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Jonathan Nácar y María Idalia Gómez

La crisis por falta de agua coloca a México en un punto sin retorno, con el 80% del territorio en graves condiciones de sequía, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua). A pesar de la gravedad de este escenario, la falta de supervisión y posibles complicidades dentro del propio organismo, han provocado que grupos económicos y políticos se apoderen de este recurso.

Documentos en poder de ejecentral revelan que esto ocurre en Baja California Sur. Tan sólo nueve familias controlan el 20% del agua. Este grupo ha logrado concentrar tal número de concesiones que, legalmente, pueden explotar lo que corresponde a tres comunidades de la misma entidad, con unos 80 mil habitantes.

Se trata de líderes panistas de la región, entre quienes encuentra el exgobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor; así como su sobrino, el expresidente municipal de Comondú, y actual abanderado del PAN a la gubernatura del estado, Francisco Pelayo Covarrubias, quienes junto con al menos dos candidatos más, también de extracción blanquiazul, entre otros funcionarios, forman parte de esas nueve familias que integran el “Grupo Comondú”.

Documentos internos de la propia Conagua, denuncias penales en poder de ejecentral y testimonios recabados, muestran que se calcula una sobreexplotación del acuífero en más de 72 millones 125 mil metros cúbicos (m3) para el ciclo agrícola 2020-2021, aunque hay especialistas que consideran que dicha sobrexplotación podría ser de al menos el doble.

Para tener una idea de la dimensión del poder de este grupo, en un estado donde el agua es el tesoro más valioso, el exgobernador Covarrubias Villaseñor y familia, tienen 22 títulos de concesión, con un volumen que asciende a los 4 millones 174 mil 650 metros cúbicos al año, lo que equivale a la mitad de toda el agua que recibe el ayuntamiento de Comondú.

La situación de distribución del agua, por una mala administración, no ha cambiado y, por el contrario, se ha ido agravando desde la llegada del ingeniero Justo Cardoso García a la dirección local de la Comisión Nacional del Agua, en febrero del año pasado. Desde entonces, no se realizan las supervisiones que ordena la ley, ni los cálculos de explotación versus la producción agrícola o se ha solicitado a la CFE la información sobre la operación de los pozos, para conocer las cifras reales de explotación del acuífero. Los testimonio, de quienes conocen la operación de Conagua, pero que pidieron el anonimato por seguridad, sostienen que las visitas que se llegan a reportar se hacen “a modo”, ya que previamente se da aviso a estas familias para que no se reporten irregularidades.

La problemática se ubica en el Distrito de Riego 066 “Santo Domingo”, también conocido como el “Valle de Santo Domingo”, el único existente en el estado y donde se concentra la principal zona agrícola de la entidad, por lo que su relevancia y uso debe servir para todos; sin embargo, la injerencia que ejerce la Asociación de Usuarios de Agua para fines Agropecuarios de dicho distrito, la cual preside José Córdova Urrutia, otro de los concesionarios líderes del grupo, son en realidad quienes deciden quién puede explotar el líquido y quién no, sostiene una de las denuncias.

Los números son contundentes: tan sólo en el último lustro escaló el déficit de agua en al menos 30 millones de metros cúbicos, según lo publicado el año pasado por la propia Conagua en el Diario Oficial. Dicho en otras palabras: “en Baja California Sur no hay agua”, advierten fuentes de primer nivel consultadas por este periódico sobre la operación de este grupo, que en la comunidad se percibe como un elaborado “esquema de instrumentación político-económico” del que se tienen plenamente identificados a los responsables. Pero ninguna autoridad es capaz de sancionarlos.  

A poco más de un año de haber llegado a dirigir la Conagua en Baja California Sur, en la administración de Cardoso García estas familias han aumentado su poder. Un ejemplo de cómo han diversificado y ampliado el control del agua en la región es la concesión que la Conagua estatal concedió a un menor de edad, quien es hijo Ricardo Barroso Agramont, otro de los concesionarios del grupo y actual candidato del PAN a la presidencia municipal de La Paz.

