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María Idalia Gómez y Mauro Álvaro Montero

Desde el primer día de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador advirtió que sería una administración austera, reduciendo los salarios y prestaciones excesivas de los servidores públicos, y algunas áreas de las distintas dependencias. Erigió, desde ese momento, uno de los emblemas de su gestión.

Así, se eliminaron algunas direcciones, subsecretarías y áreas de asesoría. Pero el presidente consideró que no era suficiente, debían darse mayores ahorros. En enero de este año anunció una gran reforma a la administración pública, con la que reacomodaría a los órganos autónomos y adelgazaría aún más el gobierno. Una primera propuesta ya fue terminada.

En este primer documento, que aún se está ampliando, al que tuvo acceso en exclusiva ejecentral, se muestra cómo en los próximos meses, López Obrador pretende reducir la nómina federal en alrededor de 8 mil 500 plazas, entre administrativos, direcciones y jefaturas, puestos técnicos y de menores rangos.

En términos monetarios, significaría cerca de 3 mil 200 millones de pesos al año, de acuerdo con cálculos de este periódico y datos abiertos disponibles del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Esta propuesta, en la que se ha trabajado a lo largo de este año, tiene el visto bueno del presidente y comenzó a aplicarse de manera paulatina en todo aquello que sólo requería la emisión de un decreto para su desaparición. Sin embargo, el mandatario pidió a su gabinete y colaboradores, que se continúe amplificando la reducción de las oficinas, hasta el punto que sea verdaderamente “funcional” y sin “duplicidad de tareas”, coincidieron distintas fuentes consultadas y que han conocido de las órdenes y planes del presidente.

Se pretende, aseguraron las fuentes de primer nivel, que el próximo año se concluya con una reducción del 30% de la administración pública federal. Sin embargo, de lo que se ha expuesto en este primer documento final sólo representa el 0.53 por ciento.

El material, que se integra de dos partes, una de ellas es un cronograma que marca los tiempos y avances, sólo aparecen las secretarías y dependencias del Ejecutivo federal, se incluyen algunos fideicomisos aún vigentes, pero ninguno de los órganos autónomos o las empresas productivas del Estado. De acuerdo a los funcionarios que explicaron a ejecentral el proceso de adelgazamiento que ha ordenado López Obrador, la reconfiguración de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se hará de manera separada, aunque aparecen algunas de las áreas que deben absorber. Y la de los órganos como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o el INAI, se trabaja en un documento por separado, ya que implica una reforma constitucional.

“Este es un primer borrador que ya fue aprobado por el presidente. Se trabajó directamente en Palacio Nacional y se integró con las propuestas que cada dependencia hizo. Pero no se considera terminado, porque las diferentes áreas deben buscar mayores reducciones, porque se pretende conseguir una reducción del 30 por ciento de la administración pública”, detalló uno de los funcionarios que participó de manera indirecta en estos trabajos y conoce el documento.

Por ahora, la mayoría de las áreas de gobierno que sufrirán algún ajuste lo desconoce, porque se está definiendo, en la mayoría de los casos, la estrategia legal que seguirán las secretarías de Estado, especialmente la de Gobernación que le tocará coordinarlo todo. “Nos enfrentaremos a sindicatos, antigüedad de funcionarios y muchas posibles trabas legales que primero debemos resolver, porque el presidente ha dicho que se debe garantizar los derechos laborales, pero no permitir abusos”, añadió otro de los funcionarios consultados.

Es así, que áreas como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS) o el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), por ejemplo, deberán integrarse a otras dependencias y disminuir su personal, y aún no lo saben.

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Austeridad relativa

En la administración pública Federal hay un millón 600 mil empleados, y más de 5 millones si se cuentan estados, municipios y alcaldías del país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El presupuesto de este 2021, el gobierno planeó gastar 6.2 billones de pesos, y para 2022 propuso un incremento, ya aprobado, a 7.2 billones de pesos. Es decir, 14.52% más, 8.9% en términos reales, descontando la tasa de inflación.

Pero lo más importante es que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, se prevé que el gobierno también haga una gran contratación de personal en los rubros de Salud y Defensa, por lo que el recorte de casi ocho mil 500 empleos a la nómina que plantea este primer documento de adelgazamiento de la administración, no se verá reflejado en un ahorro, simplemente se reasignaría a otros rubros.  

