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Tomás de la Rosa

Lejos quedaron los años de gloria de la empresa de servicios petroleros Oro Negro, cuyos contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) superaron mil 500 millones de dólares. Hoy son una “baratija”.

Fundada en 2012 por los primos Gonzalo Gil White —hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz— y José Antonio Cañedo White —hijo de Guillermo Cañedo, uno de los fundadores de Televisa—, la perforadora Oro Negro tuvo su bonanza entre 2013 y 2015, cuando logró cautivar a inversionistas extranjeros, quienes prestaron más de 900 millones de dólares en bonos.

También sedujo a inversionistas mexicanos, como Citibanamex y Sura, quienes compraron parte de oro Negro con recursos de los fondos de jubilación de los trabajadores por 400 millones de dólares. Hoy, un potencial comprador ofrece 15 millones de dólares por  100% de las acciones de la compañía.

Con la caída de los precios internacionales del petróleo entre 2015 y 2016, Pemex vio reducidos sus ingresos por la venta de petróleo crudo y tuvo que renegociar contratos con sus proveedores, entre ellos Oro Negro. Con el concurso mercantil sus proveedores tomaron el control de las plataformas.

Por instrucción de algunas de las empresas con las que Oro Negro tiene deudas, Nordic Trustee emitió el 7 de octubre pasado la “Oferta Vinculante de Adquisición de Activos de las Quebradas” que implica compra de 100% de acciones de la perforadora petrolera y subsidiarias, así como derechos en litigio. La oferta representa centavos de los activos.

Según el síndico —como se le denomina al profesional designado para valuar y vender los activos, así como liquidar la mayor parte de la deuda de la empresa declarada en quiebra— el monto que “ofrece Nordic Trustee por 15 millones de dólares cubriría cerca de 47% de los créditos contra la masa reconocidos y registrados, y que asciende a aproximadamente 32 millones de dólares”.

La empresa del hijo y el sobrino de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox, fue declara en quiebra desde el 17 de junio pasado, luego de que Oro Negro y subsidiarias no llegaran a un acuerdo con sus acreedores en el proceso de protección judicial al amparo de la Ley de Concursos Mercantiles (LCM).

Tras la quiebra destituyeron a Gonzalo Gil White como director general de la empresa, por lo que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom) designó a Fernando Pérez-Correa como síndico, encargado de maximizar el precio de venta de activos para pagar a acreedores (legalmente llamados “masa concursal”). 

Desde la solicitud de protección legal ante acreedores, se inició un centenar de procesos legales en México, Estados Unidos, Noruega y Singapur. En dos litigios, Gonzalo Gil reclama mil 500 millones de dólares. En una demanda en Nueva York contra acreedores de Oro Negro y la exempresa de los primos White pretende obtener 800 millones de dólares de indemnización. Otro frente va contra el Estado mexicano, que al amparo de convenios internacionales de protección a inversiones, la empresa tiene un arbitraje en un tribunal del Banco Mundial en Washington, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), donde reclaman una compensación de 700 millones de dólares.

Pese a la declaración de quiebra, el encargado de administrar a Oro Negro y la venta de sus activos mantuvo demandas en Estados Unidos, pese a la falta de liquidez de la compañía que antes de solicitar el concurso mercantil recibía 770 mil dólares diarios por la renta de cinco plataformas tipo jack up a Pemex.

Esto llevó a la destitución de Pérez-Correa y su sustitución con José Gerardo Badín, quien ha ocupado el cargo en más de una docena de quiebras, entre ellas la de Grupo Covarra (de la Fábrica de Casimires Rivetex) y fue el conciliador de la aerolínea Mexicana de Aviación.

15.1mdd representan los activos de Oro Negro hasta mayo pasado

Centavos por Oro Negro

En el pasado, Oro Negro facturaba más de 280 millones de dólares anuales a Pemex, sin embargo a mayo pasado, sus activos son por el equivalente a 15.1 millones de dólares y sus pasivos reconocidos por 32 millones de dólares. En ese primer escenario, pagarían 47 centavos de por cada dólar pendiente de liquidar.

