El gobierno federal envió al Congreso una iniciativa para regular la subcontratación u outsourcing de trabajadores, que, de aprobarse, los empresarios que la incumplan podrían ser encarcelados de tres meses a seis años por el delito de defraudación fiscal.
La propuesta, que se discutirá en este periodo, de primer momento regulará al sector formal de la economía y quedarán fuera los más de 28 millones de trabajadores que laboran en la informalidad.
“Se prevén sanciones más severas para las empresas que incumplan (de aprobarse la iniciativa). Se procederá por el delito de defraudación fiscal, (además) no se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas a todas las empresas que incumplan”, dijo hoy Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, en la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Alcalde mencionó el caso de un hotel en Cancún, en Quintana Roo donde encontraron que de los 802 trabajadores, sólo dos trabajadores eran legalmente empleados del hotel ante el IMSS y 800 trabajadores estaban distribuidos en 14 empresas subcontratistas pagadoras. De ellos, 40 no estaban registrados ante el IMSS y 762 tenían registro en el seguro social, pero con un salario menor.
La subcontratación es un mecanismo que afecta a los trabajadores en sus fondos de pensión para la jubilación, fondos de vivienda, liquidaciones, indemnizaciones, despidos, licencias de maternidad, accidentes, incapacidades, reparto de utilidades y antigüedad.
De aprobarse la propuesta, regulará de entrada al cautivo, es decir al sector formal de la economía que en octubre ocupó 19.9 millones de trabajadores.
Según el Inegi, la tasa de informalidad laboral en septiembre de 2020 fue de 54.9%, por lo cual 28 millones de personas también son objeto de “prácticas abusivas o simuladas en perjuicio de los derechos de los trabajadores”, como lo señala la iniciativa.
Si bien la iniciativa generó el descontento del mayor sindicato patronal de México, la Coparmex, el senador Ricardo Monreal se asumió como mediador al señalar que “cuando llegue la iniciativa presidencial para regular el outsourcing al Senado, ésta se analizará en conjunto con empresarios” porque el objetivo es evitar la evasión de impuestos, de cuotas del IMSS, del Infonavit y la defraudación fiscal.
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