Es decir, el PPEF del siguiente año estima emplear a 42 mil 622 personas en el aparato burocrático, de las cuales, 16 mil 23 serían contratadas por la Secretaría de Salud, siete mil 474 por el IMSS y seis mil 442 por el ISSSTE.

En tanto, se requerirán 15 mil 190 en la Secretaría de la Defensa Nacional, y para la Marina, tres mil 935. pesos. Sólo 231 para otras dependencias, es lo que considera el presupuesto aprobado para el siguiente año.

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Las que borrarán

El jueves 7 de enero de 2021, en la mañanera, casualmente se le preguntó a López Obrador cómo se haría para desaparecer organismos que duplicaban funciones, si sería a través de una iniciativa, lo que el mandatario aprovechó para anunciar que revisaría “todos estos aparatos administrativos, su función, para que no haya duplicidad, porque necesitamos ahorrar, ser eficientes, no tener tantos aparatos que consuman de presupuesto y que el presupuesto se quede en el mismo gobierno y no se le transfiera a la gente”.

“Vamos a llevar a cabo esta reforma administrativa y vamos a ajustar el gobierno a la nueva realidad, ya no seguir creando estas instituciones, estos aparatos burocráticos, entonces vamos a revisar” y también el presidente dijo que en este proceso se respetarían los derechos laborales de los servidores públicos y los ahorros se destinarían para becas, medicinas, caminos y mantenimiento de escuelas.

El siguiente lunes, el 11 de enero, se reuniría con su gabinete para definir que cada secretaría “elabore un plan y ya que tengamos todo podamos presentar las reformas legales”. 

Así fue, comenzaron a trabajar en cada una de las áreas, revisando funciones y necesidades, se supone que cuidando de que las fusiones de áreas o la desaparición de algunas otras no significara la desaparición de las obligaciones o responsabilidades del gobierno. Se procesaron varios borradores hasta llegar a este documento al que pudo acceder este periódico.

La planificación para adelgazar la administración pública federal, de acuerdo con este avance, tiene tres niveles de trabajo, aquellos que pueden desaparecer o fusionarse con sólo un decreto; el siguiente nivel es la modificación de un reglamento o, el tercero, el de una o varias leyes. En los casos en que sólo requiere de una publicación en el Diario Oficial, el proceso ya comenzó, lentamente. 

›En cuanto a las modificaciones legales se trabajan ya los proyectos de reforma, al menos 40 cambios de articulados, algunos se reportan con un mayor avance y otros aún en revisión, pero de acuerdo a las fuentes se pretende tenerlos listos para enviarlos al congreso el próximo año, y sean aprobados con la mayoría de los legisladores.

Los órganos, organismos o fideicomisos que desaparecerán y en otros casos pasarán a otras dependencias para que realicen las actividades sustantivas suman 64 y 65 si se considera a la casi ya extinta Policía Federal —aunque para este conteo no se tomó en cuenta debido a que desde hace dos años comenzó su proceso de liquidación—, que se planea se concluya su cierre legal definitivo, con la renuncia de unos dos mil agentes, el primer trimestre del 2022.

Adicionalmente, 17 oficinas definitivamente serán eliminadas, ya no tendrán cabida dentro del gobierno federal, entre ellas está el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, el Fideicomiso de Riesgo Compartido, el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero; así como el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el Fideicomiso de Fomento Minero, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones, el Instituto de Competitividad Turística; Fonatur Solar, Fonatur Tren Maya y Fonatur Construcción.

Entre las que se encuentran en proceso de extinción, que comenzaron en periodos pasados y se pretende se concluya legalmente en breve, están la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, ProMéxico; el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, el Consejo de Promoción Turística de México, así cómo la ya mencionada Policía Federal.

El mayor tijeretazo financiero se dará en la Administración Portuaria Integral (API) de 14 puertos marítimos, ya que serán mil 26 plazas, y un monto aproximado de más de 300 millones de pesos anuales que plantean ya no se ejerzan en 2022 por concepto de nómina. La API y sus funciones, cuya titularidad fue asumida por la Armada de México, pasarán en algunas de sus funciones a la tutela de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a formar parte de las operaciones de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

El Banco de Comercio Exterior (Bancomext), que ostenta una de las plantillas laborales más numerosas de las instituciones que se enlistan, se prevé que quede en las manos de Nacional Financiera (Nafin).

