La insoportable injerencia de Estados Unidos en dos escenarios
Cada vez es más evidente el deficiente e insuficiente funcionamiento de las instancias de seguridad, procuración e impartición de justicia; por ello, para los estadounidenses, en términos de seguridad nacional, México experimenta un prolongado quebrantamiento institucional y advierte riesgos similares a Venezuela, Bolivia y Chile, donde se hay situaciones de guerra de baja intensidad
Este 2020 ha sido un mal año para Donald Trump. Sus erróneas decisiones y el mal manejo de la pandemia del Covid-19; así como las protestas y violencia entre afroamericanos e hispanos contra grupos de supremacistas blancos y agentes del orden policial y militares, a partir de detenciones arbitrarias y con uso excesivo de la fuerza en distintas ciudades del vecino país, entre otros temas de su agenda de gobierno, están debilitando su posible reelección.
Habrá quienes en México se congratulen de ello, pero gane quien gane la contienda electoral, la esencia de las acciones injerencistas del gobierno de Estados Unidos sobre nuestro país no cambiarán, incluso existen indicios de que más bien se incrementen.
Primero, porque prevalecen razones de carácter geopolíticas inerciales que se remontan a un pasado en el que predominó la preocupación por mantener alianzas políticas que garantizaran el alineamiento de sus vecinos a la política exterior de Washington. Así como en la Guerra Fría los gobiernos mexicanos cooperaron con las agencias estadounidenses en el combate al comunismo local e internacional, ahora la Casa Blanca busca que el gobierno mexicano le ayude a neutralizar la creciente influencia política, económica y militar que están ganando en Latinoamérica, China, la Federación Rusa e, incluso, Irán.
Segundo, porque Washington necesita preservar su seguridad nacional y regional. Al igual que Canadá, México ha formado siempre parte del cinturón de seguridad regional de los Estados Unidos, que se reforzó con la integración del Comando Norte (US-NORTHCOM), a partir de 2001. Con ello el Departamento de Defensa fortaleció su presencia militar en el control de las vías de acceso aéreo, terrestre y marítimo involucrando en ello a las Fuerzas Armadas de los tres países.
En este sentido cualquier riesgo, amenaza o peligro para la seguridad de los intereses y objetivos estadounidenses que pueda manifestarse en territorio mexicano se constituye en un asunto de atención de las instancias de seguridad nacional coordinadas por Washington:
en esta circunstancia, México actualmente es la sede de las principales organizaciones dedicadas a la producción y tráfico de drogas ilícitas que se distribuyen y consumen en Estados Unidos. El fracaso del gobierno mexicano para neutralizar su crecimiento y proliferación, ha llevado a las instancias de los tres poderes de la unión a delinear una política de persecución criminal que incluye acciones encubiertas sostenidas por los servicios de inteligencia de sus principales agencias en el exterior (FBI, CIA, DEA, ATF y DIA, principalmente).
Por nuestro territorio transitan los flujos de migrantes centroamericanos,
sudamericanos y mexicanos en busca de su ingreso a Estados Unidos, fenómeno que se ha incrementado y ha sido incluido en las agendas de seguridad de nuestro vecino al considerarlo una amenaza creciente. En respuesta, se dio el endurecimiento de la política de Trump, quien ha continuado con la construcción de un muro fronterizo entre ambos países, además de imponer al gobierno mexicano la tarea de detener el flujo de migrantes en nuestro territorio, y mantener la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el país.
Otra de las amenazas que justifica la presencia injerencista de diversas agencias lo sigue representando, desde 2001, el terrorismo. Al respecto, la porosidad de las fronteras mexicanas seguirá constituyendo un factor de riesgo asociado con grupos radicales que podrían utilizar nuestro territorio para atentar contra sus intereses, tanto en Estados Unidos como en México. Recuérdese que actualmente nuestro país tiene como residentes al mayor número de estadounidenses que radican fuera de su territorio.
Hasta la fecha, los gobiernos mexicanos no han sido capaces de incrementar las capacidades de sus servicios de inteligencia y, por tanto, no se han podido establecer esquemas de cooperación en el intercambio de información entre las agencias especializadas de ambos países.
Tercero, porque el actual Presidente de México no ha podido demostrar que su estrategia contra la impunidad, la corrupción y el crecimiento de la delincuencia organizada y común es efectiva. Al mantener su política de “abrazos y no balazos” simplemente ha contribuido a la expansión de la delincuencia organizada y al deterioro institucional.
›La detención y procesamiento penal judicial de Joaquín El Chapo Guzmán, Genaro García Luna y el General Salvador Cienfuegos Zepeda, el primero extraditado a Estados Unidos, y los otros dos detenidos en territorio estadounidense, representan la fortaleza del aparato de justicia estadounidense y, por otro lado, cada caso significa un indicador de la lamentable debilidad de nuestras agencias para generar la inteligencia criminal y las carpetas de investigación ministeriales necesarias para procesar en México y no en la Unión Americana a la delincuencia.
Cada vez es más evidente el deficiente e insuficiente funcionamiento de las instancias de seguridad, procuración e impartición de justicia, lo que le ha impedido desarticular las redes de corrupción e impunidad que operan entre funcionarios del más alto nivel y la delincuencia.
Cuarto, porque México experimenta un prolongado quebrantamiento institucional tendente a convertirlo en un Estado fallido. Estados Unidos advierte riesgos para México similares a los observados en Venezuela, Bolivia y Chile, principalmente, en donde se desarrollan escenarios de guerra de baja intensidad como resultado de crisis políticas derivadas del deterioro de la capacidad de representación de los partidos políticos, la rebelión de amplios sectores de la sociedad excluidos de las decisiones de gobierno --tanto de las clases medias y pobres--, por los intentos de instaurar modelos autoritarios para ejercer el poder, y por la prolongada crisis sanitaria pandémica que habrá de agravar las crisis económicas en la región.
›Tal es el caso de México donde, junto al deterioro institucional, se registra una creciente violencia política derivada de una recurrente incitación a la violencia desde la Presidencia de la República, un ausente llamado a la unidad nacional y sí, en cambio, una mayor polarización y confrontación social auspiciada por diversos grupos de poder, a lo que deberá sumarse la prolongada violencia delincuencial y el avance de la narco política en próximas elecciones locales y federales, lo que conllevará escenarios de crisis que darán lugar a mayores protestas sociales, violencia y procesos de desestabilización que impactarán negativamente a México.
›Nada indica desafortunadamente que el país camine con pasos firmes hacia una restauración efectiva del Estado de Derecho que contribuya al fortalecimiento de su soberanía y, por tanto, a hacer innecesaria la presencia en el país de agentes encubiertos recolectando información para sus servicios de inteligencia.
Hasta la fecha, los gobiernos mexicanos no han sido capaces de incrementar las capacidades de sus servicios de inteligencia y, por tanto, no se han podido establecer esquemas de cooperación en el intercambio de información entre las agencias especializadas de ambos países. Bajo estas condiciones descritas, en la coyuntura de renovación del poder en los Estados Unidos identificamos los siguientes escenarios asociados con las políticas injerencistas de los servicios de inteligencia estadounidenses para los próximos años:
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