Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo y envía el dictamen al Ejecutivo; sigue debate sobre retroactividad

El Senado de la República aprobó las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al decreto que plantea reformas a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con 83 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 38 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el dictamen avanzó en lo general y fue enviado al Ejecutivo Federal para su promulgación.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, recordó que el proyecto deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual fue analizada en audiencias públicas con 41 especialistas. Explicó que la intención es fortalecer el juicio de amparo como herramienta de protección de derechos, pero también evitar abusos y dilaciones en procesos fiscales.

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Principales modificaciones a la Ley de Amparo

Castillo Juárez informó que los cambios aprobados se centraron en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, además de ajustes en los artículos transitorios del decreto. Entre los puntos clave destacó:

• Sustitución del término “interés público” por “disposiciones de orden público” en el artículo 128, para eliminar ambigüedades.
• Eliminación de la fracción V del mismo artículo, que consideraba los “daños de difícil reparación”, buscando armonizar el texto con principios de progresividad y acceso a la justicia.
• En el artículo 129, precisión respecto a actividades que requieran autorización federal, suprimiendo referencias a revocaciones o suspensiones de permisos.

Sobre el régimen transitorio, se añadió una cláusula que aclara que las etapas procesales concluidas se regirán por las leyes vigentes al inicio del proceso, mientras que las actuaciones posteriores seguirán el nuevo decreto, sin efectos retroactivos.

Postura del oficialismo: justicia más ágil y menos abusos

Desde el bloque oficialista, se argumentó que la reforma busca impedir el uso reiterado del amparo para frenar la recaudación fiscal. Legisladores como Luis Alfonso Silva Romo (PVEM) señalaron que el dictamen representa un “producto legislativo óptimo” que refleja coincidencias entre ambas cámaras.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara defendió que los derechos adquiridos permanecen intactos y que el amparo debe servir “al pueblo”, evitando que se utilice como instrumento para evadir responsabilidades legales.

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Críticas de la oposición: riesgo para derechos ciudadanos

La oposición cuestionó el contenido y el proceso legislativo. La senadora Alejandra Barrales (MC) calificó el dictamen como una insistencia en mantener el polémico tercer transitorio, pese a que la presidenta Sheinbaum había sugerido revisarlo. “Convierten esta figura en una ley de desamparo”, sostuvo.

Por el PRI, Carolina Viggiano Austria advirtió que la reforma otorga “más poder al poder” y reduce el acceso ciudadano a la justicia. Desde el PAN, María Guadalupe Murguía acusó que la supuesta corrección sobre retroactividad fue “una simulación”, al contravenir principios constitucionales sobre derechos humanos.

Una moción suspensiva presentada por Clemente Castañeda (MC), quien calificó la reforma como “regresiva”, fue rechazada por mayoría.

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Contexto y polémica: interés legítimo y suspensiones

Los puntos más controvertidos se relacionan con la redefinición del interés legítimo, que ahora requerirá un daño “real, actual y diferenciado”, lo que podría limitar litigios colectivos. Además, las suspensiones podrían ser negadas si afectan el orden público o el interés social, lo que preocupa a juristas y organizaciones civiles.

Otro aspecto cuestionado es la facultad de las autoridades para alegar imposibilidad jurídica o material para cumplir sentencias de amparo, sin sanciones directas para funcionarios.

Claudia Sheinbaum defiende la reforma ante críticas

En un mensaje público, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reforma no implica retrocesos en derechos humanos y que respeta criterios jurisprudenciales. Sostuvo que el objetivo es evitar que se utilicen amparos para dilatar procesos, especialmente en materia fiscal. Sin embargo, reconoció que ciertos ajustes del Senado deben revisarse para garantizar la constitucionalidad del texto.

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Escenarios posteriores y judicialización del debate

La reforma a la Ley de Amparo podría enfrentar impugnaciones ante la Suprema Corte por parte de organizaciones civiles y barras de abogados. Casos emblemáticos en temas ambientales, fiscales o de megaproyectos pondrán a prueba la aplicación del nuevo marco legal.

El dictamen permanecerá bajo observación pública y jurídica, mientras se define su impacto en el equilibrio entre poder estatal y defensa ciudadana.