Selectivo para relacionarse socialmente, con una capacidad natural para insertarse en cualquier grupo y posicionarse como un líder emergente, egocentrista, narcisista y diestro al momento de utilizar a las personas para su beneficio. Un estado de peligrosidad y capacidad criminal considerados como “altos”, es el perfil del nuevo colaborador que pretende incluir la Fiscalía General de la República (FGR) en busca de esclarecer el ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Su nombre: Abigael González Valencia, también conocido con los alías de Boss, Cuini o Cachetes.
Es el mismo al que las autoridades de México y Estados Unidos identifican como el líder fundador del grupo de Los Cuinis, brazo financiero y operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, cuñado de González Valencia, y que en este momento es uno de sus principales objetivos estadounidenses, debido a su capacidad criminal para transportar drogas al territorio del norte y generar inestabilidad en ambos países.
Este personaje es la nueva veta en la que está trabajando el fiscal Omar Gómez Trejo, responsable de las indagatorias sobre la desaparición de los normalistas, por lo que visitó a González Valencia hace unos días en la prisión, para escuchar su historia y “negociar” posibles beneficios.
Hay dos rutas que explican esto en las que Iguala, Guerrero, y Jalisco se cruzan y que fueron confirmadas a ejecentral como las justificaciones de Gómez Trejo para entrevistarse con este acusado.
La primera, es que el cártel de Guerreros Unidos (GU) –el grupo responsable de la desaparición de los normalistas, de acuerdo a informes de inteligencia y declaraciones ministeriales–, tenía puentes de conexión con el CJNG y Los Cuinis, especialmente después de que comenzaron los embates de la Familia Michoacana en su contra.
La segunda ruta, es que El Cuini tuvo como vecino a Gildardo López Astudillo Alias Gil, en el Reclusorio Oriente, quien además de ser el líder de los GU fue uno de los principales responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
Esa es una de las partes en las que trabaja la Fiscalía, pero la apuesta de las investigaciones de Gómez Trejo tienen otra vertiente, y es en la que más se han concentrado, las acusaciones contra exfuncionarios de la extinta Procuraduría General de la República que encabezaba Jesús Murillo Karam y que tuvo a su cargo las primeras pesquisas de la desaparición de los normalistas.
Fuentes de primer nivel confirmaron a este periódico que hace unas semanas la Fiscalía obtuvo nuevas órdenes de captura contra exagentes del ministerio Público, al menos tres, por los delitos de tortura, contra la administración de justicia y desaparición forzada en grado de complicidad, porque supuestamente ocultaron información en las indagatorias y eso facilitó la desaparición de los normalistas.
Y es esta última línea en las investigaciones del caso Iguala, la que más han presumido el fiscal Gómez Trejo y su jefe, y que se sustenta en las declaraciones de delincuentes confesos a quienes se les están otorgando beneficios, incluso su libertad.
ejecentral obtuvo los más recientes datos que está sumando la FGR al caso Ayotzinapa y que dan cuenta del giro que pretende darle la oficina que encabeza Alejandro Gertz Manero y que pretende alcanzar al exprocurador Murillo Karam.
De migrante a empresario
En exclusiva, ejecentral tuvo acceso al análisis criminológico que se le practicó a Abigael González Valencia El Cuini, quién también se identifica con los nombres de: Jonathan Paul Tak Toledo, Paul Jonathan Tak Toledo y Luis Ángel Gómez Flores.
Este documento es un estudio especializado que se realiza al ingreso de cualquier recluso a un penal federal de máxima seguridad, en este caso al del Altiplano, el 26 de marzo de 2015, luego de haber permanecido bajo arraigo por más de 20 días tras su detención ocurrida el 27 de febrero en Puerto Vallarta, Jalisco.
En el expediente se puede leer que es el séptimo de una descendencia de 14 hijos del matrimonio de Abigael González Mendoza y Estela Valencia Farías, y entre sus hermanos también se incluye a Rosalinda González Valencia –esposa de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del CJNG–, El Cuini, originario de Apatzingán, Michoacán, donde nació un 18 de octubre de 1972, actualmente con 48 años según la información que él mismo proporcionó a los especialistas que realizaron su análisis criminodiagnóstico.
