Sheinbaum explica la Ley de Aguas: qué cambia para ciudadanos y empresas

Las autoridades federales anunciaron el envío de dos iniciativas clave para reformar el manejo del agua en México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó a la Cámara de Diputados la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua y regular de manera estricta las concesiones de este recurso vital. Estas acciones buscan que el Estado retome la rectoría del agua, eliminando usos indebidos y prácticas de mercado que se implementaron desde 1992.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicó que las iniciativas buscan establecer un marco jurídico integral que permita a los tres niveles de gobierno formular y ejecutar la política hídrica de forma coordinada, garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento, y fortalecer los sistemas comunitarios de agua para uso personal y doméstico, incluyendo la protección de núcleos y comunidades indígenas.

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Qué cambios propone la Ley General de Aguas y por qué es importante

La Ley General de Aguas establece las bases legales para garantizar que el acceso al agua sea reconocido como un derecho humano y no como una mercancía. Según explicó Morales López, esta ley define los planes, programas y estrategias que deberán aplicarse en todo el país para asegurar el uso adecuado del agua y su saneamiento. Además, permite reconocer y fortalecer los sistemas comunitarios de agua sin fines de lucro, incluyendo aquellos gestionados por comunidades indígenas, asegurando que estas poblaciones tengan acceso confiable y seguro al recurso.

Esta legislación también establece la responsabilidad exclusiva del Estado en la regulación del agua, evitando que terceros obtengan concesiones con fines distintos a los establecidos. Se busca transparencia, eficiencia y orden en la entrega y administración de los títulos de concesión, asegurando que cualquier modificación o prórroga pase por la supervisión de Conagua. Con estas medidas se pretende prevenir abusos, desvíos o ventas indebidas del recurso, fortaleciendo la seguridad jurídica de todos los usuarios.

Reforma a la Ley de Aguas Nacionales: cómo regulará concesiones y sanciones

La reforma a la Ley de Aguas Nacionales complementa la Ley General de Aguas al crear mecanismos de control y seguimiento sobre las concesiones existentes y futuras. Entre las principales medidas destacan:

• Eliminación de cambios de uso de las concesiones sin autorización del Estado.
• Prohibición de transmitir títulos de concesión entre particulares sin aprobación de Conagua.
• Creación del Registro Nacional del Agua para conocer la trazabilidad y situación de cada concesión.
• Incremento de sanciones y multas para prevenir el uso indebido del agua.
• Establecimiento de delitos hídricos, incluyendo explotación ilegal, desvío de cauces, corrupción en concesiones y traslados no autorizados, con penas de 1 a 10 años de prisión y multas de 300 a 4,000 días.
• Creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales para asegurar disponibilidad del recurso ante emergencias o desastres naturales.

Estas medidas buscan ordenar la distribución y utilización del agua en México, evitando que sea objeto de comercio indebido y garantizando que su manejo responda a criterios de sostenibilidad y protección del medio ambiente.

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Cómo impactarán estas leyes en la sociedad y en comunidades vulnerables

Además de garantizar el acceso al agua para la población general, la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales contemplan la participación de la ciudadanía en la gestión del recurso. Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia, destacó que estas iniciativas incluyen mecanismos para que la sociedad participe en la planeación, programación y supervisión del agua destinada a uso personal y doméstico.

El marco legal también refuerza la protección contra el extractivismo y el despojo del recurso, ofreciendo un enfoque ético y ambiental que considera la resiliencia frente al cambio climático. La inclusión de opiniones recogidas en foros regionales celebrados entre febrero y marzo de 2025 asegura que las leyes reflejen necesidades locales y las particularidades de las 13 regiones hidrológicas del país, fortaleciendo la coordinación entre gobierno, comunidades y usuarios.

Estas leyes representan un paso histórico hacia la recuperación del control estatal sobre el agua, asegurando que su manejo sea transparente y que los derechos de los usuarios, especialmente de comunidades vulnerables, estén protegidos. La implementación de sanciones y delitos hídricos permitirá combatir la corrupción y el mercado ilegal, estableciendo un sistema más justo y sostenible.

Con estas medidas, México busca garantizar que el agua sea un bien estratégico de la nación, un derecho humano protegido y un recurso gestionado con criterios técnicos, legales y éticos. La coordinación entre los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana será clave para asegurar que estas reformas cumplan con sus objetivos y fortalezcan la gestión hídrica en todo el país. DJ

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