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María Idalia Gómez, Juan Carlos Rodríguez y Olinka Valdez

Juan Sabines Guerrero gobernó Chiapas como un pequeño reino. En sólo 72 meses aumentó la deuda del estado más pobre del país en 704%, una cifra nunca antes vista en otras entidades. 

La operación: disfrazó los registros contables para esconder faltantes, desvió recursos, contrató servicios innecesarios, el 95% de los contratos los otorgó por adjudicación directa, utilizó empresas fantasma, dejó obras inconclusas o sin funcionar, hizo pagos excesivos, simuló la compra de productos y toleró aviadores con altos salarios.

El daño al erario y que se convirtió en deuda pública alcanzó los 28 mil 312 millones 349 mil pesos (calculado a 2012).

Lo supo su sucesor, Manuel Velasco, y no hizo nada. El expresidente Enrique Peña Nieto estuvo enterado y de todas formas lo nombró cónsul en Orlando, Florida. Ahora es de los pocos expriistas que transitaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien el morenista mantiene con el mismo cargo diplomático en Estados Unidos.

Aunque ya se conocían públicamente unos cuantos contratos que el gobierno de Chiapas otorgó de manera posiblemente irregular en el sector salud y educativo, por primera vez se dan a conocer los detalles de cómo se hizo la operación, qué empresas intervinieron y cómo en su mayoría eran fantasmas. 

El presunto daño al erario provocado bajo la administración de Sabines Guerrero no fue denunciado ni penal ni administrativamente por las autoridades estatales, y a nivel federal sólo lo hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF)en algunos de las partidas presupuestales.

La consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), contratada por Manuel Velasco a su llegada al gobierno, revisó los dos últimos años de la gestión de Juan Sabines, 2011 y 2012, y puso al descubierto una serie de operaciones posiblemente fraudulentas que incluyen una red de por lo menos 40 empresas ubicadas en Chiapas, Nuevo León, Veracruz y la Ciudad de México, y personas físicas a las que se les entregaron contratos de manera irregular, no cumplían los requisitos o no acreditaron la conclusión de su trabajo o recibieron dinero en efectivo sin que existiera un contrato. 

En el documento Información Financiera en la Administración Pública del Gobierno del estado de Chiapas se muestra que se auditaron las secretarías de Hacienda, la de Infraestructura, de Educación y de los Pueblos y Culturas Indígenas; así como los Institutos de Salud y Comunicación Social, instituciones en las que se detectaron más irregularidades.

Sin embargo, le advierten al gobernador Manuel Velasco que el documento no incluye todas las posibles “deficiencias o contingencias en virtud de que el alcance de nuestro trabajo se basa en pruebas selectivas para rendir un informe sobre la situación financiera que guarda la Secretaría de Hacienda al 31 de diciembre de 2012”. Es decir, sólo evidenciaron una pequeña parte de las inconsistencias o posibles irregularidades cometidas por Juan Sabines Guerrero.

Diplomático. En junio de 2015, el presidente Peña Nieto nombró a
Sabines como cónsul en Orlando, Florida, estado donde viven unos
650 mil mexicanos.

“Excesivo” endeudamiento

La consultora PriceWaterhouseCoopers descubrió que los libros de la Secretaría de Finanzas, un área que dependía directamente de Sabines Guerrero, fueron alterados, porque en ellos no se registraron todas las operaciones como marca la ley.

El exgobernador heredó a su sucesor un patrimonio por 33 mil millones 747 mil 437 pesos, al menos ese monto aparecía en los registros financieros; sin embargo, la consultora estimó que al depurar rubros como efectivo, activos diferidos o registro de deuda bursatilizada, entre otros, el capital real sería de 28 mil millones de pesos; es decir, cinco mil millones menos.

Pero prácticamente Sabines Guerrero dejó el estado quebrado. De existir esos 28 mil millones, una gran parte se gastaría en adeudos. Los estados financieros oficialmente mostraron que los pasivos del gobierno ascendían a 25 millones 686 mil 824 pesos. Sin embargo, tras la auditoría se estimó que los pasivos pueden llegar a ser de 33 mil millones aproximadamente. Es decir, no fueron registrados en los libros más de siete mil millones de pesos de adeudos.

Lo que muestra la dimensión de lo que ocurrió en el gobierno de Sabines Guerrero es que comenzó su gestión en diciembre de 2006 y la deuda pública del estado se ubicaba en 4 millones 687 mil 651 pesos. Para el cierre de su gestión, seis años después, los pasivos totales habían aumentado 704%, alcanzando esos 33 millones de pesos.