Abigael González Valencia estudió hasta la primaria, procede de un familia católica y como su última ocupación refirió ser “empresario”. Sus padres, dijo, “eran tranquilos y les brindaron lo que pudieron”.
La familia González Valencia se fue a probar suerte a Estados Unidos para trabajar, pero tras nueve años regresaron a su rancho en El Naranjo, en Aguililla, Michoacán, donde instalaron una tienda. Era una localidad alejada de las ciudades donde no había escuela, por lo que Abigael González Valencia y sus hermanos tuvieron que optar por continuar con el trabajo del campo y la ganadería, así como atender la tienda.
Una vez instalado en Guadalajara, y autoidentificado como un “empresario” a cargo de red de préstamos “gota a gota” a personas físicas, así como dedicado a los bienes raíces que le representaban remuneraciones que oscilaban en los 280 mil pesos mensuales, según relató en 2015, El Cuini logró mantener un nivel económico que le permitió viajar, algunas veces acompañado de sus hijos y otras veces de “amistades”, a lugares como Francia, Suiza, Italia y Alemania.
Considerado como un capo de alto perfil, cuyo liderazgo se enfocó, según las autoridades en coordinar los recursos financieros a nivel internacional para las operaciones de narcotráfico del CJNG y Los Cuinis en países de América, Europa y Asia, el cuñado de El Mencho es buscado por las autoridades de Estados Unidos por una acusación formal de tres cargos que se presentaron ante el Distrito de Columbia desde 2014, en el que se le señala como un “líder en una empresa criminal” que conspiró para distribuir cantidades significativas de narcóticos para la importación ilegal.
También se le acusa de “utilizar un arma de fuego, durante y en relación con uno o más delitos de tráfico de drogas”, según los informes de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés).
Pese a ello, y sin reconocer ningún vínculo criminal con organización alguna, González Valencia aceptó a su ingreso al Altiplano, que había sido detenido y encarcelado en una prisión de California, en Estados Unidos, “por el delito de conspiración” sin especificar mayores detalles, salvo que pudo obtener su libertad bajo fianza, y regresó a México, pero ante el temor de ser reaprehendido, cambió su nombre al de Jonathan Tak Toledo.
Fue a la edad de 17 años cuando Abigael decidió migrar de manera ilegal a territorio estadounidense, donde trabajó en el campo, a lo que asegura se dedicaba toda su familia en Michoacán; para después trabajar en un restaurante y un bar.
Fue alrededor de los 20 años cuando fue detenido por la policía y tras haber acreditado una fianza, de la cual tampoco especificó monto, regresó a México y se instaló en Tijuana, donde residió por alrededor de cuatro años. Después se trasladó e instaló en Guadalajara, donde vivió hasta su detención.
De acuerdo con informes de las autoridades de Estados Unidos, González Valencia fue detenido en mayo de 1996 en San Diego, California, acusado de los delitos de fabricación, posesión y conspiración para distribuir metanfetamina y cocaína en Fresno y Madera, California.
Seis meses después, un tribunal aprobó un acuerdo en el que El Cuini se declaró culpable de los cargos y se le fijó una fianza de 80 mil dólares con la que obtuvo su libertad condicional. Aunque el tribunal había fijado una fecha para que compareciera, Abigael González Valencia se dio a la fuga, y se refugió en Tijuana.
Testigo. La información que posee González Valencia es primordial para esclarecer lo ocurrido a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Memoria dudosa
Conforme a lo relatado hace seis años, Abigael González reconoció haber tenido dos relaciones previas a su “unión libre” con Laura Luna, una joven colombiana, entonces de 20 años de edad, con quien llevaba poco más de un año de relación antes de haber sido detenido. Su primera relación fue con Paola Lara, quien también es madre de su primera hija, Marlín, de quien se sabe, reside en Estados Unidos.
Posteriormente sostuvo una relación por alrededor de 10 años con Jeniffer Beaney Camacho Cázares, con quien procreó dos hijos, y quien tanto la Unidad de Inteligencia Financiera en México, como la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, ubicaron desde el año pasado como una de las accionistas y operadoras legales de las empresas que el CJNG utilizaba como fachadas para lavar dinero en Guadalajara.
