La soberanía y seguridad energética han sido dos conceptos que han guiado la actual política energética del país. Bajo este enfoque, se ha buscado fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresa pública estratégica, garantizando su participación mayoritaria en la generación de energía eléctrica.
Para alcanzar esta meta sin comprometer el techo de endeudamiento público, la CFE creó cuatro fideicomisos: el Fideicomiso Maestro de Inversión (FMI), el Fideicomiso de Energías Limpias (FIEL), el Fideicomiso de Proyectos de Generación Convencional (FPGC) y el Fideicomiso F/1320. A través de ellos, se han canalizado más de 8 mil millones de dólares (mdd) hacia proyectos de infraestructura, sin que estos recursos se registren como deuda directa en los balances de la empresa.
El FMI, mediante un esquema de autofinanciamiento con recursos de CFEnergía y capitales captados a través de la Fibra E, ha invertido 3,563 mdd. El FIEL, con financiamiento de agencias de crédito a la exportación y de la banca de desarrollo, ha movilizado 1,585 mdd, principalmente para la central fotovoltaica Puerto Peñasco. El FPGC ha destinado 3,066 mdd a proyectos termoeléctricos con tecnologías de ciclo combinado y combustión interna. Finalmente, el F/1320, diseñado para financiar proyectos en toda la cadena de valor, ha alcanzado una inversión de 2,567 mdd.
No obstante, el funcionamiento de estos fideicomisos no está exento de riesgos. Aunque no se registran como deuda directa, las obligaciones adquiridas figuran como cuentas por pagar en los estados financieros de la CFE, comprometiendo sus flujos futuros. Además, una parte significativa del financiamiento depende de las utilidades de CFEnergía (la filial encargada de comercializar gas natural) cuyos ingresos se generan por ventas internas que pueden incrementar el costo de generación y, eventualmente, presionar las tarifas eléctricas.
A ello se suma la limitada transparencia. Actualmente, no es posible conocer con precisión los contratos, condiciones de crédito ni las fuentes de repago de estos instrumentos, lo que dificulta una evaluación integral de su eficacia y sostenibilidad.
Para el periodo 2025–2030, la inversión proyectada en el Sistema Eléctrico Nacional asciende a más de 24 mil mdd. En un contexto de restricciones fiscales y sin una reforma tributaria que provea mayores ingresos públicos, los fideicomisos seguirán siendo una herramienta relevante. Sin embargo, es urgente abrir el debate sobre sus límites, condiciones y mecanismos de rendición de cuentas.
México requiere una estrategia financiera integral que combine recursos públicos, financiamiento internacional y asociaciones público-privadas (APP). Pero, sobre todo, necesita fortalecer la supervisión, la transparencia y la evaluación independiente de los mecanismos que se elijan.
La soberanía energética no puede construirse sobre instrumentos opacos ni sobre pasivos financieros poco visibles. Alcanzar esta meta implica no solo movilizar recursos, sino también establecer reglas claras, instituciones sólidas y una ciudadanía informada. Además, sigue pendiente analizar el tema de las importaciones de gas natural y su relevancia para la soberanía energética.
Para conocer más sobre este tema, te invitamos a consultar el documento Financiamiento de la soberanía energética. Los fideicomisos de la CFE en www.ciep.mx.
