El gobierno federal pretende recortar en 33.8% el presupuesto destinado a la reconstrucción y atención a víctimas de los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, que dejaron más de 369 personas fallecidas y miles de damnificados en la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
En 2020, se destinaron 2 mil 843 millones de pesos a través de cuatro dependencias, mientras que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2021 entregado a la Cámara de Diputados, la cifra disminuye a mil 880 millones.
El presupuesto, se ejerce de manera intersectorial y participan las secretarías de Educación, Salud, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Cultura para rehabilitar los daños ocasionados por los movimientos telúricos.
Ya en 2020, el programa sufrió un recorte de 62% respecto a 2019, con 2 mil 843 millones de pesos, “lo que pone en riesgo el avance en la reconstrucción integral de las localidades que aún no han sido atendidas por completo”, de acuerdo con una evaluación realizada en julio pasado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Para el rubro de rehabilitación de escuelas, la Secretaría de Educación no tiene etiquetado un solo peso, sin considerar que los recursos destinados a infraestructura educativa prevén una reducción en términos reales de 29.7 por ciento.
De acuerdo con el Coneval, el objetivo general del programa es “atender a los municipios afectados por los sismos, en beneficio de su población, mediante un conjunto de intervenciones para el impulso de proyectos y acciones de reconstrucción de viviendas, infraestructura física educativa, infraestructura de salud y bienes culturales”.
Durante 2019, el programa contó con un presupuesto asignado de 8 mil millones de pesos, que permitieron la entrega de 36 mil 495 apoyos de vivienda, 296 apoyos de rehabilitación, reconstrucción y equipamiento de planteles educativos. Además se rehabilitaron 81 inmuebles de salud y, aunque no se intervinieron los inmuebles correspondientes al sector cultura, se formalizaron 206 convenios para la transferencia de recursos al sector.
En febrero de 2018, se contabilizaron los siguientes daños: 186 mil 526 viviendas, 19 mil 198 planteles educativos, 297 unidades de salud y 240 bienes culturales, sin contar con las afectaciones sociales y económicas a las personas y a las comunidades.
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