Aunque en entrevista con este periódico, el director Justo Cardoso sostuvo que el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales “no establece la prohibición alguna para que los menores de edad pueden ser titulares de concesiones”.

Todo esto ocurre sin que la directora general de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, quien dejará el cargo para desempeñarse como embajadora de Francia, según reveló el pasado 9 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador, aparentemente tenga conocimiento, debido a que los reportes y procedimientos sobre las irregularidades detectadas en ese Distrito no avanzan o se omiten por la dirección estatal, según lo evidencian los propios informes de la Conagua en los que se advierte, por ejemplo, el incumplimiento de la normatividad vigente para el cierre de pozos en general del Distrito, y a pesar de  ello siguen siendo beneficiados con los apoyos del gobierno federal y estatal.

En contrario, hay en la región decenas de familias que deben pasar hasta 25 días sin acceso a agua potable, por lo que llegan a gastar entre 800 y mil pesos a la semana para poder comprarla a través de una pipa para solventar las necesidades básicas, como el aseo personal, el uso sanitario, y la limpieza de alimentos y enseres del hogar. Pero, esa sólo es una cara de la trágica situación, pues la producción agrícola complementa la crisis.

“Somos el séptimo estado más grande de la Republica, y el que menos agua tiene. Nuestra situación es más o menos comparable con cómo está Israel o algunas zonas del desierto de África, así es la situación con la escasez de agua aquí. Nuestra única esperanza y nos alegramos de que se nos acerque un huracán”, reconoce un habitante de la zona centro del municipio de La Paz, al reconocer que generalmente la principal manera para conseguir agua es precisamente con el pago de pipas.

LA SEQUÍA PERMANENTE

En medio de un paisaje contrastante al estar rodeados por la magnificencia del Océano Pacífico, el mar de Cortez, y una amplia extensión de zonas desérticas en Baja California Sur, la falta de agua es permanente. Muestra de ello es que desde más de una década se ha erigido como la entidad más árida y con la menor disponibilidad de agua potable en el país.

Desde el 2010, la Conagua reportó que el estado contaba con un promedio de 900 metros cúbicos del recurso al año, cuando a nivel nacional oscilaba en ese entonces en los 4 mil 200 metros, desde aquel reporte a la fecha la crisis hídrica se ha ido agravando de manera alarmante colocando a la entidad, junto con otras, como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, como las más afectadas por condiciones de extrema sequía, y la falta de lluvias, de acuerdo con el informe del Monitor de Sequía en México que este año dio a conocer la propia Comisión.

La magnitud de la sequía que azota a Baja California Sur ha llegado al grado de que de 2020 a la fecha se reporta la muerte de más de 10 mil cabezas de ganado, equivalentes a casi el 23% de la existencia en el estado, así lo dio a conocer el lunes pasado el presidente del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, Manuel Rangel Vázquez.

La advertencia no es nueva. Especialistas consultados, y la propia evidencia documental de las autoridades dan cuenta de que las actualizaciones sobre la disponibilidad media anual de agua subterránea en los acuíferos que realiza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la disponibilidad del recurso en el Valle de Santo Domingo pasó de un déficit cero (es decir sin déficit de agua), a una cantidad de menos 300 millones de metros cúbicos, tan sólo entre 2015 y 2018.

En ese Distrito, “tenemos un déficit de 30 millones de metros cúbicos, o sea ahora sí que la recarga que alcanzamos de manera anual ya no alcanza para cubrir todo lo que se otorgó en concesión, estamos hablando de qué tenemos una recarga de 146 millones y tenemos un volumen concesionado de 176 millones. Eso es una situación que se ha venido dando a través del tiempo desde los 50’s, 60’s, de todo ese tiempo a la fecha”, reconoció el director de Conagua en el estado. 

Al respecto un especialista en el tema, quien, ante el temor de represalias pidió reservar su identidad advirtió: “Si no se nos acerca un huracán va a estar muy complicado, y aun así son muy bajas las posibilidades de restablecer lo que se ha estado explotando en este ciclo. Si sigue así el esquema de sobreexplotación como el de Santo Domingo en menos de cinco años habrá graves problemas no sólo para la producción agrícola sino el abastecimiento de agua potable”.

