Sheinbaum defiende reforma a la Ley de Amparo tras aprobación exprés; oposición advierte “retroceso” y riesgos legales

Claudia Sheinbaum defendió el proyecto de reforma a la Ley de Amparo que fue aprobado en la Cámara de Diputados, argumentando que las modificaciones mantienen el espíritu de su iniciativa original y que no implican un retroceso en derechos humanos.

Durante un mensaje público, aseguró que la normativa está alineada con criterios jurisprudenciales vigentes y negó que se aplique retroactividad en perjuicio de ciudadanos. Sin embargo, reconoció que ciertos cambios realizados en el Senado —especialmente la inclusión de una cláusula de aplicación en amparos en curso— sí ameritan ser revisados para ajustarse al marco constitucional.

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Aunque Sheinbaum sostiene que la reforma pretende agilizar procesos y evitar que se interpongan múltiples amparos para dilatar el cobro de deudas fiscales, la oposición, organizaciones civiles y especialistas advierten que el texto aprobado podría debilitar el acceso a la justicia, restringir la defensa de derechos colectivos y favorecer al Estado frente a particulares. En su defensa, la mandataria insistió en que la justicia expedita es compatible con salvaguardas jurídicas y responsabilizó a quienes critican la reforma de oponerse a la transformación del juicio de amparo.

¿Qué propone la reforma y por qué genera polémica?

Uno de los pilares de la reforma es limitar el uso sucesivo del amparo para frenar ejecuciones, especialmente en materia fiscal: la propuesta estipula que no se permitirán suspensiones provisionales en ciertos casos, aunque sí se podría conceder la suspensión definitiva si el solicitante acredita la legitimidad del origen de sus recursos. También incorpora plazos procesales más estrictos, digitalización del sistema y la reducción del uso de recursos dilatorios.

Sin embargo, el cambio en la definición del “interés legítimo” ha sido uno de los puntos más controversiales: la reforma exige que el daño para la persona quejosa sea “real, actual y diferenciada”, lo que complicaría la admisión de amparos colectivos o litigios con efectos generales, pues muchas causas públicas perderían viabilidad judicial bajo ese estándar.

La reforma también contempla que las suspensiones puedan negarse si afectan “el interés social o el orden público”, lo cual podría dejar sin protección temporal a ciudadanos mientras se resuelve el fondo del asunto. Otra dimensión controversial es que las autoridades podrán alegar “imposibilidad jurídica o material” para cumplir sentencias de amparo, sin sanciones personales para los funcionarios.

Opiniones críticas y advertencias jurídicas

La oposición acusó que el tratamiento exprés de la reforma, avalado en horarios nocturnos, configuró un uso irregular del procedimiento legislativo. El PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que los cambios suponen un debilitamiento del Estado de derecho y una concesión excesiva al poder público. Ricardo Anaya calificó la iniciativa como una “barbaridad” que pretende cercenar uno de los pocos mecanismos de defensa ciudadana frente a la autoridad.

Expertos en derecho constitucional y justicia han señalado que la reforma podría representar un retroceso respecto a las protecciones vigentes. El exministro Raúl Cossío advirtió que el nuevo diseño jurídico implicaría regresar al amparo del siglo XIX, cuando solo individuos con daño directo podían exigir protección judicial. Para el jurista Javier Martín Reyes, sin las suspensiones provisionales el amparo podría convertirse “en ficción”, pues quedaría limitada su eficacia práctica.

Algunos magistrados también han reaccionado: Arturo Zaldívar advirtió que ciertas cláusulas podrían chocar con la Constitución, aunque reconoció que los propósitos de la reforma tienen cierto sustento cuando se trata de leyes procesales.

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Posibles escenarios y retos futuros

• Impugnaciones constitucionales: Organizaciones civiles y colectivos podrían presentar acciones de inconstitucionalidad o controversias para impugnar disposiciones que consideren violatorias de derechos fundamentales.
• Revisión en el Senado: Aunque la Cámara de Diputados ya aprobó el dictamen en lo general, el texto regresará al Senado para revisiones y posible modificación de reservas.
• Litigios de alto impacto: Casos emblemáticos como megaproyectos, afectación ambiental o violaciones de derechos sociales podrían probar la nueva normativa, poniendo a prueba la resistencia del amparo frente al poder estatal.
• Desconfianza ciudadana: La percepción de que la reforma propicia un desequilibrio entre Estado y particulares puede erosionar la legitimidad institucional y generar resistencia social.
• Corrientes interpretativas judiciales: Los jueces y tribunales serán clave para moderar o maximizar el impacto de la ley, pues su interpretación determinará cuánto espacio dejar para los derechos ciudadanos bajo el nuevo marco.

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