Sheinbaum rechaza decisión del Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas en México

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno no está de acuerdo con la decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU de activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció que la mayoría de las desapariciones en el país están relacionadas con el crimen organizado y subrayó que su administración atenderá los casos con base en las regulaciones establecidas en la Constitución. La mandataria también indicó que las entidades federativas y el Gobierno Federal discuten actualmente mecanismos de coordinación para fortalecer la atención a las denuncias.

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Qué implica la activación del artículo 34 del Comité contra las Desapariciones Forzadas

El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), órgano integrado por 10 expertos independientes en derechos humanos, decidió activar el artículo 34 tras analizar información recibida desde 2014, que incluye denuncias, acciones urgentes y comunicaciones individuales derivadas de su visita a México.

El artículo 34 permite que el CED lleve un caso ante la Asamblea General de la ONU si considera que en un país existe una práctica sistemática de desapariciones forzadas. Esto solo ocurre después de solicitar información al Estado involucrado y determinar que la situación lo amerita.

De acuerdo con la Convención, una desaparición forzada ocurre cuando una persona es arrestada, detenida o secuestrada por agentes del Estado, o por particulares con su autorización, seguida del ocultamiento del paradero o la negativa a reconocer la detención. Esta práctica deja a la víctima fuera de la protección de la ley.

Además, el artículo 5 de la Convención establece que las desapariciones forzadas de carácter sistemático o generalizado constituyen crímenes de lesa humanidad, lo que abre la posibilidad de que sean revisados por la Corte Penal Internacional.

Respuesta del gobierno mexicano ante la decisión de la ONU

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respondió que el país está abierto al escrutinio internacional, pero consideró que las afirmaciones del Comité “carecen de sustento”.

La cancillería aseguró que el Estado mexicano ha reforzado las estrategias de búsqueda de personas y presentado informes detallados al CED, los cuales —según dijo— deben ser analizados de manera objetiva antes de emitir nuevos juicios.

Claudia Sheinbaum enfatizó que su gobierno mantiene un enfoque de cooperación internacional, pero siempre bajo el principio de respeto a la soberanía nacional. Recordó que, si bien en el pasado las desapariciones estaban vinculadas a motivos políticos, actualmente la mayoría están relacionadas con actividades del crimen organizado, lo que requiere estrategias específicas de seguridad y justicia.

La mandataria explicó que los gobiernos estatales y el federal trabajan en la regulación de acuerdos y protocolos para mejorar la atención a las víctimas, fortalecer las fiscalías especializadas y mejorar los mecanismos de búsqueda.

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La crisis de desapariciones en México en cifras (lista de datos relevantes)

• Entre el 1 de enero de 2007 y el 26 de octubre de 2025, se han registrado 338,879 personas desaparecidas y no localizadas en México.
• 120,196 personas continúan sin ser localizadas, lo que representa 35.47% del total.
• 218,683 han sido localizadas con o sin vida.
• De las personas localizadas, 17,895 fueron encontradas sin vida, equivalente a 8.18%.
• Los estados con mayor número de desapariciones son:
• Estado de México: 14,500 casos
• Jalisco: 14,263 casos
• Tamaulipas: 13,488 casos
• Desde 2007, suman 131,218 personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional.

Organizaciones como Amnistía Internacional y colectivos ciudadanos sostienen que la crisis se agudizó a partir de la militarización de la seguridad pública en 2007.

Activistas advierten que, de confirmarse la práctica sistemática, el caso podría escalar ante la Asamblea General de la ONU para la determinación de posibles sanciones o mecanismos de cooperación internacional.

La activación del artículo 34 del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU marca un momento clave para la rendición de cuentas sobre la crisis de personas desaparecidas en México. Aunque el gobierno federal ha manifestado desacuerdo con la medida, el procedimiento internacional abre la posibilidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda y cooperación global.

Mientras tanto, el país enfrenta un desafío estructural: la atención a más de 120 mil personas que continúan desaparecidas y la necesidad de garantizar justicia a las familias. El debate entre la responsabilidad estatal, la soberanía nacional y el escrutinio internacional continuará siendo central en la agenda de derechos humanos en México. DJ

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