Reforma a la Ley de Amparo: Diputados aprueban cambios y devuelven el dictamen al Senado

Durante la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma a la Ley de Amparo, introduciendo una nueva redacción al artículo 3º transitorio, con la intención de precisar cómo se aplicarán las disposiciones a los juicios que ya están en curso. El dictamen fue aprobado con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, y ahora fue devuelto al Senado para su revisión.

El punto central de la discusión fue justamente ese transitorio, que ya había sido modificado por los senadores a principios de mes y que generó polémica porque podía interpretarse como una aplicación retroactiva de la ley. Con esta nueva versión, los diputados buscan dejar claro qué etapas de los procesos se resolverán con las normas anteriores y cuáles con las nuevas reglas.

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Qué establece el nuevo artículo 3º transitorio de la Ley de Amparo

El nuevo texto del artículo 3º transitorio de la Ley de Amparo diferencia entre las etapas procesales ya concluidas y las que aún estén en trámite al momento de la entrada en vigor de la reforma. En palabras del presidente de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Eric Flores (Morena), el objetivo es aclarar una pregunta común: ¿qué sucede con los juicios que están en trámite cuando cambia una ley procesal?

Según explicó, el principio es el siguiente: “Lo hecho queda bajo la ley antigua. Lo que se haga después, bajo la nueva.”

Esto significa que las decisiones o suspensiones ya concedidas seguirán rigiéndose por las normas anteriores, porque constituyen derechos adquiridos. Pero cualquier actuación futura dentro de esos mismos juicios se resolverá conforme a la nueva disposición legal, una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Flores aclaró que no se trata de una retroactividad, sino de aplicar una distinción temporal entre etapas procesales. Sin embargo, la oposición —integrada por diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— consideró que la medida es una “ley retroactiva disfrazada”, pues modifica reglas dentro de juicios que ya se encuentran en trámite.

La diputada Paulina Rubio (PAN) criticó que el artículo haya sido “manoseado” en múltiples ocasiones y advirtió que su redacción abre la puerta a posibles abusos en la justicia. En el mismo sentido, el priista Emilio Suárez Licona argumentó que la reforma podría debilitar la certeza jurídica, al cambiar reglas procesales en medio de juicios activos.

Por su parte, el petista Ricardo Mejía Berdeja defendió la versión final del artículo, asegurando que la nueva redacción es constitucional, necesaria y garantista, en contraste con la minuta anterior del Senado, que sí consideró retroactiva.

En qué consiste la reforma en materia fiscal y de lavado de dinero

Uno de los puntos más destacados del debate fue el impacto de la reforma sobre los créditos fiscales y los amparos utilizados para retrasar pagos al fisco. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, explicó que la modificación busca limitar el uso del juicio de amparo por parte de personas o empresas que lo emplean para evadir o posponer el pago de impuestos y obligaciones financieras.

Monreal señaló que actualmente existen miles de recursos legales y juicios de nulidad promovidos por grandes despachos que representan a empresarios o personas con alto poder económico. Aseguró que algunos casos pueden tardar más de 16 años en resolverse de manera definitiva, lo que impide que el Estado cobre los montos correspondientes.

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Con los nuevos cambios, se busca que el amparo no proceda cuando se trate de créditos fiscales firmes, es decir, deudas ya determinadas legalmente. Para que un contribuyente obtenga la suspensión de un acto fiscal, deberá garantizar el interés fiscal mediante billete de depósito o carta de crédito expedidos por instituciones autorizadas y registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Además, la reforma plantea ajustes a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que este tribunal ya no conozca de casos sobre créditos fiscales determinados en resoluciones firmes, ni de resoluciones que traten sobre la prescripción de dichas deudas.

En palabras de Monreal, la medida busca que quienes tienen adeudos importantes con el fisco “paguen lo justo para el erario” y que los amparos no sigan sirviendo para liberar cuentas bloqueadas o transferir recursos al extranjero sin control.

Otros temas discutidos durante la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo

Durante la sesión, el diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo (PVEM) presentó una reserva para que la ley reconociera el interés legítimo colectivo de comunidades indígenas, organizaciones civiles y núcleos agrarios en temas ambientales. Su propuesta planteaba que estos grupos pudieran promover amparos cuando existiera una afectación comprobable a ecosistemas, áreas naturales protegidas o especies en peligro de extinción.

Aunque la reserva fue rechazada, Cuanalo insistió en que era una forma de fortalecer la defensa del medio ambiente mediante herramientas jurídicas colectivas. La mayoría parlamentaria, sin embargo, decidió mantener el texto original sin ese añadido.

Principales puntos de la reforma aprobada

• El nuevo artículo 3º transitorio aclara que lo resuelto antes de la entrada en vigor seguirá bajo la ley anterior; lo posterior se regirá por la nueva.
• Se busca limitar el uso del juicio de amparo en casos de créditos fiscales firmes.
• Para obtener suspensión, los contribuyentes deberán garantizar el interés fiscal con instrumentos financieros autorizados.
• Se modificará la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para excluir ciertos casos fiscales ya determinados.
• La reforma pretende agilizar los juicios y evitar el uso de amparos para prolongar adeudos o liberar recursos bloqueados.
• La propuesta sobre interés legítimo ambiental y comunitario fue discutida, pero no aprobada.

La aprobación en lo particular de la reforma a la Ley de Amparo marca un paso relevante en la definición de las nuevas reglas procesales en México. La Cámara de Diputados estableció una separación entre los actos jurídicos ya concluidos y los que se realicen después de la publicación del decreto, con el fin de evitar la retroactividad plena y mantener la validez de los derechos adquiridos.

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Al mismo tiempo, la reforma introduce restricciones al uso del amparo en materia fiscal, para garantizar el cobro de créditos determinados y reducir el uso de mecanismos legales que han prolongado durante años los litigios tributarios. Con estas medidas, se busca fortalecer la certeza jurídica y la eficiencia en los procedimientos judiciales y administrativos. El dictamen ahora pasa al Senado, donde se definirá su versión final antes de su publicación oficial. DJ