Senado aprueba la reforma a la Ley de Amparo y la envía al Ejecutivo: qué cambia y por qué genera polémica
Legisladores de oposición acusaron que las modificaciones restringen el acceso de los ciudadanos a la protección judicial frente a actos de autoridad.
La bancada morenista, encabezada por Adán Augusto López, vota el decreto para reformar y adicionar disposiciones a la Ley de amparo.
/Foto: Cuartoscuro- Galo Cañas Rodríguez
El Senado de la República concluyó este miércoles el trámite legislativo de la reforma a la Ley de Amparo, una de las más debatidas del periodo ordinario. La votación final se realizó pocas horas después de que la Cámara de Diputados enviara la minuta correspondiente. Con 82 votos a favor —principalmente de Morena, PT y PVEM— y 38 en contra de la oposición, la iniciativa fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El proceso avanzó con rapidez debido a que el Senado se allanó a los ajustes hechos por la Cámara de Diputados, lo que permitió aprobar el texto sin nuevos cambios ni más turnos a comisiones. Con ello, la iniciativa presidencial quedó lista para convertirse en ley.
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Qué cambia con la nueva Ley de Amparo aprobada por el Senado
La reforma a la Ley de Amparo busca modificar los procedimientos con los que se tramitan los juicios de amparo, con el argumento de dar mayor claridad y evitar abusos en su uso. Morena sostiene que algunos sectores económicos y políticos habían utilizado este recurso de forma excesiva para retrasar procesos fiscales o judiciales.
Entre los principales puntos incluidos en la versión aprobada se encuentran:
- Aplicación hacia futuro: se precisa que los nuevos criterios solo afectarán casos iniciados después de la entrada en vigor de la ley, evitando impacto en derechos adquiridos.
- Conservación de los amparos colectivos: pese a las críticas iniciales, el texto final confirma que los ciudadanos podrán seguir promoviendo amparos de manera conjunta cuando compartan un mismo interés legítimo.
- Revisión del “interés legítimo”: se acota este concepto para evitar que personas o empresas sin relación directa con un acto reclamen vía amparo.
- Control sobre suspensiones: se establece que los jueces deberán evaluar con mayor rigor las solicitudes de suspensión de actos de autoridad, con el fin de evitar su uso para eludir obligaciones fiscales o administrativas.
El senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, autor de uno de los transitorios más discutidos, explicó que la intención es dotar de mayor certeza jurídica a los procedimientos y frenar la presentación masiva de amparos que, según él, son utilizados para evadir el pago de impuestos o detener políticas públicas.
Por qué la reforma a la Ley de Amparo causa controversia
La oposición en el Congreso —integrada por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano— votó en contra de la reforma argumentando que las modificaciones podrían limitar el acceso de los ciudadanos a la justicia y abrir la puerta a una aplicación retroactiva de la ley.
De acuerdo con la senadora Carolina Viggiano (PRI), el cambio permitiría al gobierno cobrar créditos fiscales pendientes estimados en más de dos billones de pesos, de los cuales una gran parte corresponde a micro y pequeñas empresas. Su preocupación, dijo, es que la autoridad pueda utilizar la nueva legislación para presionar a contribuyentes.
También, legisladores como Guadalupe Murguía (PAN) y Clemente Castañeda (MC) advirtieron que la reforma no resuelve de fondo el riesgo de restringir los amparos colectivos y acusaron que la mayoría legislativa aprobó el dictamen sin un análisis profundo.
En respuesta, el senador Javier Corral (Morena) afirmó que no existe retroactividad ni violación de derechos adquiridos, pues los cambios aplicarán únicamente en procesos futuros. Aseguró que la oposición “difunde información falsa” y que las reformas buscan cerrar vacíos legales aprovechados por grandes corporaciones y grupos de poder.
Por su parte, el morenista Enrique Inzunza señaló que los ajustes al artículo transitorio fueron hechos con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atendiendo observaciones de expertos en derecho constitucional.
Con el voto del Senado, el Congreso de la Unión concluyó el trámite legislativo de la reforma. El siguiente paso corresponde al Ejecutivo federal, que deberá promulgar y publicar la nueva Ley de Amparo en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que entre en vigor, los tribunales federales deberán aplicar las nuevas reglas en los juicios iniciados a partir de esa fecha.
La discusión sobre el alcance real de la reforma continuará en el ámbito jurídico. Especialistas en derecho constitucional anticipan que podrían presentarse nuevas controversias o incluso amparos para definir el impacto de las modificaciones en casos concretos.
La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo marca un nuevo capítulo en la relación entre el poder judicial y el legislativo. Mientras Morena y sus aliados defienden el cambio como una medida para dar mayor certeza procesal y evitar abusos, la oposición sostiene que representa un retroceso en materia de derechos ciudadanos.
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El debate podría trasladarse a los tribunales una vez que las nuevas disposiciones comiencen a aplicarse. Por ahora, la reforma avanza hacia su promulgación con el respaldo de la mayoría oficialista y bajo la promesa de que no habrá afectación retroactiva ni limitaciones al derecho de amparo colectivo. DJ
