Reprueba persecución a organizaciones que denuncian actos de corrupción; afirma que el mal manejo de recursos y la violación a los derechos humanos será el sello del sexenio.
El presidente Enrique Peña Nieto puede pensar lo que quiera de las organizaciones de la sociedad civil, afirma Jacqueline Peschard, cabeza del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). “Lo que no puede hacer el Presidente es perseguir a las organizaciones que investigan actos de corrupción, eso es preocupante”.
Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Peschard es portavoz ciudadana en el nuevo esquema de coordinación entre instituciones para prevenir, investigar y sancionar desvíos, sobornos y estafas con el erario. A un año de que concluya este sexenio, afirma que no sólo la corrupción será el signo del actual gobierno, sino la violación a los derechos humanos y la inseguridad.
- Recién se dio el banderazo de salida al proceso electoral 2018. ¿Cómo afectará este año electoral a la consolidación del SNA para los nombramientos que faltan y para procesar leyes pendientes?
—Un proceso electoral necesariamente pone a los actores políticos en tensión, pues las elecciones son una zona de enfrentamiento, de competencia y cada uno de los actores no está en los mejores términos para buscar acuerdos. “La Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales), en sus 23 años de vida, nunca había dicho que hay corrupción en las campañas políticas o hay delitos electorales derivados de actos de corrupción. No estaban en el radar, pero el actual fiscal, Santiago Nieto, ya puso en sus propios programas de trabajo que uno de los rubros a investigar son actos de corrupción que llegan a las campañas políticas”.
- Los de 2018 serán los primeros comicios federales que se realizan en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Las autoridades estarán atentas a actos de corrupción en campañas?
—De hecho, ya están atentas. Ya hay carpetas de investigación contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por un modus operandi que la Fepade ha identificado muy bien, que es tomarles una parte del salario de los servidores públicos, pasarlo a una empresa y esa empresa se lo pasa a un partido. La Fepade está investigando a César Duarte por el desvío de 38 millones de pesos para actos de campaña. La corrupción en campañas políticas, por el año que empieza, es clave para nosotros”.
- El CPC tuvo un papel muy activo durante la discusión sobre si el procurador Raúl Cervantes debía ser el nuevo fiscal general. ¿Qué les pareció la decisión de cancelar el pase automático?
—Estamos de acuerdo con las universidades y organizaciones sociales que han venido trabajando, diciendo cómo debe ser esa fiscalía. Se requiere de alguien que tenga no sólo conocimiento y experiencia en materia de persecución del delito y procuración de justicia, sino, sobre todo, que tenga independencia y autonomía, es decir, el perfil del procurador no era el idóneo para llegar a la fiscalía. Creo que la presión social es la que ha sido clave”.
- Esa es una de las cosas positivas, ¿no?
—Sin duda, la presión social ahora sí empuja a los actores políticas a que revisen sus decisiones.
- Uno de los pendientes que tiene el Congreso es el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Ahí esperan otro jaloneo por motivos políticos?
—El nombramiento de los magistrados es una facultad presidencial y la designación pasa el Senado para ratificación; lo único que establece la Ley Orgánica es que el Presidente tiene que fundamentar sus nombramientos, y eso no se hizo. Simplemente se mandaron los 18 nombres y el Senado los iba a ratificar o iba a revocar a algunos. Ahí fue donde el CPC hizo una moción al Senado para decirle no puede ser que una sala que va a ser clave, que van a ser especializadas en el combate a los actos administrativos graves, pase cualquier gente. Tiene que ser un proceso abierto, en el que participe la sociedad civil, como todos los procesos que hacemos ahora de nombramientos clave. Ya nadie quiere nombramientos que pasen por la puerta de atrás.
- Comienza la cuenta regresiva para el actual sexenio. ¿Cuál es su evaluación del gobierno del presidente Peña Nieto? ¿Piensa que tuvo voluntad política para abordar el tema de la corrupción?
—Yo lo de la voluntad política sólo lo puedo ver en actos concretos, porque la voluntad es algo de intención y subjetiva. Yo siento que lo que tiene que ver con el SNA, hubo una buena disposición del Presidente y de las fuerzas políticas para que un tema urgente de la agenda pública, la corrupción, se pudiera enfrentar con un marco normativo y cierta construcción institucional. Todavía nos deben varias leyes, está pendiente la Ley de Obra Pública, que es una cuestión central o la Ley de Compras, la Ley de Archivos que tienen que ver con el SNA, y esas de repente se quedaron en el cajón. “Es decir, avanzamos un poquito y luego vienen los frenones. En los asuntos que ya tienen visibilidad pública, los temas de corrupción, tampoco se ve que avancen consistentemente. Tampoco es que estemos igual que antes, ya hay algunos exgobernadores en la cárcel”.
- ¿Cree que la corrupción será el signo de este sexenio?
—Yo creo que la corrupción y muchos otros males: la corrupción, la violación de los derechos humanos y la inseguridad. Yo no puedo decir que la corrupción sea la madre de todos los males, pero a la mejor la corrupción sí tiene una transversalidad en todo el gobierno, y detrás está lo que es la deficiencia de nuestro Estado de derecho incapaz de garantizar, ya no digamos el goce de los derechos básicos de las personas, sino la vida misma.
- ¿Coincide usted con el presidente Peña Nieto, quien dice que la corrupción es cultural?
—La corrupción está totalmente enraizada, quién va a decir que no. El problema es que cuando uno dice la corrupción es cultural es como si la fuente fuera cultural, y la fuente no es cultural. Se ha hecho cultural sí, tan se ha hecho cultural que hay unos niveles de tolerancia enormes.
- ¿Qué piensa del reportaje del New York Times, donde el presidente Peña le dijo al empresario Claudio X. González que “la sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción”?
—Yo creo que el Presidente puede pensar lo que quiera sobre la sociedad civil, lo que no puede hacer es perseguir a la sociedad civil que hace investigación de corrupción, eso sí me parece pésimo. La persecución a las empresas y a las organizaciones que hacen investigación en materia de corrupción. Al Presidente puede no gustarle, pero que haya quienes interpreten ese disgusto como tengo que perseguir invadiéndolos de auditorías, sí es un asunto preocupante, de revancha del gobierno.