En la mira, participación de ciudadanos brasileños en sectores estratégicos de México

La detención de dos ciudadanos brasileños vinculados con operaciones en sectores estratégicos de México puso en el centro de atención las lagunas en los controles regulatorios para la participación extranjera en actividades reservadas por la legislación nacional.

El pasado 5 de julio, Anderson Olivares de Oliveira, directivo de la empresa fintech Dock en América Latina, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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Actualmente permanece en el Reclusorio Sur, en espera de la audiencia judicial para determinar su posible vinculación a proceso penal. Olivares enfrenta acusaciones por presunto fraude financiero que, según estimaciones preliminares, asciende a 10 millones de dólares.

La empresa Dock calificó la situación como “una disputa mercantil por una compraventa de acciones”, mientras el caso continúa su curso en tribunales.

En caso de que el juez determine la procedencia de las acusaciones, el proceso podría tener implicaciones internacionales, en un contexto donde la transparencia en el sector financiero mexicano se encuentra bajo una vigilancia cada vez mayor.

El caso revivió cuestionamientos sobre la solidez de los mecanismos para detectar y sancionar irregularidades dentro de empresas tecnológicas y financieras que operan en el país.

En paralelo, se mantienen abiertas indagatorias contra Thiago De Magalhaes, también de nacionalidad brasileña, presuntamente involucrado en la gestión de contratos públicos en nombre de Grupo Surman, empresa dedicada a la venta y arrendamiento de vehículos oficiales.

Fuentes con conocimiento del caso señalaron que Magalhaes habría sostenido negociaciones con dependencias del gobierno federal, incluyendo sectores clasificados como de seguridad nacional.

Las acciones atribuidas a este operador podrían estar en contravención de la Ley de Inversión Extranjera, que en su artículo 6 restringe la participación foránea en sectores estratégicos, tales como transporte terrestre de pasajeros, turismo y carga.

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El artículo 8 de la misma legislación estipula que cualquier participación de capital extranjero en estas áreas requiere autorización expresa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. De confirmarse la omisión de estos requisitos, Magalhaes estaría incurriendo en una violación al marco normativo.

Las investigaciones generaron preocupación en torno a la capacidad de las autoridades mexicanas, en particular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las instancias de control económico, para impedir la intromisión de actores sin registro adecuado en actividades sensibles.

El caso permanece en desarrollo mientras se evalúa el alcance legal de las acciones de ambos ciudadanos.

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