El cambio de auditor superior de la Federación se tradujo de inmediato en una baja en el rendimiento de la institución encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos, de detectar malos manejos y recomendar ajustes para evitar fugas de presupuesto.
En el primer informe parcial de la Cuenta Pública 2017, las recuperaciones detectadas —así le llama la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los recursos que fueron ejercidos de manera irregular— ascendieron a 4 mil 205 millones de pesos, lo que equivale a la quinta parte de los 21 mil 900 millones de pesos hallados en el primer informe parcial de 2016.
El pasado 15 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó el nombramiento de David Colmenares Páramo como nuevo titular de la ASF, en sustitución de Juan Manuel Portal.
El relevo, que se empalmó con las campañas presidenciales, se concretó después de dos meses y medio en que la institución estuvo acéfala debido a la falta de acuerdo entre los legisladores para nombrar a la persona encargada de fiscalizar los dos últimos años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
En la primera entrega de la Cuenta Pública 2016 se realizaron 502 auditorías, lo que dio un promedio de 43.6 millones de pesos en recuperaciones por cada investigación; en cambio, para la primera entrega de 2017 se hicieron 337 auditorías, lo que da un resultado de 12.2 millones de pesos de recuperaciones por cada pesquisa. Es decir, el hallazgo de dinero mal gastado bajó 72 por ciento.
Ahora todo está perfecto
El sector presupuestal donde se redujo de manera más drástica el hallazgo de inconsistencias es el denominado Desarrollo Social, en el que se encuentran los rubros correspondientes a educación pública, cultura, instituciones públicas de educación superior, salud y combate a la pobreza.
En el primer informe parcial de 2016 se descubrieron irregularidades por 883.1 millones de pesos, mientras que para 2017 fueron de sólo 34.1 millones, es decir, se redujo 96 por ciento.
En la primera entrega de 2016, el sector educación pública (en ese entonces a cargo de Aurelio Nuño, quien por primera vez rendía cuenta de un año completo de gestión) tuvo faltantes por 605.4 millones de pesos y las universidades públicas por 185.7 millones. Sin embargo, para 2017, el sector de Nuño, el malogrado coordinador de campaña de José Antonio Meade, sólo presentó faltantes por 144 mil pesos, o sea, una atípica reducción de 99.9 por ciento.
Respecto a las universidades públicas —que desde hace cinco años han sido señaladas por triangular recursos públicos, subcontratar más allá de lo que marca la ley y fallar en la entrega de obras y servicios a Pemex, Sagarpa, Sedesol y Sedatu— la disminución fue de 100 por ciento. Mientras que hace uno año se identificaron 185.7 millones mal utilizados, este año tuvo cero recuperaciones.
Una de las instituciones que más ha sido reportada por la ASF debido a los esquemas para la triangulación de recursos a través de empresas fantasmas es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encabezada por Rosario Robles Berlanga, la secretaria de Estado con más faltantes en la historia de la ASF. Sin embargo, la dependencia no aparece en la primera entrega de la Cuenta Pública 2017.
Hace un año, el informe de la ASF reportó los resultados de 11 auditorías realizadas a Sedatu, las cuales dieron a conocer faltantes por dos mil 797 millones de pesos. No obstante, en el informe más reciente no se dieron a conocer los resultados de la revisión a la dependencia que encabeza Robles, pese a que el Programa Anual de Auditorías 2017 contempla nueve investigaciones.
Respecto al gasto federalizado —recursos que el gobierno federal transfiere a estados y municipios para desarrollo social y seguridad— el primer informe de David Colmenares, nuevo auditor superior, también muestra descensos notables. Mientras que la primera parte de la Cuenta Pública de 2016 notificó insolvencias por 17 mil 971 millones de pesos, para la presente entrega sólo se dio cuenta de tres mil 691 millones, esto es, otra inusual reducción de 80 por ciento.
Los estados “limpios”
Veracruz es un caso que llama la atención. Mientras que en el primer tomo de 2016 —último año de la gestión de Javier Duarte— se reportaron daños a la hacienda pública por tres mil 192 millones de pesos, para 2017 —primer año del gobernador Miguel Ángel Yunes— sólo hubo anomalías por 4.6 millones, es decir, 700 veces menos.
Oaxaca, Michoacán y Guerrero también tuvieron descensos atípicos en el hallazgo de irregularidades. En el primero caso, los faltantes pasaron de dos mil 340 millones en el último año del gobernador Gabino Cué a 434 millones en el primer año de Alejandro Murat (bajó
81%). En el segundo caso los montos sin comprobar en el gobierno de Silvano Aureoles pasaron de dos mil 414 millones en 2016 a 292 millones en 2017 (bajó 87.8%). Y en el tercer caso, las inconsistencias en el gobierno de Héctor Astudillo pasaron de mil 79 millones en 2016 a 298 millones en 2017 (bajó 72 por ciento).
Desde su nombramiento, en marzo de 2018, Colmenares ha cambiado a los titulares de la Dirección General Jurídica, Auditoría de Desempeño, Gasto Federalizado, Auditoría Forense y Transparencia.