Bosques Ciudadanos bajo la lupa: Acusan opacidad y posible desvío de más de 270 millones de pesos en NL

El programa de reforestación “Bosques Ciudadanos”, implementado por el Gobierno de Nuevo León como una medida para mitigar el impacto ambiental en la Zona Metropolitana de Monterrey, enfrenta cuestionamientos por opacidad en el manejo de más de 270 millones de pesos y presuntas irregularidades en su ejecución.

La iniciativa, que busca plantar un millón de árboles y plantas, fue adjudicada directamente en 2023 a la asociación civil Reforestación Extrema, sin licitación pública ni control estatal directo sobre los recursos.

Aunque su objetivo es aumentar la superficie de áreas verdes y mejorar la resiliencia climática, el modelo bajo el cual opera despertó inquietudes.

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¿Cómo opera Bosques Ciudadanos y qué generó sospechas?

A través de un convenio firmado por el entonces secretario de Medio Ambiente estatal, Félix Arratia, actual alcalde de Juárez por Movimiento Ciudadano, el programa fue entregado a la organización encabezada por Cosijoopii Montero.

Esto permite que las contribuciones económicas de empresas y particulares, destinadas a compensar su huella ambiental, no ingresen al erario público, sino que se canalicen directamente a Reforestación Extrema.

El acuerdo evita procedimientos de licitación y limita la supervisión gubernamental.

De acuerdo con una investigación de El Norte publicada los días 4 y 5 de mayo, el Gobierno del Estado no ha presentado los informes trimestrales exigidos por ley, pese a las solicitudes formales realizadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.

La falta de esos reportes alimenta dudas sobre el destino real de los recursos y el cumplimiento de las metas de reforestación.

Mientras el gobernador Samuel García asegura que durante su gestión se han plantado más de 650 mil árboles con un presupuesto cercano a los 300 millones de pesos, el último informe oficial disponible desde junio de 2024, solo registra 5 mil 176 árboles sembrados.

La discrepancia entre las cifras oficiales y las declaraciones públicas ya es motivo de críticas.

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Posibles conflictos de interés en programa de reforestación en NL

Uno de los aspectos más señalados es la presunta asignación de recursos a empresas vinculadas con funcionarios estatales.

El reportaje del diario Reforma indica que aproximadamente un tercio del presupuesto fue destinado a firmas como Viveros Regionales y Arbolmax, relacionadas con Érik Cavazos Cavazos, actual director de Protección Civil del estado.

Además, especialistas y ambientalistas denunciaron que la asignación directa a Reforestación Extrema se realizó sin una convocatoria pública ni una evaluación técnica que demostrara su capacidad operativa.

De acuerdo con biólogo consultado por Reforma, se otorgó la responsabilidad del proyecto sin garantizar criterios mínimos de eficacia o profesionalismo.

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Implicaciones de las presuntas irregularidades de Bosques Ciudadanos

Para los trabajadores del sector ambiental y funcionarios públicos, la exclusión del Estado en el manejo de recursos reduce la posibilidad de fiscalización y limita el margen de acción para monitorear avances reales.

La operación a través de un ente civil sin mecanismos de transparencia visibles también representa un riesgo laboral si se cuestionan los resultados o el uso de recursos ante futuras auditorías.

Mientras que para los ciudadanos, en particular quienes han realizado aportaciones para compensaciones ambientales, la falta de reportes y la aparente incongruencia en las cifras pueden generar desconfianza sobre el uso de sus contribuciones.

También compromete los objetivos del programa, como la reducción de contaminantes, la mejora en la salud y la creación de hábitats naturales.

Kay CG