De acuerdo con la consultora, Velasco recibió el gobierno con grandes adeudos y al menos en lo inmediato no tenía para pagar 11 millones 500 mil pesos. 

Las razones del endeudamiento del gobierno de Chiapas, concluyó la consultora PwC, fueron, principalmente: “Adquisiciones y obras realizadas no contempladas en el presupuesto. Las adquisiciones se realizaban principalmente mediante adjudicaciones directas, lo que implicaba que no se tuvieran las mejores condiciones del mercado. Las justificaciones para realizar el procedimiento de adjudicación directa no eran robustas y coincidían con argumentos como ‘urgencia o prever mayores pérdidas en caso de no realizarse’, y falta importante de controles internos”.

Siete empresas fraudulentas

Las Secretaría de Hacienda contrató de manera directa y violando los procedimientos empresas prestadoras de servicios que no contaban con la experiencia, la capacidad ni el domicilio fiscal, plantea el estudio elaborado por PwC en poder de ejecentral.

GTM Integra S.A. de C.V. es una empresa con sede en Monterrey, Nuevo León a la que el gobierno de Sabines le adjudicó un contrato por casi 200 millones de pesos para el programa “motor para la economía familiar” que aplicaría la Secretaría de Desarrollo y Participación Social. Su información financiera era deficiente, no tenía siquiera dinero en el banco, y se constituyó en 2007, apenas cuatro años de recibir ese contrato.

Otro caso detectado por la consultora fue el de cuatro empresas: Beta Empresarial; Gloria Huchin Ojeda y/o Librería México; Solución Documental; Comercializadora Mundo Empresarial Chiapaneco, y Grupo Editorial Mediterráneo. Para dotar de material didáctico a las bibliotecas de los planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas. El contrato era por 19 millones de pesos, pero no se ponen ni descripción de los bienes, los plazos o condiciones de entrega, ni siquiera el precio estimado. 

Las autoridades argumentaron que “al no contar con un acervo bibliográfico en las bibliotecas correríamos el riesgo de recibir quejas tanto de alumnos como de padres de familia, al no proporcionarles las herramientas necesarias para coadyuvar a su aprendizaje del estudiante, generando una mala imagen tanto del Gobierno del Estado como del Colegio de Bachilleres de Chiapas”, justificación que no cumple con los requisitos de ley.

4 millones 687 mil pesos era la deuda pública de
Chiapas cuando comenzó la gestión de Juan Sabines.

Sólo que Beta Empresarial se dedica al fotocopiado e impresión, no a distribuir libros, Gloria Huchin, otra de las compañías, tiene el mismo teléfono que la anterior. Y Editorial Mediterráneo no coincide su dirección y su teléfono es de una casa particular. Por si fuera poco, Comercializadora Mundo Empresarial, inició sus operaciones el mismo año que ganó el contrato.

Para el programa de Taxista vigilante, la Secretaría de Transportes contrató a Iusacell S.A. de C.V. por 15.4 millones de pesos. El problema es que adquirieron tecnología de desecho, según confirmó PwC.

Otras empresas contratadas fueron: Cadenas Empresariales del Sureste por 12.6 millones de pesos para servicios de veterinaria y alimento de aves y conejos, sólo que la compañía fue constituida meses antes de recibir el contrato. Otra más fue Contacto Directo Inteligente 360 S.A. de C.V. por 13.2 millones de pesos para un diagnóstico situacional en 81 municipios, sus documentos entregados presentaban irregularidades como firmas y datos equivocados.

Dos empresas más fueron Inmobiliaria Mercedes Sahara por 7.2 millones de pesos para materiales didácticos para planteles educativos, la información sobre la empresa fue insuficiente; y una más C.P. y M.F. José Alfredo Hernández Vázquez por 20.8 millones de pesos para la devolución de saldos del SAT a favor del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, en el que se presume que alteraron cotizaciones, no se hizo una investigación de mercado previo y un sobrecosto por el servicio.

Finanzas insalubres

En 2011 y 2012, últimos dos años de la gestión de Juan Sabines Guerrero, el Instituto de Salud de Chiapas favoreció a 10 empresas con 99 contratos que, en conjunto, ascendieron a dos mil 401 millones 998 mil 689 pesos, todos ellos a través de adjudicaciones directas que presentan una serie de anomalías que van en contra de la ley estatal de procesos administrativos.