Cuatro tatuajes tenía entonces Abigael González, entre ellos la inscripción del nombre de su primera hija y unas figuras que simbolizan a sus tres hijos; así como el antebrazo izquierdo con la impresión de unos labios, los cuales, dijo, se tatuó para ocultar la cicatriz que le dejó la mordida de una exnovia.
Una de las marcas involuntarias que mantiene su cuerpo es la cicatriz ubicada en la región occipital a causa del derrame cerebral que padeció a los 39 años, unos tres años antes de su detención.
Según el estudio consultado, el derrame fue consecuencia de una intervención quirúrgica en la que reconoció que le extrajeron una porción de masa encefálica para poder drenar el coágulo que presentaba, lo cual le trajo como secuela parálisis del lado izquierdo del cuerpo, motivo por el cual “no sitúa con exactitud fecha de acontecimientos”, establece el análisis.
A más de seis años de dicho diagnóstico, en el que se establece que si bien Abigael González es una persona que se ubica en tiempo, lugar y circunstancia; “con una conciencia lucida, atención centrada y un pensamiento funcional de tipo deductivo”; la evaluación neuropsicológica establece que “su memoria a largo plazo está disminuida”, derivado del derrame cerebral que sufrió.
Pero este problema en su memoria de largo plazo, tal parece que no es impedimento para el fiscal Gómez Trejo, quien lo visitó por más de seis horas la semana pasada en el módulo de alta seguridad conocido como Diamante del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde fue trasladado apenas el pasado 10 de mayo, en medio de un fuerte operativo por parte del Ejército y fuerzas federales que mantienen de forma permanente a las afueras de la prisión.
Se informó entonces que fue el propio González Valencia quien solicitó una audiencia con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, a fin de llegar a un acuerdo de información sobre el caso Iguala y de desaparecidos, a fin de evitar su extradición hacia Estados Unidos.
Es así que El Cuini –quien según documentó por primera vez Excélsior y Grupo Imagen– se ha convertido en una suerte de colaborador para el gobierno, luego de que el pasado 13 de mayo el fiscal Omar Gómez Trejo ha sostenido dos reuniones con el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Personaje de alto perfil en caso Ayotzinapa
“Un sujeto orientado en tiempo y espacio, respetuoso al contestar, cuidando su discurso para no afectar su imagen y negando los delitos que se le acusan”, fueron parte de las percepciones que se identificaron de su evaluación criminológica de Abigael González Valencia El Cuini.
Y es que si bien queda asentado en el análisis que se le practicó en 2015 que se trata de una persona con un perfil de “reincidente genérico con una categoría de autor intelectual”, con una capacidad criminal “alta”, y un índice de estado peligroso “alto”, tras su detención el líder del CJNG ha logrado ser ubicado en cárceles cada vez de menor seguridad; esto debido a los amparos que sus abogados han ganado a su favor.
Antes de haber sido recluido en el Módulo Diamante del penal de Santa Martha Acatitla, que está clasificado como de seguridad media, Abigael González desfiló por los Ceferesos de Gómez Palacio en Durango, y luego en el del Altiplano, ubicado en el Estado de México.
Sin embargo, un amparo en 2019 le permitió al líder de los Cuinis ser traslado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en donde permaneció de febrero a julio de 2019, tiempo que fue suficiente para conseguir una cómoda y ostentosa vida carcelaria, pues contaba con una celda lujosa, equipada con distintos electrodomésticos, e incluso se le permitió la “contratación” de otros reclusos como servidumbre, y el ingreso de mujeres sexoservidoras.
Cuando se hizo pública su calidad de vida en prisión, fue llevado de nuevo al Cefereso 1 del Altiplano. Pero a finales de julio, el juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó enviar al Reclusorio Varonil Preventivo Oriente, en la Ciudad de México a El Cuini.
