A seis años del ataque y desaparición de los 43 estudiantes normalitas de Ayotzinapa, el gobierno federal alista la detención de integrantes de las Fuerzas Armadas y de la desaparecida Policía Federal por su probable participación en lo que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero calificó como un “encubrimiento generalizado” por parte de la “cúspide del poder” del gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto.
Sin revelar detalles respecto al número de personas, rangos, nivel probable de participación o la especificidad de los delitos por los cuales podrían ser detenidos elementos del Ejército y las fuerzas federales, tanto el titular de la FGR, como el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez confirmaron que por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 había órdenes de aprehensión vigentes en contra de militares y policías federales.
Respecto a las tareas de impartición de justicia, se avanza en dos líneas: por un lado, la identificación, detención y castigo de los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de los estudiantes, entre los que se encuentran integrantes del cártel de Guerreros Unidos, policías municipales, integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad; así como en la identificación y detención de las autoridades y servidores públicos, que por acción, omisión o complicidad incurrieron en delitos vinculados con la desaparición forzada”, sostuvo el subsecretario de la Segob, sin especificar sobre cuántos de estos elementos es que pesaban acusaciones.
Al salir del informe que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dirigió a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos en Iguala, con motivo del primer lustro de los hechos, el subsecretario Encinas Rodríguez respondió a los medios de comunicación que debería ser la Fiscalía General la instancia encargada de revelar sobre cuantos elementos se habrían obtenido las órdenes de aprehensión.
Durante el evento que tuvo lugar en el patio central de Palacio Nacional, la señora María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los 43 normalistas desaparecido, tomó la palabra en representación de los familiares de los jóvenes y lamentó que a seis años aún no se tengan un avance significativo de la investigación, e incluso cuestionó al presidente sobre cuándo será que se finquen responsabilidades contra los militares.
Dicen que a nuestros muchachos se los entregaron a la delincuencia. A nosotros no nos interesa eso, se los llevaron los policías, participaron militares, hubo videos, hubo fotografías, operaron el C4, ¿Dónde están todas esas pruebas? ¿Dónde quedaron? y ¿Cuándo les van a llegar a los militares, señor?”, cuestionó al presidente López Obrador, la señora María Martínez quien también reconoció la disponibilidad y la calidad humana que ha mostrado el mandatario a diferencia de su antecesor.
“Pero si pedirle que apriete un poquito más. Nosotros (los padres y madres de los normalistas) queríamos llegar legar hoy 26 pues con algo más ¿no? Entiéndanos, ya seis años y pues no tenemos nada. Sí nos dolió que el año pasado estuvieron saliendo varios (presuntos responsables) libres, llevándose información; nos da coraje ver que los detienen, pero están encarrados y no dicen nada, no dan la información que tienen”, acusó Martínez Zeferino
Al tomar la palabra vía remota desde videoconferencia, el fiscal general Alejandro Gertz Manero reiteró que en el llamado caso Iguala se el gobierno anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto fungió como “el operador de un encubrimiento generalizado”, en el que aseguró que “desde la cúspide del poder, hasta los operadores más elementales-, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar, con impunidad y con escándalos mediáticos, una trama que ahora se ha logrado exhibir en toda su crudeza y realidad”.
En ese afán, señaló el funcionario federal, de ocultar la verdad respecto a los hechos, que a la fecha siguen bajo indagatoria aun sin una respuesta de qué ocurrió con los estudiantes, como reclamaron los familiares de las víctimas, se trató de “justificar lo injustificable, manipulando evidencias y encubriendo tanto delitos, como a delincuentes”.
Y añadió que “la presencia de los estudiantes fue un coincidente letal, en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, sus encubridores y socios, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal y en los distintos organismos y fuerzas del Estado mexicano que tenían presencia en ese lugar”, en referencia a la ciudad de Iguala, Guerrero donde ocurrieron los hechos, y que reconoció como un “centro neurálgico de distribución de la droga que se produce en la Sierra de Guerrero”.
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