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En un intento por mitigar el aumento de migrantes mexicanos en EU y para subir sus bonos ante Donald Trump, el gobierno mexicano quiere reeditar el plan que echaron a andar Ávila Camacho y Roosevelt
La creación de una Comisión Bilateral sobre Mercados Laborales, programas de capacitación que aumenten el nivel de calificación de los empleados en el aprendizaje del inglés y estancias de trabajo hasta por tres años, que puedan renovarse en dos ocasiones, forman parte de la propuesta Bracero que México formuló a Donald Trump y que recibió “positivamente”.
Se trata de una versión desempolvada y corregida del Mexican Farm Labor Agreement, acuerdo de trabajadores temporales agrícolas entre México y Estados Unidos, y que será una propuesta específica dentro de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Esta propuesta fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto al mandatario estadunidense el pasado 7 de julio en Hamburgo, Alemania, en el contexto del G20, y parte de un estudio elaborado por el Centro para el Desarrollo Global (CGD, por sus siglas en inglés), titulado Una nueva visión de la cooperación entre Estados Unidos y México en materia de movilidad laboral, dirigido por el expresidente de México, Ernesto Zedillo; el exsecretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, y el economista Michael Clemens.
Versión remasterizada
Coloquialmente, al Mexican Farm Labor Agreement se le conoció por décadas como el Programa Bracero, implementado para cubrir la demanda de mano de obra en el campo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra contra Vietnam, aunque el canciller Luis Videgaray indicó en una entrevista radiofónica que era “una idea nueva, algo que no estaba en la agenda: explorar juntos nuevos mecanismos de migración para trabajadores temporales agrícolas (…) teniendo como referencia el programa que tenemos con Canadá”.
A diferencia del programa que establecieron de 1942 a 1964 Manuel Ávila Camacho y Franklin D. Roosevelt, una de las novedades de esta versión del proyecto en el siglo XXI, recae en la creación de una Comisión Bilateral sobre Mercados Laborales, como organismo asesor y programas de capacitación laboral que aumenten el nivel de calificación de los empleados en el aprendizaje de lengua inglesa.
La lista completa de trabajos que ofrece el programa deberá ser de acceso público en internet con un formato transparente para “disminuir la preocupación de los trabajadores estadunidenses de no tener información acerca de la disponibilidad de puestos de trabajo ofrecidos a ciudadanos mexicanos (…) y reduciría notablemente la posibilidad de los intermediarios del mercado negro”.
El plazo propuesto por el Centro para el Desarrollo Global corresponde a tres años como máximo y con oportunidad de renovarse hasta dos veces, y las condiciones para cualquier modificación sobre la residencia permanente de un trabajador, miembros de su familia o de ambos, serán determinadas por el gobierno de Estados Unidos. Además, en el tiempo de vigencia de la visa, el trabajador podrá cruzar la frontera ilimitadamente.
Incluye impuestos
El estudio asegura que “en los próximos años habrá menos presión migratoria desde México”, tesis fundamentada en la transición demográfica en México y las tasas de fertilidad de ambos países, actualmente similares, por lo que la propuesta del Centro para el Desarrollo Global indica un convenio regulatorio bilateral para disminuir “drásticamente” el número de mexicanos que emigran ilegalmente, cuando las medidas para hacer cumplir la ley se combinan con una flexibilidad hacia los cambios económicos.
Frente a los súbitos aumentos de trabajadores, el número de nuevas visas disponibles comenzará con una cantidad fija el primer año, que puede aumentar únicamente a razón de una cifra fija en cada año subsiguiente y que regresará al valor inicial cuando sea muy alto el nivel de desempleo en Estados Unidos, aunque pueden ser susceptibles de negociación e incluyendo a aquellos sectores en los que hay oferta y demanda de mano de obra mexicana.
Los expertos del estudio aseguran que la rigidez de las regulaciones sobre movilidad laboral afecta la seguridad en la frontera en detrimento de ambos países, por lo que recomiendan eliminar la intermediación laboral por parte de “seleccionadores ilegales y abusivos” en México, además de financiar su implementación y generar canales de negociación entre las organizaciones de trabajadores y los gobiernos.
En tanto, los empleadores deben presentar una solicitud de permiso de contratación aprobada ante la dependencia regional correspondiente del Departamento de Trabajo de estadunidense, que deberá ser renovada cada tres años, y en la que deberán dar fe de que le pagarán a los trabajadores extranjeros el salario percibido por los estadunidenses que realizan iguales tareas y que las condiciones laborales de los extranjeros no afectarán las condiciones laborales y remuneración de los trabajadores locales contratados en similares condiciones.
Posteriormente, deberán abonar al gobierno mexicano un arancel por contratación no reembolsable, en una sola exhibición, por cada nuevo jornalero que llegue al momento de la primera emisión de la visa.
Por cada trabajador, los empleadores deberán pagar al Servicio de Ciudadanía y Migración de EU (USCIS, por sus siglas en inglés) un arancel trimestral no reembolsable para la preferencia de trabajadores estadounidenses, monto correspondiente a un porcentaje fijo de los salarios pagados a cada empleado.
Una de las similitudes que guarda esta versión con el Programa Bracero de los años 40 es la formación de una cuenta de integración a partir del depósito del 10% de las ganancias trimestrales de cada trabajador que quedará en poder del USCIS que abonará los intereses, a fin de que el monto que le será entregado tres meses después de regresar, represente un incentivo una vez que expire la vigencia de su visa.
Aunque aquellos trabajadores que sean titulares de visas, deberán pagar impuestos federales, estatales y locales, tal como sus compañeros estadunidenses, con excepción de las contribuciones de Seguridad Social.
Una deuda pendiente
La demanda de mano de obra en el campo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial fue el detonante para que los gobiernos de México y Estados Unidos comenzaran en 1942 un acuerdo laboral para que trabajadores mexicanos trabajaran en el campo estadunidense; aunque antes de 1954, el número de permisos de empleo se establecía de manera arbitraria y rígida, lo que provocó el aumento de la migración mediante el mercado negro.
El programa ofrecía un pago inmejorable, comparado con el salario recibido por la misma labor en el campo, en México, además de comidas, alojamiento y un fondo de ahorro integrado por descuentos que les devolverían una vez que regresaran a territorio nacional.
Aunque el capital nunca llegó a sus destinatarios, quedando irresuelta la deuda por más de medio siglo, los exbraceros que aún quedan en el país continúan con su demanda: que el gobierno mexicano les liquide el dinero descontado para el fondo de ahorro.
Efraín Arteaga Domínguez, líder del Frente de Exbraceros en Lucha, A.C., asegura que el adeudo para liquidar a más de 600 jornaleros que laboraron durante el Programa Bracero de la entidad es cercano a tres millones de pesos que los gobiernos estatales aún no liquidan, por lo que dijo desconfiar de los frutos y bondades de una nueva versión.