La acción climática desde abajo

25 de Mayo de 2024

Juan Antonio Le Clercq
Juan Antonio Le Clercq

La acción climática desde abajo

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A partir de 1992, con la firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la comunidad internacional se ha dado a la tarea de establecer obligaciones y responsabilidades para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentar programas de adaptación ante las consecuencias inevitables del aumento en la temperatura, garantizar flujos de financiamiento en beneficio de los países de bajos recursos o más vulnerables ante fenómenos extremos y vincular la acción climática con los objetivos para el desarrollo sostenible.

Treinta y cuatro años después, luego de 28 COPs, dos protocolos que operacionalizan los objetivos de la Convención Marco, un sinfín de documentos y acuerdos de diversos tipos, así como mesas de trabajo, conferencias especializadas y eventos paralelos, los resultados obtenidos son muy cuestionables, considerando que los compromisos de mitigación acordados en el Acuerdo de París son insuficientes para evitar aumentos en la temperatura por encima de 2ºC, los programas de adaptación son pocos y en muchos casos se implementan mal, el financiamiento no ha fluido de acuerdo con los compromisos adquiridos y, a pesar de que se ha creado un mecanismo para tender pérdidas y daños, no es claro que contará con los recursos que requieren los países de bajos recursos y los más vulnerables.

En resumen, los resultados de la política climática global dejan mucho que desear y es poco probable que veamos acciones más ambiciosas y responsables en los próximos años. A lo que hay que añadir la tendencia reciente a capturar la organización y acuerdos de las COP por parte de intereses cercanos a las empresas extractoras de hidrocarburos. Ante la emergencia climática predomina el blablablá climático.

Algunos motivos para el optimismo provienen de esfuerzos de abajo hacia arriba, desde países altamente vulnerables a impactos destructivos de fenómenos naturales más extremos, a pesar de haber contribuido poco al calentamiento global, y por parte de organizaciones sociales y colectivos ciudadanos que exigen a sus gobiernos el compromiso con acciones más ambiciosas y la protección de derechos ambientales.

Por un lado, el Estado de Vanuatu impulsó en las Naciones Unidas una solicitud de opinión consultiva a la Corte Penal Internacional, probada por la Asamblea General de la ONU en 2022, que plantea dos preguntas centrales: cuáles son las responsabilidades de los países ante el cambio climático y qué responsabilidades jurídicas se desprenden en particular para proteger a los pequeños Estados insulares en desarrollo, los pueblos y las generaciones presentes y futuras vulnerables ante los efectos adversos del cambio climático. Lo que determine la Corte Internacional de Justicia tendrá repercusiones trascendentales para entender el alcance de las responsabilidades y obligaciones de los Estados desde un enfoque de justicia climática.

Por otro lado, el martes 9 de abril, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a Suiza por violar el derecho al respeto de la vida privada y familiar de acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, a partir de una denuncia presentada por la asociación Ancianas por el clima hace ocho años. Se espera que la sentencia tenga una influencia directa en los Estados miembros del Consejo de Europa y que, como resultado, incremente la exigencia de acciones climáticas más ambiciosas desde la Unión Europea hacia otras regiones. Este es uno de muchos procesos de litigio climático que tienen lugar como resultado de que grupos de ciudadanos, en muchas ocasiones jóvenes, denuncian a sus propios gobiernos ante la falta de acciones relevantes para detener la emergencia climática.

Lo que estos ejemplos nos señalan es que ante décadas de pocos resultados y mucha inacción, evitar que el aumento en la temperatura alcance niveles que se traduzcan en riesgos y daños catastróficos irreversibles, dependerá de la acción colectiva a través de mecanismos legales, nacionales e internacionales, impulsada por ciudadanos, comunidades locales, pueblos indígenas y pequeños Estados altamente vulnerables.

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