado el repunte de hechos de violencia, que, como el ataque al centro de rehabilitación en Irapuato, se refleja en crímenes de alto impacto.

Estas circunstancias generaron que en junio pasado, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., considerara a Irapuato (cuarto lugar); Celaya (posición 20); y León (lugar 47) dentro del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2019, basado en la tasa de homicidios entre el número de habitantes de cada urbe. Pese a la “cooperación” acordada entre el gobierno estatal y la Federación, la tendencia en el índice de muertes violentas diarias no parece virar hacia buen puerto. Según el número de víctimas de homicidio, reportadas por el grupo interinstitucional, del 1 al 5 de julio, Guanajuato ha encabezado de forma consecutiva la mayor cantidad de muertes violentas al sumar 89 víctimas de las 429 reportadas en esos primeros cinco días del mes lo cual equivalen al 20.7% del total de homicidios dolosos registrados en el país.

Paz trastocada. Con bloqueos carreteros e incendio de carros, fue como grupos delictivos que operan en el llamado triángulo rojo del huachicol reaccionaron ante los operativos realizados por la Policía Federal, Policía Militar, y Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato.

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