Diputados aprueban en fast track reformas a la Ley Aduanera: cambios y entrada en vigor
La Cámara de Diputados aprobó en fast track las reformas a la Ley Aduanera que posponen su entrada en vigor, con el fin de fortalecer el control y la transparencia en las aduanas.
Con 343 votos a favor y 123 en contra, Diputados avalaron la reforma a la Ley Aduanera que aplaza su aplicación al 2026.
/Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en fast track las modificaciones realizadas por el Senado a la Ley Aduanera, con el argumento de que se trata de un asunto de urgente y obvia resolución. La decisión pospone la entrada en vigor de las nuevas disposiciones hasta el 1 de enero de 2026.
Con 343 votos a favor y 123 en contra, principalmente de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el dictamen fue avalado y turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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Reforma a la Ley Aduanera busca fortalecer la lucha contra la corrupción y el contrabando
La iniciativa pretende reforzar los mecanismos de control en las aduanas mexicanas y combatir la corrupción y el contrabando, según los legisladores que respaldaron la propuesta.
El diputado Fernando Castro Trenti, de Morena y ex priista, destacó que las modificaciones permitirán un manejo más transparente en los procesos aduanales.
“Va a haber más orden, se va a barrer la corrupción de arriba para abajo. Van a ser corresponsables los que reciben una patente para certificar lo que entra y sale. Ya no recibiremos pares impares de zapatos que alteren el ingreso fiscal”, señaló.
Castro Trenti añadió que la reforma busca acelerar y mejorar los procesos de recaudación fiscal, además de implementar tecnología de punta y videovigilancia en las aduanas para garantizar mayor transparencia y control.
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Oposición acusa retroceso y falta de control en las aduanas
Desde la oposición, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron tanto el fondo como la forma en que se aprobó el dictamen, al considerar que se legisló sin el debido análisis y que las reformas no resolverán los problemas de corrupción ni contrabando.
La diputada Teresa Ginez, del PAN, afirmó que la reforma “representa un retroceso que golpea la economía nacional y protege el negocio del huachicol fiscal”. Además, criticó la falta de control por parte del gobierno federal y cuestionó la militarización de las aduanas.
“El sexenio anterior, el de los abrazos y no balazos, cometió uno de sus errores más graves al entregar el control de las aduanas a la Marina y al Ejército. Lejos de resolver el problema, solo contagió a nuestras fuerzas armadas con la corrupción”, expresó.
Por su parte, Emilio Lara, diputado del PRI, advirtió que la reforma crea un marco normativo desigual, al imponer sanciones confiscatorias que no distinguen entre errores menores y fraudes fiscales.
“Castigan con la misma severidad a los contribuyentes que cometen una falta formal que a los verdaderos defraudadores”, dijo.
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Movimiento Ciudadano critica errores legislativos y aprobación al vapor
La legisladora Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, también cuestionó el proceso legislativo, señalando que los cambios aprobados por el Senado incluyeron un error en la fecha de entrada en vigor, lo que obligó a regresar la iniciativa a la Cámara Baja.
“Nos regresaron esta ley porque se equivocaron en la fecha de entrada en vigor. Es la muestra más clara de un gobierno que usa su mayoría para legislar al vapor”, expresó.
Flores añadió que las reformas “no combaten el contrabando, lo trasladan; no limpian las aduanas, las hacen más pesadas para quienes ya cumplen”.
Próximos pasos de la reforma a la Ley Aduanera
Tras su aprobación en San Lázaro, el proyecto fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el DOF, lo que oficializará el nuevo calendario de implementación de la Ley Aduanera, prevista ahora para iniciar el 1 de enero de 2026.
El gobierno argumenta que este plazo permitirá ajustar los sistemas tecnológicos y operativos de las aduanas, mientras que los sectores empresariales y legisladores opositores han insistido en la necesidad de una discusión más profunda sobre sus implicaciones económicas y fiscales.
