Foto: Cuartoscuro

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Juan Carlos Rodríguez

Las universidades públicas siguen formando parte de un esquema de corrupción en el que ofrecen obras y servicios al gobierno federal, pero terminan subcontratando a empresas que finalmente no cumplen con los contratos. En 2018, el daño al erario por estas prácticas ascendió a 745 millones 287 mil 456 pesos, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Para el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, la ASF realizó ocho auditorías forenses a mismo número de instituciones de educación superior. Dicha estrategia, de acuerdo con el auditor superior, David Colmenares, responde a la necesidad de dar seguimiento al esquema conocido como “estafa Maestra”, en la que se vieron involucradas las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cuando eran encabezadas por Rosario Robles.

De acuerdo con la tercera y última entrega del informe de fiscalización a la Cuenta Pública de 2018, la institución educativa que presentó las mayores irregularidades es el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (Itesco), con sede en Veracruz, con un monto de 282 millones 426 mil 992 pesos pendientes de aclarar.

Al no contar con la capacidad, técnica, material, humana y financiera, para realizar obras y servicios, el Itesco incumplió contratos con Diconsa, Caminos y Puentes Federales (Capufe), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)

Falta reiterada

“Durante cinco años consecutivos, la ASF ha identificado que de manera irregular las universidades e Institutos públicos de educación superior han suscrito diversos contratos, convenios, anexos técnicos y otros instrumentos jurídicos con la Administración Pública Federal; además ha detectado también diversos incumplimientos en cuanto a la ejecución de los trabajos y/o servicios convenidos, derivados de la falta de supervisión, control y seguimientos por parte de las dependencias y entidades del gobierno federal, así como pagos injustificados y que no cuentan con la documentación comprobatoria respectiva”, refiere el órgano fiscalizador en la auditoría 2018-4-99384-23-0136-2019.

Esta situación, según la ASF, ha derivado de la práctica recurrente de hacer adjudicaciones directas a universidades públicas o institutos de educación superior para realizar consultorías, servicios y asesorías al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), sin cumplir con los requisitos mínimos que marca la ley.

Desfalco en el agro

Otra de las universidades que incurrió en dicha práctica es el Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales (Colmern), con sede en Texcoco, Estado de México, que tuvo irregularidades por 164 millones 96 mil 969 pesos.

De acuerdo con la auditoría forense 2018-4-99495-23-0137-2019, durante 2018, el Colmern suscribió convenios con la Sagarpa, de los cuales no comprobó la adecuada utilización de los recursos federales destinados a la supervisión de programas como Fomento a la Agricultura, Energías Renovables, Mejoramiento Productivo del Suelo y Agua, Incentivo a Recuperación de Suelos con Degradación Agroquímica y Sistemas de Riego Tecnificado.

Además, en relación a la ejecución de programas como Apoyos a Pequeños Productores e Impulso Productivo al Café, “se identificó un mal uso de los recursos federales recibidos, con el que realizaron diversas erogaciones que no cumplen con el objeto del convenio de concertación; toda vez que no existe documentación comprobatoria y justificativa de los mismos; adicionalmente, los beneficiarios de estas erogaciones no se encuentran en el padrón de beneficiarios del Programa de Apoyos a Pequeños Productores”.

Anomalías en el campus
Otras instituciones de educación superior que se vieron implicadas en malas prácticas, de acuerdo con el informe de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública de 2018, son:
Universidad Politécnica de Huatusco (Veracruz)
Monto por aclarar: 91 millones 272 mil 914 pesos
Instituciones defraudadas: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

Anotación de la ASF:
“Más allá de no tener la capacidad para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de elementos de convicción que permitan sustentar su elección en las mejores condiciones del mercado, los resultados y la evidencia, derivados de las revisiones forenses muestran claramente la trazabilidad y acciones desplegadas para
desviar el recurso; el esquema fraudulento se amplió en años recientes, a la contratación de entes estatales en áreas de comunicación social, las cuales a su vez generan el mismo patrón de comportamiento para subcontratar a las empresas y personas físicas designadas”.
Universidad Autónoma Chapingo (Edomex)
Monto por aclarar: 35 millones 749mil 494 pesos
Instituciones defraudadas: Diconsa, Sedesol, Comisión Nacional Forestal (Conafor) y Sagarpa
Anotación de la ASF:
“En las revisiones forenses realizadas con anterioridad, se han identificado que, además de no tener la capacidad para cumplir con los servicios requeridos y de carecer de elementos que permitan sustentar su elección en las mejores condiciones del mercado, los resultados y la evidencia obtenida por medio de dichas revisiones
demuestran que subcontratan a terceros para la realización del 100% de los servicios”.
Universidad Politécnica de Sinaloa
Monto por aclarar: 35 millones 709 mil 83 pesos
Instituciones defraudadas: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca(Conapesca), Secretaría de Educación Pública (SEP), Instituto Nacional de Emprendedores (Inadem), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y Nacional Financiera (Nafin).
Anotación de la ASF:
“La Upsin no acreditó la prestación de servicios que debió otorgar a diversas entidades y dependencias de la administración pública federal. No acreditó la aplicación de recursos federales destinados a apoyos de diversos programas. La Upsin, ni su rector, contaban con facultades y capacidad jurídica para suscribir los convenios, contratos y/o diversos instrumentos jurídicos, por lo que recibió los recursos públicos federales en el ejercicio fiscal 2018”.
Universidad Tecnológica de Campeche
Monto por aclarar: 90 millones 843mil 826 pesos
Instituciones defraudadas: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).
Anotación de la ASF:
“La ASF detectó irregularidades en las operaciones de subcontratación bajo el esquema que permite el artículo 1 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). Se identificaron servicios realizados por los subcontratados irregulares e inexistentes. Transferencia de recursos públicos para dispersar los recursos recibidos por medio de empresas vinculadas, las cuales no cuentan con los activos, personal, infraestructura o capacidad para prestar los servicios convenidos. Inexistencia de los proveedores subcontratados”.
Universidad Autónoma de Nuevo León
Monto por aclarar: 45 millones 188 mil 178 pesos
Instituciones defraudadas: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), SEP, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM).
Anotación de la ASF:
“La Universidad Autónoma de Nuevo León no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, toda vez que llevaron a cabo la subcontratación de terceros para llevar a cabo los servicios convenidos con las dependencias y entidades por un monto que excede el 49.0% establecido en la normatividad aplicable”.

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