Particularmente en el Distrito de Riego 066, donde están registrados dentro del padrón de usuarios 704 pozos agrícolas, los cuales corresponden a las concesiones del llamado Grupo Comondú, los niveles de sobreexplotación en el acuífero de la zona se han agravado al grado de que desde los últimos cinco años se están extrayendo por debajo del nivel del mar hasta 50 metros cúbicos de agua, por lo que la calidad de la misma resulta de menor calidad, pues el recurso se empieza a salinizar.

COMONDÚ, EL PODER

Son nueve familias específicamente, usuarios del Distrito de Riego 066 quienes son señaladas como el “Grupo Comondú”, al tratarse del municipio que directamente resulta agraviado con esta situación. En su conjunto concentran más de 130 títulos de concesión; es decir, sólo estas nueve familias mantienen bajo su control al menos 28 millones de metros cúbicos de agua al año, cuando el promedio de la disponibilidad en el resto de los municipios del estado, incluyendo al propio Comondú, no rebasa los nueve millones 200 mil m3 de agua potable al año, según los registros de la Conagua.

Encabezados por el panista Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, quien gobernó Baja California Sur de 2011 a septiembre de 2015, las familias construyeron un esquema perfecto –de acuerdo con las denuncias—, en el que insertaron en la Conagua a la Asociación de Usuarios de Agua para fines agropecuarios del Distrito de Riego 066, como un el mecanismo de control, aunque en apariencia sólo es de consulta y apoyo.

“Tienen concesionado al menos 28 millones de metros cúbicos, que es el equivalente al 20% del agua que se extrae ahí -en ese distrito de riego-, sin embargo, ellos extraen hasta el doble de ese volumen porque no tienen medición, nadie les dice nada, porque por parte de la Conagua no hay trabas, al contrario, les otorgan un trato preferencial”, sostuvo uno de los denunciantes anónimos quien pidió que se investigue el contubernio entre los usuarios del Distrito y funcionarios a cargo de la administración estatal de la Conagua.

La gravedad de este acaparamiento hídrico, de acuerdo con una serie de documentos a los que este periódico tuvo acceso, incluyendo a la denuncia de hechos que apenas el 4 de mayo pasado se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de estas nueve familias, radica en que este grupo que lideran militantes de Acción Nacional, incluyendo a candidatos de ese partido a un cargo en las elecciones del próximo 6 de junio, son los señalados directamente como los responsables.

Francisco Pelayo Covarrubias, sobrino del exgobernador Covarrubias Villaseñor, y actual candidato de la coalición “Unidos Contigo” a la gubernatura de Baja California Sur; Ricardo Barroso Agramont, candidato a la presidencia municipal de La Paz; Edson Jonathan Gallo Zavala, candidato a una diputación local, ambos abanderados por la misma fórmula política que Pelayo Covarrubias; así como el propio José Córdova Urrutia, presidente de la Asociación de Usuarios de Agua para fines agropecuarios del Distrito de Riego 066, forman parte de este grupo de nueve familias aparentemente liderado por el exgobernador, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, quien cuenta con al menos 22 títulos de concesión, los cuales se traducen en un volumen de agua asignado en unos 4 millones 174 mil metros cúbicos de agua, de acuerdo a documentos oficiales.

Dentro de estas familias beneficiadas también se enlistan las concesiones en poder de Marcelo Ochoa González, director del Fondo de Reconversión de Valle de Santo Domingo, quien cuenta con un volumen de agua de 640 mil 800 metros cúbicos del liquido al año, y al que se le atribuye una sobreexplotación del recurso calculada en 198 mil 648 m3, ubicándolo como el segundo usuario del grupo con el mayor adeudo por dicha sobreexplotación, con un monto de 7 millones 393 mil pesos, considerando sólo el adeudo generado en el año 2020.

Los integrantes de la familia Pelayo, tienen seis títulos de concesión y cuentan con un volumen de agua asignado en un millón 178,100 m3 al año, y se calcula que mantienen una sobreexplotación en los 365 mil 211 metro cúbicos, generando un adeudo superior a los 14 millones 768 mil pesos.