Fueron detectadas y documentadas PwC al hacer una revisión financiera las irregularidades que consistieron en la contratación de servicios y que van desde el descontrol en la suficiencia presupuestaria, cotizaciones apócrifas, proveedores con giros distintos al servicio requerido, adjudicaciones a empresas con residencia fuera de Chiapas, compras innecesarias y precios adjudicados superiores al Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes).

›En el último tercio del gobierno de Sabines Guerrero, el secretario de Salud de Chiapas era el epidemiólogo James Gómez, quien figuró en la lista 50 exfuncionarios chiapanecos que en abril de 2013 fueron denunciados ante la PGR (hoy Fiscalía General de la República) por fraude, enriquecimiento ilícito, abuso de funciones y abuso de autoridad, en una querella impulsada por el abogado y activista Horacio Culebro Borrayas.

Los dos mil 401 millones de pesos asignados a las 13 empresas preferidas del Instituto de Salud en Chiapas superan el presupuesto asignado este año a instituciones como el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas (mil 753.1 millones de pesos), Hospital Juárez de México (mil 864 millones), Hospital General “Dr. Manuel Gea González” (mil 286.7 millones) y el Instituto Nacional de Cancerología (2 mil 296.9 millones), de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020.

Una de las irregularidades que causaron un mayor daño a las finanzas del gobierno chiapaneco, de acuerdo con las investigaciones de PwC, es la existencia de proveedores con distintos giros, lo que podría configurar un esquema para el desvíos de recursos, ya que se le estarían dando contratos millonarios a empresas que no tienen relación con el sector médico o que, de plano, no existen.  

“Se observa que existen proveedores cuya página de internet muestra giros distintos al servicio o bien que prestan al Instituto. El monto adjudicado que revisamos y presenta este problema asciende a $1,410,010,815”, refiere el documento, cuya copia obra en poder de este periódico.

Una de las empresas implicadas en este fenómeno es Topchem, SA de CV, que obtuvo contratos por mil 403 millones de pesos. La empresa auditoria llamó por teléfono a la empresa, “donde nos indicaron que actualmente se denomina TIQSA, SA de CV. Se preguntó cuál era el procedimiento para realizar una cotización de equipo médico y de laboratorio, y nos informaron que ahí sólo se venden reactivos y soluciones”.

El dato. A un mes de ser gobernador, Manuel Velasco
declaró “inocultable la situación económica, financiera”
de Chiapas, por lo que pidió a la ASF una auditoría.  

Otra anomalía que sangra las finanzas estatales es la adjudicación directa a proveedores cuya residencia se encuentra fuera de Chiapas, lo que contraviene la Ley de Procedimientos Administrativos local, que impone requerimientos especiales en la contratación de empresas de otras entidades federativas.                    

Y aquí vuelve a figurar la firma Topchem, SA de CV, cuya sede se localiza en Monterrey, Nuevo León, y no compitió con proveedores con residencia en Chiapas, como lo marca la legislación respectiva. La investigación del ente auditor reveló además que esta razón social no se encuentra registrada en la plataforma gubernamental Compranet.

En la misma situación se encuentra Dicipa SA de CV, con sede en la colonia Condesa de la Ciudad de México, y que obtuvo contratos por 166.5 millones de pesos.

El rastreo de PwC detectó una serie de vicios en los contratos del sector salud, pues hay cotizaciones de diferentes empresas con el mismo domicilio o cotizaciones con el membrete de las empresas competidoras. En esta práctica, en la que está involucrada una bolsa superior a los 100 millones de pesos, están implicadas empresas como Furniture and General Service Chiapas SA de CV y Coordinación y Servicios Mayab SA de CV, que tienen el mismo domicilio y el mismo contenido en su página web.

Obras autorizadas “bajo palabra”

En materia de infraestructura, la administración de Sabines Guerrero realizó pagos superiores a los establecidos en los documentos firmados originalmente, además de efectuar transferencias a personas físicas y morales sin contar con haber contratos de por medio y asignar proyectos millonarios mediante adjudicación directa sin apego a los procedimientos establecidos en la ley. 

De acuerdo con el Informe de PricewaterhouseCooper, solicitó la totalidad de los pagos realizados por la Secretaría de Infraestructura durante los últimos dos años del gobierno del perredista. 


Sin cuidado. El 7 de enero pasado, Sabines acudió a la reunión de Embajadores convocada en Palacio Nacional.

