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Bernardo Naranjo

Ver en México a un niño o a un adolescente trabajando en la calle se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Lavan vidrios, venden chicles o simplemente piden limosna. Pasamos junto a ellos y los ignoramos por eso, porque son parte del paisaje urbano. Y posiblemente al verlos pensamos que el gobierno debería hacer algo al respecto. También llegamos a saber de alguna familia humilde que no envía a la escuela a sus hijos. Juzgamos la irresponsabilidad de sus padres y vemos la necesidad de que alguien haga algo, pero no necesariamente actuamos en consecuencia. La inasistencia escolar está normalizada entre la ciudadanía de México y esa, por sí sola, es una tragedia. 

La normalización de la inasistencia escolar es también una realidad entre las autoridades. En México hay 5 millones 316 mil 787 personas de entre 3 y 17 años que no asisten a la escuela, según el Censo 2020 del INEGI. Son 553 mil 924 personas más respecto al 2015. Eso significa que los esfuerzos para resolver el problema, de haberlos, no han resultado suficientes. Tampoco son muy visibles: no hay menciones del tema en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Sectorial de Educación, ni en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Los apoyos a quienes no van a la escuela son solamente para mayores de edad: para la política educativa mexicana, el problema prácticamente no existe.     

¿Qué se hace en otros países cuando un menor no asiste a la escuela? Pudiéramos pensar que es un asunto relacionado con la pobreza que prevalece en México y que sólo podrá resolverse hasta que mejoren los niveles de vida. La relación del problema con la pobreza es innegable, pero de ninguna manera justifica la inacción. Una solución frecuente es tener personal especializado que visita las viviendas de quienes no asisten a la escuela para hacerles ver su obligación a los padres. Ello ocurre en distritos escolares de los Estados Unidos, pero también en El Salvador. Otra medida es establecer penas para los padres de familia: las hay por igual en la Ciudad de Madrid (prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses por no llevar a los niños a la escuela), que en Panamá. 

En México, las acciones concretas han sido más bien llevadas a cabo por autoridades locales. En Mexicali, Baja California, se puso en operación desde hace varios años la Unidad de Violencia Intrafamiliar, dependiente de la Policía Municipal, que visita los hogares de niños que se reportan fuera de la escuela. Con vehículos distintos a las patrullas y personal especializado para tal efecto, recogen a los menores para obligar la comparecencia de los padres. En Ciudad Acuña, Coahuila, la Procuraduría Municipal de los Niños, Niñas y de la Familia impone multas de hasta 30 salarios mínimos o 36 horas de cárcel a padres de familia que omitan la obligación de brindar educación formal a sus hijos.  

Una estrategia más amplia se implementó en el estado de Puebla hace algunos años. Primero se identificó la asistencia escolar como el primer objetivo de la acción educativa estatal, seguida de la permanencia hasta concluir la media superior y del aprendizaje de los contenidos básicos para todos. Se le llamó el “Modelo APA” (asistencia, permanencia, aprendizaje). Con esa base, la autoridad  comenzó a enviar periódicamente a cada escuela de educación básica un reporte con los nombres tanto de los estudiantes que el sistema detectaba que habían abandonado la escuela, como de quienes se encontraban en riesgo de hacerlo, de acuerdo con sus niveles de asistencia, calificaciones y condición de extraedad. 

El Reporte APA, como se denominó, fue muy bien recibido por los colectivos escolares y pronto las escuelas solicitaron mayor apoyo para atender el problema. Así nació la Unidad de Promoción del Derecho a la Educación (UNIPRODE), responsable de articular acciones para promover la asistencia escolar. La Unidad logró recuperar a estudiantes que ya no asistían a clases con diferentes estrategias: llamadas telefónicas a hogares de los estudiantes; gestiones para asegurar el acceso escolar aun sin documentos; vinculación con dependencias y ONGs para articular esfuerzos; y acciones de apoyo socioemocional, entre otras. Sus servicios fueron especialmente útiles luego del sismo que afectó a la mitad de los municipios del estado en 2017, pues logró que hubiera un descenso en el abandono escolar aún en el marco de un desastre natural de esa magnitud. 

¿Qué podemos hacer? El campo es muy amplio

Sensibilizar a la población. No es aceptable que un niño o adolescente deje de asistir a la escuela. Si la pobreza es la causa, también debe ser la principal razón para que vayan a la escuela. La inasistencia escolar NO ES NORMAL. Dejar personas fuera de la escuela es condenarlos a la falta de oportunidades y exponerlos al crimen. El mensaje debe permear en el discurso público, en las acciones gubernamentales y en los presupuestos.

Implementar mejor la normatividad. En 2014 se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece mecanismos para asegurar sus derechos y Procuradurías para su protección. Tiene una muy frágil operación en el país, pues se requieren protocolos y mecanismos más claros para su operación en los diferentes niveles de aplicación.

Vincular instituciones involucradas. Las autoridades de educación, salud, desarrollo social y desarrollo familiar, tanto federales como estatales y municipales, podrían hacer mucho más si hubiera una coordinación más eficaz entre ellas. Así mismo, existe una gran cantidad de ONGs con experiencias y capacidades muy valiosas. El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) puede ser un gran mecanismo, aunque su agenda es muy amplia. Hoy en los niveles locales prevalece el trabajo aislado.

›Dar acompañamiento y seguimiento. Reincorporar niños y jóvenes a la escuela requiere de un proceso de acompañamiento para evitar un nuevo abandono. Y desde luego es deseable integrar bases de datos de instituciones involucradas para coordinar acciones y medir avances.

Debemos lograr que los 5 millones 316 mil 787 personas aparezcan en la agenda pública.  Claro, si aspiramos a ser un país con futuro.

Tiempo extra

Comienza la gestión de la maestra Delfina Gómez al frente de la SEP. Se enfrenta al escenario más complicado de las últimas décadas, y posiblemente de la historia centenaria de la SEP: contingencia sanitaria, desvinculación de millones de estudiantes, caída dramática en los aprendizajes y presupuestos con muy poco sentido educativo. Necesitará toda la ayuda posible. Si su afán es realmente educativo, podrá encontrar muchos aliados. Que así sea. 

Las estrategias para evitar la inasistencia en méxico corren a cargo de cada gobierno estatal. una de ellas es el reporte apa en puebla, que ha dado grandes resultados y ha sido bien recibido

* Director general de Proyecto Educativo.

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