Bancomext, por ejemplo, cuenta con 200 plazas, de las cuales, el director tiene un sueldo bruto de 154 mil 472 pesos, y la nómina total es de 11 millones 50 mil 370 pesos cada mes; se calcula que al año el banco tiene un costo superior a los 143 millones de pesos en sueldos y aguinaldo.

Otra de las nóminas pesadas es la del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, con una plantilla de 190 plazas y un egreso en sueldos de 11 millones 13 mil 641 pesos por mes, y para el siguiente ejercicio ya no estaría disponible. En este caso, el sueldo más alto es el del director general que aún aparece con 109 mil 381 pesos mensuales, y de 14 mil 417 pesos el de analista, al igual que Bancomext al año cuesta más de 143 millones de pesos.

Asimismo, la Sociedad Hipotecaria Federal se integra a Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). El organismo cuenta con 200 empleados y una nómina de 11 millones 12 mil 59 pesos brutos mensuales, la tercera más alta del listado. Otra oficina que se integra a otra dependencia, es el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, la cual pasará a formar parte de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, rural, Forestal y Pesquero.

Esa oficina tenía un gasto en nómina de 3 millones 476 mil 825 pesos mensuales brutos. Cada año se desembolsaban por este concepto 45 millones 199 mil pesos. La misma suerte seguirá la Comisión Nacional del Libros de Texto, la cual se integra con la Coordinación General Aprende, la Dirección General de Televisión Educativa, Impresora y Encuadernadora Progreso, Talleres Gráficos de México, Talleres de Impresión de Estampillas y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su nómina es de 3 millones 377 mil pesos, al año, contando también el aguinaldo, se destinaban alrededor de 43 millones de pesos.

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Riesgos del achicamiento

Además de modificar estructuras portuarias, de producción de libros o de financiamiento, el documento que se resguarda en Palacio Nacional incluye que las actividades de 34 oficinas sean transferidas a otras dependencias. Se trata de responsabilidades que pueden catalogarse como sensibles y estratégicas, que ya han expuesto la necesidad de mayores recursos para poder atender, por ejemplo, temas migratorios, de análisis para el desarrollo, o sectores como la infancia y mujeres.

Por ejemplo, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, la Conapo, sus funciones se integrarán al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que conlleva una disminución de personal.

En este caso, la Conapo representa una nómina de 2 millones 219 mil pesos mensuales brutos, y una plantilla laboral de 63 personas. El costo anual de la nómina es de alrededor de 34 millones 44 mil pesos.

Para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que cuenta con 75 empleados y una nómina de un millón 775 mil pesos mensuales brutos, sus actividades se transferirán al Instituto Nacional de Migración. En este caso se plantea algo similar para la CAIMFS que se integraría al mismo Instituto, pero a diferencia de la COMAR que requiere de una reforma legal, en este caso sólo se procederá mediante un decreto.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINA), un órgano fundamental para la protección a la infancia que surgió por acuerdos internacionales, se transferirá al DIF, ya se hizo el proyecto de ley y se prevé presentar el próximo año al Congreso.

La Cancillería deberá absorber a la Agencia de Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, ambos se convertirán en dos unidades administrativas, en cuanto se aprueba las reformas normativas que presente el Ejecutivo.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) primero debe recibir a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y luego el Inmujeres, aunque conserva sus funciones, señala el documento, se transfieren a Gobernación.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente absorbe a la Condusef. Bienestar deberá recibir al Inapam, al Consejo Nacional para el Desarrollo y la inclusión de las Personas con Discapacidad y al Instituto Nacional de Desarrollo Social.

Aunque el proceso no ha concluido, porque se trabaja en las reformas legales que permitan reasignar funciones, existe el riesgo, reconocieron las fuentes, que se debiliten algunas de las tareas del Estado.

“Aún no se puede tener un panorama completo, porque se trabaja en los nuevos reglamentos y leyes, incluso en los decretos, que permitan a las secretarías y subsecretarías absorber las funciones que se funcionan o desaparecen, es por eso que el presupuesto no se modificó. Gobernación deberá garantizar que las tareas y obligaciones del Estado no se debiliten, porque existe el riesgo de dejar vacíos, por eso se está haciendo con cuidado, pero el riesgo existe”, aceptó uno de los funcionarios cercanos a una de las etapas del proceso. 

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