Nuevo dictamen de Ley de Aguas en San Lázaro: ¿qué cambios trae y cuándo será votado?

La Cámara de Diputados recibió una versión corregida del dictamen de la nueva Ley General de Aguas, que incorpora modificaciones relevantes, reduce sanciones por desvío ilícito del recurso y abre la puerta a ajustes en sucesiones ejidales.

Ley General de Aguas, un documento de 537 páginas que integra cerca de 50 modificaciones respecto a la iniciativa enviada por la Presidencia de la República. La propuesta será discutida y votada el próximo 3 de diciembre en la Comisión de Recursos Hidráulicos y posteriormente en el Pleno de la Cámara de Diputados.

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Monreal Ávila destaca avances en el nuevo dictamen

Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Morena, confirmó que los trabajos de revisión y ajustes concluirán la próxima semana. En un mensaje difundido en redes sociales, señaló que las adecuaciones se han realizado de manera conjunta entre la comisión legislativa y su grupo parlamentario, con aportaciones técnicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El legislador aseguró que la nueva versión representa un “buen instrumento jurídico” gracias a la incorporación de casi 50 ajustes fundamentales. También destacó la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para construir un marco legal que proteja el recurso hídrico y evite el acaparamiento, la venta ilegal o el uso ventajoso del agua.

Monreal expresó además su agradecimiento a productores agropecuarios, ganaderos, ejidatarios y pequeños propietarios por sus aportaciones durante el proceso de revisión.

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¿Qué plantea la nueva Ley General de Aguas?

La iniciativa corregida tiene como objetivo regular integralmente el acceso, disposición, saneamiento, distribución y uso del agua en México. Para lograrlo, establece responsabilidades claras para los tres niveles de gobierno con el fin de garantizar el acceso y disponibilidad del líquido para consumo personal y doméstico.

Entre los principales ejes destacan:

• Uso sustentable del agua: Se establecen bases y modalidades para promover un consumo responsable y proteger los recursos hídricos.
  
• Participación social: La propuesta incorpora mecanismos para fortalecer la intervención de comunidades y organizaciones en la toma de decisiones sobre la gestión del agua.
  
• Reconocimiento de sistemas comunitarios: Especialmente en zonas rurales, se reconoce la operación de sistemas locales de administración del recurso.
  
• Transformación del Registro Público de Derechos de Agua: Ahora se denominará Registro Nacional del Agua, con el fin de mejorar la transparencia en concesiones y asignaciones.
  
• Nuevos delitos hídricos: Se integra un catálogo específico sobre uso indebido del agua.
  
• Nuevo concepto de “uso agropecuario familiar”: Define actividades productivas orientadas al sustento de familias rurales.
  
• Reducción de sanciones por desvío o acaparamiento de agua

Uno de los cambios más relevantes es la disminución de penas por desvío, acaparamiento u obstrucción del agua. La propuesta reduce la sanción máxima de 10 a 5 años de prisión, mientras que la multa baja de 4,000 a 2,000 UMAs. Además, se pide precisar los fundamentos legales necesarios para cualquier reducción o cancelación del volumen asignado de agua.

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Críticas desde la oposición

En contraste, legisladores de oposición han expresado su rechazo. El diputado Mario Calzada Mercado advirtió que la ley impactaría no solo a productores agrícolas, sino también a consumidores por el posible incremento en costos de alimentos.

Por su parte, Rubén Moreira afirmó que la iniciativa contiene “ordenamientos que se traslapan”, calificándolos como inaceptables. Señaló que no respaldarán un proceso legislativo acelerado y exigió que el dictamen sea público y revisado por expertos con suficiente tiempo.

El priista recordó que en México existen al menos 32 realidades productivas distintas, por lo que cualquier modificación legal debe contemplar esa diversidad.