Ramírez Cuéllar impulsa coinversión público-privada para detonar proyectos de infraestructura

En un contexto donde el presupuesto público resulta insuficiente para atender las crecientes demandas del país, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar llamó a fortalecer los esquemas de coinversión como la vía más efectiva para convertir a la infraestructura en un motor de bienestar y desarrollo social.

Durante el Foro de Análisis de la Iniciativa de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México en el Colegio de Ingenieros Civiles, el legislador subrayó la urgencia de contar con un marco jurídico robusto que dé certeza a la inversión y asegure que cada proyecto genere beneficios tangibles para la población.

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“El presupuesto del Estado no es suficiente para cubrir las necesidades de conectividad, movilidad, energía y servicios públicos. Por eso, debemos multiplicar recursos, compartir riesgos y acelerar proyectos estratégicos mediante coinversión público-privada”, señaló.

Ramírez Cuéllar enfatizó que la infraestructura debe entenderse más allá de la obra física: hospitales, carreteras o sistemas de transporte solo cumplen su función si acercan servicios de calidad y promueven competitividad. Asimismo, destacó que la infraestructura y la energía deben avanzar juntas para garantizar desarrollo económico y justicia social, aprovechando la transición hacia un modelo energético más limpio y soberano.

El foro reunió a representantes empresariales, especialistas en desarrollo y energía, así como a legisladores, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la planeación de largo plazo, descentralizar proyectos y establecer reglas claras que brinden certidumbre a la participación privada sin comprometer el interés público.

Entre los asistentes estuvieron Miguel Sergio Silíceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de la SHCP; Fluvio Ruiz Alarcón, exconsejero independiente de Pemex; José Antonio Hurtado, director de Cox Energy México; Valeria Vázquez Maulén, socia de Venture-Lex; Ariel Ramos Marcín, especialista en energía e infraestructura; Luis Méndez Jaled, presidente nacional de la CMIC; y Francisco Cervantes Díaz, presidente del CCE, quien clausuró los trabajos.

El encuentro concluyó con un llamado a transformar la iniciativa en un instrumento de desarrollo nacional capaz de movilizar inversión, impulsar la transición energética y colocar a la ciudadanía en el centro de la política de infraestructura.

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Propuestas clave de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar

Los participantes del foro coincidieron en la necesidad de dar forma a un marco jurídico robusto que garantice la certeza de la inversión y la generación de beneficios sociales. Entre los puntos principales abordados destacan:

• Planeación de largo plazo: establecer proyectos estratégicos que trasciendan administraciones y den continuidad al desarrollo nacional.
• Certidumbre para la inversión privada: generar reglas claras que promuevan la participación empresarial sin comprometer el interés público.
• Descentralización de proyectos: ampliar las oportunidades de inversión en distintas regiones del país, no solo en los grandes polos urbanos.
• Coinversión público-privada: promover esquemas que permitan compartir riesgos y acelerar la ejecución de obras.
• Integración con la transición energética: asegurar que los proyectos de infraestructura respondan a la transformación hacia energías limpias.

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