Mientras que el candidato de “Unidos Contigo” a la alcaldía de La Paz, Ricardo Barroso, cuenta con un adeudo por la sobreexplotación de más de 3 mil metros cúbicos que asciende a los 2 millones 464 mil pesos. Los documentos muestran considerando sólo los adeudos de la sobreexplotación en 2020, los integrantes de estas nueve familias han generado una deuda al erario en el orden de los 46 millones 823 mil pesos.

Los testimonios de habitantes sostienen que de esas concesiones rentan el agua o las rancherías para extraer el recurso a empresas trasnacionales, principalmente esparragueras. Esto está prohibido por la ley, pero la Conagua, a pesar de las denuncias, no lo ha investigado.

“Oficialmente si tuvieran una revisión física todos serían sancionados, lo cual no ha ocurrido. Una sanción máxima con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual 2020-2021 por una sanción máxima que son 26 mil UMA por la sobreexplotación estipulada en la Ley de Aguas Nacionales es considerada una falta grave, y es equivalente, por un pozo solamente, a una sanción de alrededor de 2 millones 235 mil pesos”, refirió un experto que conoce el tema.

En entrevista con ejecentral, Crescencio Morales Ávila, dirigente nacional del Barzón Popular, aseveró: “No puede ser posible que un grupo de familias poderosas políticamente y económicamente hablando tengan como destino la utilización del agua para su consumo personal, para su producción que ellos hacen en el campo, y que evidentemente ante esa situación el resto de la gente se queda sin el vital líquido y en algunos casos ni siquiera para bebe. Es tal la carencia de agua que la gente tiene que comprar pipas, tiene que ver cómo le hace para poder solventar necesidades básicas como son el aseo diario de trastos, trapear, tomar agua, asearse y bañarse, de lavar ropa”.

El dirigente señaló que la denuncia interpuesta es muy clara: “Aquí no solamente hay una impunidad para estas nueve familias: Amaya Téllez y familia; la familia del exgobernador Covarrubias Villaseñor; las familias Córdova Urrutia; Solís López; Pérez Cárdenas; Marcelo Ochoa González; Loya Malverde; la familia Pelayo del expresidente municipal en Comondú y actual candidato a gobernador; y los Gallo Rodríguez y familia, que son protegidos por el gobierno estatal del PAN, que se han manejado de esta manera sin que la población pueda hacer algo porque ellos son la autoridad, y manejan las instituciones porque son los encargados de administrar la cuenta pública, los recursos, y todo lo que se refiere al tema de ingresos y de egresos del estado”.

Es cada vez más recurrente el abandono de los plantíos de los pequeños productores por falta de agua, por eso se han inconformado, añadió, al menos 20 mil habitantes como afectados directos. Si para antes del próximo 17 de mayo, advirtió, no ha habido una respuesta por parte de las autoridades, entre ellas el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, así como de la Conagua y de las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, se movilizarán con el apoyo de otras agrupaciones sociales para “tomar las calles, y las carreteras” de las principales localidades del estado.

Al respecto ahondó, “se producía ahí algodón en grandes cantidades, se exportaba y había una economía muy buena, pero con el reacomodo de los partidos políticos llegan estos señores del PAN a gobernar y lo que han hecho es monopolizar el uso del agua en perjuicio de la población y la tierra pues evidentemente que ya no es productiva, sólo la de ellos sí, la de los demás no y eso está trayendo como consecuencia que la gente esté rentando, vendiendo su tierra como jornaleros agrícolas cuando ellos son propietarios de la tierra”, acusó.

“Vamos a gestionar, a agotar el diálogo con el gobernador del estado de Baja California Sur; a intentar proponer una mesa de trabajo donde participe no sólo el secretario de gobierno y ojalá que estuviera el gobernador sino también la Conagua, la comisión estatal del agua, la comisión estatal de derechos humanos y nacional, y si no logramos que se atiendan estos abusos cometidos por estas familias dirigidos por el señor Marcos Covarrubias Hernández, evidentemente tendríamos que hacer acciones contundentes para reclamar nuestro derecho como ciudadanos”.

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