¿Corrupción familiar en Tultitlán? Fiscalía investiga gestión de Ana Castro y su cuñada diputada Elena García

La gestión de Ana María Castro Fernández como presidenta municipal de Tultitlán se encuentra en el centro de una investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México.

Las autoridades indagan supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos, así como en la administración de recursos públicos durante su mandato.

Ana Castro es investigada por contratos y compra irregular de terrenos

El caso, identificado en la carpeta TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02, también involucra a su cuñada y antecesora en el cargo, la diputada local Elena García Martínez.

La pesquisa fue impulsada por vecinos de las colonias Fimesa 1, 2 y 3, quienes denunciaron presuntas anomalías relacionadas con la compra de 27 hectáreas de terrenos ejidales en San Francisco Chilpan.

De acuerdo con la denuncia, se transfirieron 38.5 millones de pesos a la asociación civil Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque A.C., a pesar de que los predios no contaban con escrituras públicas que avalaran la propiedad.

Además, se realizó un pago adicional de 5 millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonapho) en 2023, sin que la situación legal de los terrenos se resolviera hasta el momento.

Vecinos también manifestaron su inquietud ante el posible despojo de sus hogares, así como por una iniciativa municipal para cambiar el nombre de su colonia a “Cuarta Transformación”, lo que consideran un riesgo para su identidad jurídica y su patrimonio.

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Contratos directos y vínculos familiares de Ana Castro bajo la lupa

Desde su llegada al gobierno local en enero de 2025, Ana Castro Fernández ha sido señalada por presuntas irregularidades en los procesos de contratación pública.

Según reportes periodísticos, se han entregado contratos por un monto superior a 72.7 millones de pesos, ya sea por asignación directa o por medio de licitaciones con un solo participante.

A estos señalamientos se suma la relación familiar con Elena García Martínez, quien promovió su candidatura.

Actualmente, tres familiares de Castro Fernández trabajan en la administración municipal, lo que ha despertado sospechas sobre un posible caso de nepotismo.

Las denuncias han sido canalizadas al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y a la Contraloría estatal.

Además, la carpeta de investigación incluye observaciones sobre un presunto uso político del poder público y asignaciones discrecionales de recursos en ambas administraciones.

En respuesta, los colonos de Fimesa 2 y 3 han anunciado una manifestación para el 8 de agosto. Entre sus demandas se encuentran la liberación de la caseta de cobro en Tepotzotlán, el paso libre en el Circuito Exterior Mexiquense, y la intervención del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) para formalizar la escrituración de los terrenos que habitan desde hace más de tres décadas.

Asimismo, exigen que se judicialicen 93 carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde figuran tanto García Martínez como miembros del actual gobierno municipal.

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Repercusiones económicas y sociales en Tultitlán

La gestión de Castro Fernández también ha sido cuestionada por representantes del sector empresarial, quienes señalan que los trámites burocráticos han frenado la llegada de inversión nacional y extranjera.

En un contexto donde Tultitlán mantiene una tasa de pobreza del 42 por ciento, la falta de dinamismo económico se convierte en un factor adicional de tensión social.

Por si fuera poco, la percepción de inseguridad en el municipio agrava el panorama. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 87.3 por ciento de los habitantes del Estado de México consideran inseguro vivir en la entidad, y Tultitlán figura entre los municipios con mayores niveles de preocupación ciudadana.

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Como parte de la investigación en curso, las autoridades judiciales han solicitado auditorías financieras y peritajes técnicos para determinar cómo se utilizaron los recursos públicos entre los años 2023 y 2025. El resultado de estas diligencias será clave para definir la posible responsabilidad de los funcionarios implicados y el futuro político de la administración municipal de Tultitlán.

QT