Según términos de la oferta de 15.1 millones de dólares activos reconocidos hay en litigio y pendientes de cobrar 123.6 millones de dólares. En el fideicomiso F/1695, administrado por Deutsche Bank hay 86.8 millones de dólares, de ellos 84% son propiedad de acreedores y el resto de Oro Negro. Además, hay otros 36.8 millones de facturas pendientes de pagar por parte de Pemex. Nordic pagaría menos de 11 centavos por cada dólar en activos.

Además, la misma oferta de compra señala que hay créditos interempresas y préstamos de Oro Negro Drilling, hechos antes y después del concurso mercantil que suman 87.1 millones de dólares (considerando el tipo de cambio ya mencionado y el valor de UDI de hoy 16 de noviembre). Nordic pagaría 29 centavos de cada dólar del capital contable.

Aunque la valuación de la oferta es más compleja, el síndico señala que falta ajustar el crédito de 175 millones de dólares a Oro Negro Drilling, que antes era de la mexicana y ahora está en manos de los acreedores. Esa empresa era la controladora de las plataformas petroleras que ahora ya están en proceso de venta en Bahamas.

La oferta de adquisición, que es pública y abierta a que otros interesados participen en una subasta y hagan posturas por arriba del monto ofrecido, el síndico señaló al juez que ante la carencia de información sobre los créditos a pagar a los acreedores, “podría inhibir la participación en el proceso de subasta, en la medida que no existiría certeza respecto al monto adquisición que tendrían que ofrecer para mejorar la oferta vinculante de Nordic Trustee”.

La oferta de compra incluye “cualesquier derecho actual, litigioso o contingente respecto de acciones y partes sociales de sociedades de las que las quebradas eran o son socias o accionistas” y la “totalidad de los derechos litigiosos de las quebradas en Estados Unidos, en México, en Singapur, en Noruega, y en cualquier otro país, en contra de cualquiera de los tenedores de bonos, Nordic Trustee, Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias y Deutsche Bank, así como en contra de cualquier otra entidad o terceros”.

De acuerdo al Artículo 206 de la LCM, la resolución del juez se podría tener de un momento a otro, ya que concluyó el periodo de 10 días para que los interesados presenten potenciales desacuerdos.

123 mdd representan las cuentas pendientes por cobrar o en litigio, más de ocho veces los activos reconocidos

Remoción del síndico

Con la aceptación del trámite de concurso mercantil de las empresas Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, S.A.P.I. de C.V. (Integradora) y de Perforadora Oro Negro, S. de R.L. de C.V. (Perforadora) por parte del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el Ifecom designó a Fernando Pérez-Correa Camarena como conciliador de las empresas y sus acreedores.

Derivado del buen desempeño del conciliador, los acreedores decidieron hacer lo que permite la LCM e  incrementaron la paga de Pérez-Correa a 270 mil dólares por el proceso. Es decir, los honorarios que recibió fueron por 30 mil dólares (unos 573 mil 200 pesos) al mes, según se desprende de la “demanda incidental” para remover al síndico, y de la cual ejecentral tiene una copia del documento de 144 páginas que detalla los supuestos errores de Pérez-Correa.

Una vez agotada y sin éxito la etapa de conciliación, en junio pasado el juez decretó la quiebra de las empresas. El Ifecom mantuvo a Pérez-Correa, ahora como síndico. Los acreedores que ostentan 75% de las deudas reconocidas sostuvieron el esquema de pago (según las reglas generales de la Ley de Concursos Mercantiles) para Pérez-Correa de 270 mil dólares (alrededor de 5.2 millones de pesos) por el proceso.

Entre los acreedores están Asia Research & Capital Management; CQS; GHL Investments; Alterna Capital Partners; Contrarian Capital Management y Ship Finance International, del Grupo Ad-Hoc.

Así, después de haber considerado que el “conciliador (Pérez-Correa) ha estado celebrando y realizando una serie de actividades que están más allá del alcance de sus deberes ordinarios bajo la LCM”, los acreedores decidieron incrementar los honorarios pagados. Sin embargo, ya como síndico, las cosas cambiaron desde el punto de vista del grupo Grupo Ad-Hoc que tiene el control de las empresas Oro Negro Drilling, Oro Negro Primus, Oro Negro Laurus, Oro Negro Fortius, Oro Negro Decus, Oro Negro Impetus, todas ellas registradas en Singapur.

