Trump enfrenta demandas millonarias por redadas migratorias: Ciudadanos acusan ser arrestados violentamente

El gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una creciente ola de demandas por parte de ciudadanos estadounidenses y residentes legales que aseguran haber sido detenidos arbitrariamente y violentamente durante redadas migratorias, a pesar de contar con su documentación en regla.

Entre los casos más recientes destaca el de Leonardo García Venegas, un trabajador de la construcción de Alabama que fue arrestado dos veces por agentes migratorios en su lugar de trabajo. Representado por el Institute for Justice, García Venegas presentó una demanda colectiva contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), argumentando que sus detenciones fueron “irrazonables” y violatorias de la Cuarta Enmienda, que protege contra registros y detenciones sin causa probable.

Leonardo García Venegas fue detenido dos veces

La primera detención ocurrió en mayo, cuando agentes enmascarados irrumpieron en una obra en construcción. A pesar de que García Venegas se identificó como ciudadano estadounidense y mostró su REAL ID, fue esposado y retenido por más de una hora.

En junio, volvió a ser arrestado en una segunda redada en otro sitio de trabajo. Nuevamente presentó su identificación, pero los agentes se negaron a aceptarla. Fue esposado y detenido junto con otros trabajadores, siendo liberado veinte minutos después.

La querella, presentada como acción colectiva, incluye 19 casos similares de ciudadanos o residentes legales detenidos bajo circunstancias similares, todos trabajadores del sector de la construcción.

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Anciano con cirugía reciente fue brutalmente agredido

Otro caso que ha generado indignación es el de Rafie Ollah Shouhed, un ciudadano de 79 años y propietario de un lavadero de autos en Los Ángeles. Shouhed presentó una demanda por 50 millones de dólares tras haber sido violentamente arrestado durante una redada el 9 de septiembre, a pesar de estar en recuperación por una cirugía de corazón.

Videos de seguridad muestran cómo agentes enmascarados lo empujan al suelo dentro de su negocio. Al salir a hablar con ellos, fue insultado, arrojado al pavimento y sometido con una rodilla en el cuello, mientras rogaba por ayuda médica y afirmaba que no podía respirar.

Fue trasladado esposado al centro de detención de Los Ángeles, donde pasó casi 12 horas sin atención médica ni acceso a llamadas. Su demanda invoca la Ley Bane de California, que prohíbe el uso de la fuerza para interferir en los derechos constitucionales.

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Acusan uso excesivo de la fuerza en redadas

En un contexto cada vez más alarmante, otros cinco ciudadanos y residentes permanentes también presentaron demandas en agosto por detenciones arbitrarias durante redadas. Una de las demandantes, Cary López Alvarado, estaba embarazada al momento de su arresto y afirma que su hijo nació prematuramente como consecuencia del estrés sufrido.

El abogado Luis Carrillo, representante legal de los cinco demandantes, calificó las acciones de los agentes migratorios como “brutales” y señaló que cada querella busca al menos un millón de dólares en compensación.

Carrillo, junto con la congresista Maxine Waters y la activista Dolores Huerta, han elevado la denuncia a instancias internacionales, solicitando al Consejo de Derechos Humanos de la ONU una investigación por los abusos cometidos contra ciudadanos e inmigrantes.

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Ciudadanos estadounidenses exigen ser indemnizados

Los casos presentados no solo reflejan un patrón de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del DHS, sino que también ponen en evidencia la detención ilegal de personas legalmente protegidas por la Constitución de los Estados Unidos.

Las demandas, además de exigir indemnizaciones que alcanzan los 50 millones de dólares, buscan generar un precedente legal que limite y fiscalice el actuar de las autoridades migratorias en territorio estadounidense.

YF