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Bet Birai Nieto

México, además de ubicarse en el primer lugar de impunidad en América Latina, es el cuarto en la misma medición en el resto del mundo, según el Índice Global de Impunidad 2017 (IGI), elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla (Udlap).

El estudio ubicó a 13 países con muy alta impunidad. El primero, es Filipinas, con 75.6 puntos, seguido de India con 70.94 puntos; Camerún, 69.39 puntos, y en cuarto sitio, México con 69.21 puntos.

Del quinto al décimo escaño incluye a Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua y Federación de Rusia con 69.04, 67.24, 66.72, 66.57 puntos, 66.34 puntos y 65.49 puntos, respectivamente.

El estudio indica que no es necesario invertir más recursos para aumentar el número de uniformados, que actualmente representan 359 por cada 100 mil habitantes, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones, principalmente en capacitación, en materia de prevención, inteligencia e integración de la información de las carpetas de investigación.

La institución refiere que este estudio evidencia la necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación, de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad. Además, identificó por lo menos dos dimensiones prioritarias que se deben atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.

Aunque México ocupa el lugar 66 de 193 sobre impunidad entre los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, el IGI lo coloca en la posición 66 de 69, es decir, el cuarto en impunidad, entre las naciones estadísticamente que poseen información necesaria para el cálculo del índice.

Entre las observaciones hacia México de la institución educativa con sede en Puebla, destaca la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, que “puede crear una percepción equivocada de aumento de la impunidad”, aunque “lo que crea la impunidad son los sistemas de seguridad locales y federales mal preparados y con deficiente funcionamiento, así como un sistema de justicia colapsado y ajeno a la rendición de cuentas externa”. EC

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