El 7 de octubre pasado, Antonio Villarruel, el interventor designado por Oro Negro Drilling, solicitó al juez del concurso mercantil la sustitución de Pérez-Correa.

El interventor, según el artículo 62 y 63 de la LCM, representa intereses de los acreedores y por ello vigilan la actuación del conciliador  y síndico. Cualquier prestamista con 10% de los créditos de la empresa puede solicitar al juez el nombramiento de uno.

›Villarruel recordó al juez que el síndico durante “dos meses y medio no ha tomado control de la contabilidad, libros y documentos de las comerciantes”, Integradora y Perforadora Oro Negro.

“El síndico tuvo a bien aprobar un crédito contra la masa, sin conocer siquiera la situación contable y financiera de la empresa al momento en que aprobó dicho crédito, y sin saber cuál era el beneficio que dicho crédito podría acarrear a la masa concursal, pues simplemente desconoce el estado de la misma”, señala el documento.

Indica que información del reporte financiero que presentó con datos al cierre de mayo pasado, fue proporcionada por la “otrora directora general que fue en parte causante de la quiebra, y que podría tener un interés en ocultar operaciones que pudiésen caracterizarse como fraudulentas o contrarias a la masa concursal, es una información parcial o presentada a modo, a efecto de favorecer a algunos acreedores y a los accionistas de las quebradas”.

Además reclamó que “del 14 de febrero de 2019, a la fecha en que se decretó la quiebra el día 13 de junio de 2019, tan sólo transcurrieron cuatro meses, en los que el síndico aprobó diversos créditos por varios millones de dólares, resulta inverosímil que las comerciantes se hayan gastado 382 millones de pesos adicionales en esos cuatro meses”. De ese monto, detalló el interventor, unos 132 millones de pesos “son en realidad y en su mayoría gastos legales que pretende reconocer en violación a la sentencia de reconocimiento” y a resoluciones adoptadas por el juez.

Indicó que Pérez-Correa incluyó “una relación de pasivos de perforadora a favor del supuesto acreedor Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan LLP, por créditos contra la masa generados durante la fase de conciliación”.

Ese despacho, con oficinas centrales en Los Ángeles, California es quien lleva los litigios con los cuales busca la indemnización por mil 500 millones de dólares y según el interventor, ese despacho de abogados “sigue instrucciones del señor Gonzalo Gil White (…). En lo sucesivo, nos referiremos a dicho despacho como el Despacho de GGW”, por las siglas de Gonzalo Gil White.

“Es un ‘regalo’ del síndico hacia el despacho de GGW, quién, sin comparecer ante el conciliador y ante el Juzgado Concursal a solicitar el reconocimiento de su crédito en alguna de las tres oportunidades previstas por la ley, ya se le reconoció, un monto cercano a los cinco millones de dólares”, señala el documento.

Ante las supuestas violaciones, el Ifecom removió a Pérez-Correa, pero la sustitución fue motivada por una infracción, dijo a ejecentral, el director general del Ifecom, Edgar Manuel Bonilla del Ángel.

“Determinamos que sí había un interés directo del síndico porque en junio de este año ofreció los servicios del despacho a uno de los acreedores del concurso mercantil. Ese contrato no se concretó, sin embargo eso lo puso en una posición de parcialidad o imparcialidad para alguna de las partes”, señaló Bonilla.

Detalló que lo anterior fue en violación a la fracción VI del Artículo 328 de la LCM.

El nuevo síndico, Gerardo Badín, dijo Bonilla, tomará el cargo en la semana que inicia el 12 de noviembre. Entre sus tareas figura tomar la contabilidad de Oro Negro, revisar las acciones legales. En suma, revisar todo lo que hay en curso.

Según Bonilla, el proceso de sustitución de Pérez-Correa no detuvo ningún proceso, ya que la ley indica que mientras el nuevo síndico no asuma el cargo, todos los procesos siguen su curso por parte del síndico sustituido.  

En contexto. Sin operaciones, personal ni plataformas, en cuatro meses Oro Negro gastó 382 millones de pesos. Esto motivó el enojo de los acreedores y solictaron al juez la destitución del síndico Pérez-Correa

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