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Jonathan Nácar

En México no hay un pleno disfrute ciudadano de los derechos políticos y las libertades civiles. Al contrario, “la impunidad desenfrenada, la violencia perpetrada por delincuentes organizados, la corrupción entre funcionarios y los abusos de los derechos humanos” hacen que nuestro país se encuentre entre los 63 de 195 países evaluados por la organización Freedom House (FH) como “parcialmente libres”.

Ocupando la posición 62 del ranking de libertad en los diferentes países del mundo según datos de 2019, la organización defensora de la democracia advierte que el país “sufre graves deficiencias en el estado de derecho” en el que el funcionamiento del gobierno, particularmente a nivel local, se ve limitado por la persistencia del crimen organizado y la violencia para infiltrarse en los gobiernos para saquear las arcas municipales y garantizar su propia impunidad.  

Un ejemplo de esta situación persistente, señala el informe, es la desaparición “masiva notoria y aún sin resolver” de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, en la cual asegura la organización no gubernamental “estuvo vinculada a un gobierno local profundamente corrupto que colaboraba con una banda de narcotraficantes, así como a un grupo de soldados corruptos que residían en un cuartel cercano”.

 Para Freedom House los desafíos de gobernanza más visibles que hacen de México una nación parcialmente libre ya han trastocado las altas calificación de aprobación con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en diciembre de 2018, la cual comenzó a disminuir a finales del año pasado debido “a la grave situación de seguridad de México afectó las opiniones de los votantes sobre su desempeño”.

Las decisiones y acciones del actual gobierno tampoco han contribuido a mejorar las percepciones de un país en el que la organización, cuya metodología para su informe anual sobre el estado de la libertad en el mundo se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, considera que “la corrupción oficial sigue siendo un problema grave; y el sistema de justicia de México está plagado de demoras, imprevisibilidad y corrupción, lo que lleva a la impunidad”.

Dentro de las condiciones claves que marcaron el 2019, Freedom House apunta la creación de la Guardia Nacional, la cual fue criticada por los activistas como la “militarización de la seguridad pública”;  la cantidad de muertes atribuidas al crimen organizado se mantuvo en máximos históricos en 2019, y como ejemplo de la magnitud del desafío de la autoridad estatal ante la criminalidad recordaron la liberación en octubre pasado del capo Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, “cuando los soldados y la policía se vieron obligados a liberar a un capo acusado del narcotráfico en Sinaloa después de una violenta batalla con miembros del cártel”.

De igual manera, sentencia el informe, “México cedió a la presión estadounidense y acordó detener, disuadir y deportar a los solicitantes de asilo y migrantes que viajaban por México a su frontera con Estados Unidos en mayo y junio, luego de que el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles punitivos. El gobierno ordenó que casi la mitad de la nueva Guardia Nacional aplicara esta política, desviándola parcialmente de su mandato de lucha contra el crimen”.

Aunque en la visión general del país se considera a México como una nación con una democracia electoral que se remonta desde 2000 donde la alternancia en el poder entre los partidos “es rutinaria” tanto a nivel federal como estatal, el informe del FH lamenta que la campaña electoral de la que resultó ganador el actual presidente de la Repúblicaestuvo marcada por la violencia y las amenazas contra los candidatos a cargos estatales y locales, con un recuento final de al menos 145 muertes relacionadas con las elecciones, en donde “las acusaciones de actividades ilícitas de campaña siguieron siendo frecuentes a nivel estatal y municipal”.

Si bien se considera que la administración de López Obrador ha perseguido la corrupción de manera más activa a diferencia que las administraciones anteriores, el informe del país indica que el problema persiste debido a que los miles de millones de dólares en dinero de drogas ilegales que ingresan al país cada año desde los Estados Unidos afectan profundamente la política, aunado al fraude desenfrenado de los contratos públicos y otras formas de desviar los fondos estatales. “Los intentos de enjuiciar a los funcionarios por presunta participación en actividades corruptas o criminales a menudo han fallado debido a la debilidad de los casos presentados por el estado”.

En ese último punto, el informe Libertad Global 2020 del FH que ubica a Venezuela, Nicaragua y Cuba como los únicos países del hemisferio occidental en clasificar como naciones sin libertad, de una lista de 49 naciones en esta categoría, advierte sobre las ineficiencias del poder judicial en el país, en el que si bien la implementación del nuevo sistema acusatorio “ha avanzado lentamente y algunos elementos del debido proceso han mejorado”, los grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por las deficiencias en curso, incluidas las preguntas sobre imparcialidad judicial y capacitación.

“Los mexicanos están sujetos a la amenaza de violencia a manos de varios actores, incluidos delincuentes individuales, carteles de drogas que operan con impunidad y agentes de policía que a menudo son susceptibles de soborno. Los mexicanos son particularmente vulnerables a las desapariciones forzadas, lo que sigue siendo un gran desafío para el gobierno a pesar de los esfuerzos para abordar la acumulación de personas desaparecidas en los últimos años”, señala Freedom House.

En cuanto al entorno de seguridad para los periodistas en la edición 2019 del ranking el FH sostiene que “sigue siendo muy desafiante”, debido a que los periodistas que investigan temas como los problemas policiales, el tráfico de drogas y la corrupción oficial enfrentan un riesgo cada vez más alto de daño físico.

Al respecto el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) registró la muerte de cinco periodistas en México en 2019; lo cual representó más de la mitad de todos los asesinatos registrados por el CPJ en todo el mundo ese año.

En cuanto a la autonomía personal y derechos individuales se señala que aunque los ciudadanos son generalmente libres de cambiar su lugar de residencia, empleo o educación. No obstante, los delincuentes “han impedido la libertad de movimiento al bloquear las carreteras principales en varios estados en los últimos años, y los ciudadanos comunes evitan las carreteras en muchas áreas rurales después del anochecer”.

Donde crímenes como el abuso sexual y la violencia doméstica contra las mujeres son comunes, y los perpetradores rara vez son castigados  (…)  “Las autoridades estatales pueden emitir ‘alertas de género’ que desencadenan un mayor escrutinio y una afluencia de recursos para combatir una epidemia de violencia contra las mujeres, pero el mecanismo no ha logrado detener la creciente violencia. A partir de noviembre, siete estados, incluida Baja California, se han negado a emitir estas alertas.

Sin embargo, el gobierno de López Obrador fue criticado por las activistas por los derechos de las mujeres en 2019 cuando recortó los fondos para refugios para mujeres“.   

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