Desde 2018 hemos visto cómo un movimiento político se transformó en partido y alcanzó el poder, impulsado por una serie de condiciones que impidieron a la clase gobernante conservar los votos necesarios para mantenerse legítimamente en el poder. Durante al menos una década, la clase trabajadora experimentó un deterioro constante en sus condiciones de vida, lo que generó un profundo descontento social. Este malestar fue aprovechado hábilmente por el expresidente López Obrador, quien supo redirigir las emociones de la población y evitar que la ira, que había carcomido la credibilidad de sus antecesores, recayera sobre él y su movimiento, a pesar de haber obtenido resultados similares.
En ese contexto, la oposición ha funcionado como una masa inerte, incapaz de sacudirse el estigma de haber provocado la inestabilidad y el descontento de la clase trabajadora. Tampoco ha sabido capitalizar los errores del partido gobernante, lo que ha permitido a este último mantener una aprobación que aparentemente supera el 80%.
Muchos analistas políticos han tratado de explicar a qué se debe esta disociación entre los resultados y la popularidad del gobierno. ¿Por qué quienes no entregan resultados siguen siendo preferidos por la población para gobernar? La respuesta podría estar en la falta de alternativas. Nuestro sistema electoral está diseñado para que grandes fuerzas nacionales se disputen el poder, es decir, la entrada de nuevos competidores se encuentra prácticamente cerrada, y solo se abre una vez después de cada proceso electoral. Esto otorga estabilidad a las fuerzas existentes e impide su fragmentación.
Sin embargo, ¿qué ocurre cuando existe una fuerza mayoritaria y partidos debilitados que no logran reunir apoyo? Ese mismo sistema cerrado de participación garantiza el control de la fuerza mayoritaria, incluso ante una eventual pérdida de legitimidad del régimen gobernante, lo que permite un dominio artificial del poder.
En este sentido, el primer obstáculo para cualquier persona que desee incursionar en política es reunir apoyo, ya sea a través del carisma, de la internalización de las demandas del grupo que se busca representar, o mediante intereses concretos. La única manera en que un movimiento o partido ajeno a los participantes oficiales del sistema pueda lograrlo es aprovechando la pérdida de legitimidad de quienes ya están dentro.
Hoy, el contexto nacional e internacional de México parece adverso. Por un lado, enfrentamos una grave escalada de violencia; por el otro, se observa una reconfiguración de las condiciones y alianzas globales, que podrían provocar cambios relevantes en la situación de la clase trabajadora mexicana. Esto aumentaría la tensión entre la necesidad de atraer inversión para fomentar el crecimiento (o al menos mantenerlo) y la urgencia de conservar el control de la política interna.
En pocas palabras, en un sistema de partidos cerrado, en el que es difícil que surjan nuevas alternativas, cuando las existentes no son capaces de resolver ni mitigar los problemas que generan descontento ni de presentar propuestas atractivas, y se prevé un aumento en las tensiones sociales, nos enfrentamos a un problema sistémico. Esto podría derivar en el renacimiento del sistema político mexicano y sus instituciones, o simplemente en una renovación de las alternativas partidistas, siempre que estas sean capaces de recuperar el apoyo popular y traducirlo en acciones que disminuyan el malestar social.
Esta crisis democrática, en la que parecen no existir opciones a pesar de contar con seis partidos políticos, debería dar lugar al surgimiento de nuevas alternativas.