En esa cárcel capitalina donde Abigael González se convirtió en vecino de Gildardo López Astudillo, Gil o El Cabo GiL, señalado como uno de los principales líderes del cártel de los Guerreros Unidos y quien habría ordenado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero que se convirtió en colaborador en las investigaciones del fiscal Gómez Trejo para el caso Iguala.
Gil obtuvo su libertad meses después, en septiembre de 2019, luego de que un juez federal desestimó las pruebas presentadas por la entonces PGR y la actual fiscalía no intentó hasta ahora recusarlo, a pesar de las pruebas en su contra.
De acuerdo a tarjetas con información de inteligencia, compartida entre autoridades de Guerrero y los cuerpos de seguridad federal, para El Cabo Gil, como para los hermanos Mario, Sidronio, Adán y José Ángel Casarrubias Salgado, líderes de Guerreros Unidos, la relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación no es lejana, particularmente desde 2012, cuando los embates de la Familia Michoacana se agudizaron.
Poco a poco los hermanos Casarrubias fueron detenidos y quedaron al frente de la organización Salomón Pineda Villa, El Molón, hermano de Alberto El Borrado, Mario El MP y María de los Ángeles Pineda, esposa del exalcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez; además de Sidronio Casarrubias.
Un punto de quiebre que acercó a Guerreros Unidos con el CJNG fue el secuestro de María Leonor Villa Gorduño, suegra de José Luis Abarca, por parte de “la gente de El Chapito, esto debido a que un familiar del presidente municipal de Iguala, Guerrero, le debía de cinco a seis millones de dólares por droga que tenía el hijo de la señora María Leonor, por lo que sé y me consta que el presidente municipal de Iguala, junto con el señor Felipe Flores Velázquez, quien es su guardaespaldas y toda la policía municipal de dicha entidad está coludida, y el señor José Luis Abarca es una de las fuertes cabezas del cartel de Guerrero Unidos junto con Mario Casarrubias”, declaró ministerialmente José María Chávez Magaña, El Pony, uno de los principales líderes de la Familia Michoacana, y quien refiere la relación con el grupo de Jalisco, quienes comenzaron a pelearles la plaza del Estado de México.
La información de inteligencia mencionaba que meses antes de la desaparición de los normalistas, Abarca Velázquez viajaba constantemente a Jalisco “con dinero”, para hacer negocios, aparentemente con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La región de Guerrero que incluye Iguala, no sólo es importante para los cárteles por la siembra de amapola y marihuana, o por la instalación de laboratorios clandestinos para procesar drogas ilícitas y por sus minas, en las que se explota plata, cobre, oro y uranio, que confesó El Pony se daba en la complicidad de empresarios, como Carlos Ahumada, y los grupos criminales.
Es esta la relación que está explotando el fiscal Gómez Trejo y con la que pretende amarrar la nueva versión del caso Ayotzinapa, en donde aparecen más exfuncionarios estatales y federales involucrados, explicaron fuentes que conocen los acercamientos del investigador con El Cuini.
Nueva versión del caso Ayotzinapa
Por ahora, la fiscalía ya tiene en su poder nuevas órdenes de aprehensión contra exministerios públicos de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, que tuvieron a su cargo las primeras pesquisas de la desaparición de los normalistas. Algunos de ellos aparecerían en el mismo video en el que se vio al exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón (quien se encuentra prófugo),en donde interrogan a Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, utilizando técnicas de tortura.
Las órdenes también se emitieron contra personal de la extinta PGR que denunció ante los órganos internos las torturas a las que fueron sometidos por policías y agentes de la Marina, algunas de las personas detenidas por el caso Iguala, denuncias que sirven para demostrar esos casos. Pero los testimonios de los líderes de Guerreros Unidos, que acumula Gómez Trejo y su equipo, señalan a todos los investigadores sin más pruebas que sus dichos.
Las acusaciones contra los exagentes, además, incluyen el delito de desaparición forzada, bajo la premisa de haber ocultado información que favoreció la comisión de ese delito por parte del grupo criminal y las autoridades de Iguala. Sólo que la Ley General de Desaparición Forzada se publicó tres años después del caso Iguala, en 2017, y no puede ser retroactiva; sin embargo para Gómez Trejo esto no importó.
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