Conforme a las integraciones de contratos proporcionadas a la consultora, el total de las obras de 2008 a 2012 ejecutadas asciende a 27 mil 302 millones 389 mil 303 pesos, de acuerdo con los contratos proporcionados. 

Del total, PricewaterhouseCooper seleccionó para su revisión obras por 4 mil 810 millones 029 mil 721 pesos, así como obras y proyectos realizadas sin contar con presupuesto por 581 millones 641 mil 440 pesos. 

Mención aparte merecen proyectos identificados por la Secretaría de Infraestructura como Cartera 4, que se refieren a adeudos para realizar o terminar proyectos de infraestructura. 


Exgobernadores. Manuel Velasco y Juan Sabines (al cen- tro) coincidieron en una reunión.

Se trata, principalmente, de obras financiadas por los contratistas que no contaban con presupuesto aprobado, de proyectos mal planeados, con modificaciones adicionales, de obras concluidas sin pago y de proyectos sin documentación que las soporte, porque la autorización fue “bajo palabra”. 

El monto de los proyectos revisados por la consulta con al menos una de las problemáticas identificadas asciende a 138 millones 628 mil 110 pesos.


Recompensa. El expresidente Enrique Peña Nieto nombró cónsul a Sabines en Orlando, Florida.

›Otros casos fueron los pagos adicionales. Según la información proporcionada por la dependencia, la administración de Sabines Guerrero pagó 263 millones 644 mil 919 pesos adicionales a los montos contratados originalmente a 20 personas físicas y morales, sin que exista contrato de por medio.

Además, la consultora identificó pagos realizados con cheque o transferencias bancarias por 364 millones 772 mil 723 pesos a 13 personas físicas y morales sin contar con un contrato en la relación documental en los ejercicios fiscales que van de 2008 a 2012. 

Entre los contratistas que recibieron pagos sin contar con soporte documental están Tradeco Infraestructura SA. de CV., 148 millones 755 mil 117 pesos; Core Chiapas SA. de CV, 10 millones 879 mil 849 pesos; Iusacell SA. De CV., 56 millones 132 mil 867 pesos y Sinergia Sistemas S.A de C.C, 71 millones 755 mil 333 pesos. 

Obras con pagos directos

En los últimos años de su gobierno, Juan Sabines entregó al menos 13 proyectos mediante el proceso de adjudicación directa a empresas que no contaban con capacidad técnica para su realización, empresas que manipularon su información financiera para obtener los contratos, o de las que simplemente no hubo documentación comprobatoria. A continuación la lista: 

MAYA INGENIERÍA Y PROYECTOS SA. DE CV. Trabajos de urbanización del Fraccionamiento Chiapas Solidario en Tuxtla Gutiérrez por 6 millones 635 mil pesos adjudicados directamente a la empresa que no demostró la capacidad legal y financiera para cumplir con los trabajos. 

DRAGADOS PAKAL DE CHIAPAS SA. DE CV. La empresa recibió un contrato para realizar los trabajos de protección del río Xelajú en Motozintla de Mendoza por 97 millones 457 mil 627 pesos, a pesar de que se constituyó formalmente tres meses antes de la firma del contrato. 

ODISEA CHIAPAS S.A DE C.V. La empresa actuó como representante común de Controladora de Empresas Prestadoras de Servicios Públicos y recibió un contrato por 186 millones 540 mil 727 pesos mediante adjudicación directa  bajo el supuesto de que reunían “los requisitos técnicos, humanos, materiales y financieros para llevar a cabo el cumplimiento de manera inmediata”, pero en el expediente no había documentación que demostrara experiencia, capacidad técnica y disponibilidad de equipo de cada una de las empresas para cumplir con el proyecto. 

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E IMPULSORA CÓNDOR. La empresa manipuló cifras económicas de dos años distintos para integrar el capital contable en los estados financieros, de acuerdo con lo solicitado para obtener el contrato de un proyecto integral para la ejecución de estudios por 313 millones 412 mil 686 pesos. 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GIA+ A.S.A DE C.V. La firma obtuvo un contrato para desarrollar el proyecto integral del edificio administrativo “Torre Chiapas” en Tuxtla Gutiérrez, pero para lograrlo manipuló su información financiera con el fin de alcanzar los 200 millones de pesos que era el capital mínimo de la empresa, según las bases
de licitación. 

