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Redacción ejecentral

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado y su coordinadora Geovanna Bañuelos acordaron retirar del orden del día para el segundo periodo extraordinario de sesiones en esta instancia legislativa la Ley General de Salud Mental, la cual fue señalada por organizaciones, colectivos y la misma CNDH como estigmatizante y violatoria de derechos humanos.

“Hemos solicitado de manera formal al presidente de la Junta de Coordinación Política que retire del periodo extraordinario la discusión y el debate de la Ley General de Salud Mental”, indicó la legisladora del PT a través de un video dado a conocer por el senador Ricardo Monreal.

“En el Partido del Trabajo – continuó la senadora – estamos convencidos de que no podemos postergar las decisiones y la responsabilidad del Estado mexicano a la atención de esta grave problemática que enfrentamos en el país y que tristemente cada vez se va acentuando”.

Asimismo, Bañuelos indicó que se le ha solicitado a Monreal Ávila abrir los canales de discusión y de debate, que se sea incluyente en torno al tema de la salud mental y se abra a parlamento abierto en el mes de septiembre.

Por su parte, Ricardo Monreal se dijo contento por la sensibilidad mostrada por el Grupo Parlamentario del PT y con la posibilidad de abrir esta ley a parlamento abierto, pues con esto “vamos a poder darle a la sociedad un instrumento jurídico indispensable, que es en materia de salud mental”.

El pasado 21 de julio la Junta de Coordinación Política del Senado acordó ir a un segundo periodo extraordinario de sesiones en cuyo orden del día se incluiría la discusión de la iniciativa de decreto para expedir la Ley General de Salud Mental, reformas en materia de prisión preventiva oficiosa, el nombramiento del titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, entre otros.

De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, esta ley promovida por Geovanna Bañuelos viola derechos humanos al legalizar internamientos involuntarios, tratamientos forzados y desconoce la capacidad jurídica de personas con discapacidad.

Ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos instó al Senado de la república a revisar esta ley, pues consideró que es estigamtizante y vulnera diversos artículos de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. CJG

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