Dispendio en comunicación

En el último tercio del gobierno de Juan Sabines Guerrero (2011-2012), el Instituto de Comunicación Social (Icoso) de Chiapas pagó poco más de tres mil millones de pesos a medios de comunicación y empresas de publicidad, monto que —incluso sin tomar en cuenta la inflación— es superior a los 2 mil 452 millones que gastará este año todo el gobierno federal por servicios de comunicación social y promoción.

De acuerdo con una auditoría realizada por la firma PricewaterhouseCoopers (PwC), en 2011 y 2012, los servicios contratados ascendieron a mil 265 millones 985 mil 762 pesos y mil 767 millones 830 mil 575 pesos, respectivamente, de los cuales prácticamente todos fueron adjudicados de manera directa, lo cual contraviene lo señalado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.

En su artículo 20, dicho ordenamiento establece que “las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios, por regla general se adjudicará a través de invitaciones restringidas a cuando menos tres personas, abiertas y licitaciones públicas”.

La investigación descubrió que en el ejercicio de 6 mil 017 millones de pesos no hubo contratos de por medio; también identificó pagos de servicios sin facturas, falta de evidencia suficiente sobre la existencia de los proveedores o que tengan experiencia suficiente para prestar servicios, además de “chayos” (pagos a periodistas) por 41.2 millones de pesos.

Además, PwC percibió transferencias sin documentación soporte, pagos por montos superiores al presupuesto autorizado, pagos por 25.5 millones de pesos a portales de internet en construcción o ilocalizables, pagos por servicios de los cuales no se tiene documentación que avale su realización y facturas posteriores a las fechas de las transferencias bancarias.

El análisis de PwC plantea que a la empresa Business M. Consulting G. M. SA de CV se le realizaron en 2012 depósitos por 41.2 millones de pesos, los cuales corresponden a pagos realizados a periodistas de Chiapas y de medios nacionales a los que la propia compañía denomina “chayos”. 

Por otra parte, algunos de los medios a los cuales se les hicieron transferencias, pero que el gobierno de Chiapas no tiene facturas que soporten el total de los pagos son Televisión Azteca, que obtuvo contratos por 443.5 millones de pesos en 2012, y Televisa, que ese mismo año recibió pagos por 296.9 millones de pesos. 

Un tratamiento especial en el análisis de PwC fue el que recibió la empresa Sturmax, SA de CV, cuyas facturas señalan que brindó servicios de “producción de material de audio y video en formato digital para la promoción de las actividades del gobierno de Chiapas”. Sin embargo, en la página del SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano) el giro que presenta es el de “administración de nómina y suministro de personal”.

Con pagos que ascienden a 12.5 millones de pesos, la empresa Sturmax tiene dirección fiscal en a ciudad de Oaxaca —sin que se tenga evidencia del proceso de licitación o de la justificación del por qué se adjudicó de manera directa— ni tiene página de internet, por lo que no se tiene certeza de que cuente con la experiencia suficiente para brindar el servicio.

La revisión a la recta final del gobierno de Sabines destaca pagos inusuales durante los últimos tres días de gestión que ascienden a 247.5 millones de pesos. El 7 de diciembre de 2012, último día de la administración de Sabines, se pagaron 65.9 millones de pesos a TV Azteca, por publicaciones en revistas que se expidieron en enero de 2012; a Zebime, SA de CV se le depositaron 12.7 millones por la renta de pantallas electrónicas; a Radiograma (Razona, SA de CV) se le transfirieron 10.6 millones por servicios de transmisión, sin que se tenga la documentación suficiente para comprobar dichos servicios.

Los ricos aviadores

En materia educativa, la consultora internacional detectó 324 funcionarios que tuvieron percepciones superiores a 1 millón de pesos en 2012, lo que no cuadra con la estructura orgánica y de plazas. 

Además, al analizar la nómina estatal de los trabajadores en marzo de 2013, PricewaterhouseCooper detectó que había trabajadores con percepciones muy elevadas, lo que no estaba en línea con el Decreto de medidas de austeridad aprobado por el gobierno de Chiapas que establecía la reducción de 50% de los sueldos y salarios de funcionarios de alto nivel. 

El personal que obtuvo ingresos superiores a l millón de pesos es de niveles medios en la estructura de la Secretaría de Educación. 

La firma también halló a 92 funcionarios que obtuvieron ingresos superiores a los del secretario de Educación en 2013, pero además en cinco casos identificó, a partir de los datos del Registro Federal de Contribuyentes, que los servidores en cuestión tienen 83, 82, 81, 17 y 16 años, lo que los coloca fuera del rango de servicio. 

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