Expresidentes del INE y del IFE piden que reforma electoral se apruebe por consenso de todos los partidos

Expresidentes del Instituto Nacional Electoral y del extinto IFE llamaron a que la reforma electoral que está por discutirse en el Congreso se apruebe con el consenso de todas las fuerzas políticas y no solo por la mayoría calificada que tiene Morena.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que próximamente presentará una iniciativa de reforma electoral, los integrantes del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD, A.C.) -entre ellos Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés y José Woldenberg (ex consejeros presidentes del IFE-INE)-, pidieron que esta sea “el resultado del más amplio consenso entre las diversas fuerzas políticas y nunca una decisión unilateral”.

Recordaron que la presente legislatura del Congreso de la Unión “fue integrada merced a una doble maniobra que le dio a la coalición gobernante una sobrerrepresentación inconstitucional e ilegal en la Cámara de Diputados y una mayoría calificada en el Senado alcanzada mediante la extorsión y la amenaza”.

“Sobre esa doble anomalía, se ha erigido una mayoría que ha hecho de la cerrazón, la cancelación del diálogo y el avasallamiento legislativo, el modo usual de su política”, lamentaron.

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Anotaron que “las normas electorales son las reglas del juego democrático a las que todos los actores políticos (partidos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general) deben ajustarse en la contienda por los poderes públicos a través del voto popular”.

Por ello, este tipo de reglas exige de la aceptación de todos aquellos que van a someterse a sus condiciones y modalidades. “De ello depende la legitimidad de los representantes y gobernantes electos”.

Los firmantes urgieron “diseñar un sistema que nos acerque por fin al ideal democrático y representativo: tanto porcentaje de la votación, tantos escaños en el Congreso, lo mismo en la Cámara de Diputados, en la de Senadores como en los Congresos locales”.

“Insistimos: una condición esencial del carácter democrático de la representación política, es que el peso electoral de cada partido coincida con el peso que tiene en los órganos legislativos”, aseguraron.

Sobre la representación proporcional, indicaron que “ha sido la columna vertebral del proceso de democratización de México con su introducción en el año de 1977 y muy especialmente, una demanda permanente y subrayada, siempre, por la izquierda”.

“En reivindicación de esa tradición democrática, creemos que toda reforma electoral debe procurar disminuir lo más posible los fenómenos de sobre y subrepresentación que constituyen una distorsión de la voluntad ciudadana expresada en las urnas”, señalaron.

“En concreto, nos pronunciamos por aumentar el número de diputaciones electas por el sistema de representación proporcional para alcanzar una proporción de 50/50 por ciento respecto de las diputaciones electas por el sistema de mayoría relativa. En otras palabras: 250 diputados de mayoría y 250 de representación proporcional”, propusieron.

Además, plantearon que todos los integrantes del Senado de la República sean elegidos a través de un sistema exclusivamente proporcional con circunscripciones estatales.

“De este modo, se elegirían a cuatro senadores en cada entidad federativa de manera proporcional a los votos recibidos por cada partido o coalición a través del sistema de cociente de distribución y resto mayor”, expusieron.

Por último pidieron garantizar la autonomía de las autoridades electorales, así como la profesionalización de las mismas.

“El consenso de todos los actores políticos en torno a quienes serán los responsables de organizar las elecciones es fundamental como condición de integridad democrática”, anotaron.

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También propusieron que quienes integren el Consejo General del INE sean elegidos en el Senado y no en la Cámara baja, como ocurre actualmente.

Lo anterior, “dada la distorsión en la representación que hoy existe en la Cámara de Diputados”. Y de esta forma estos nombramientos se equipararían con el resto de los titulares de los órganos constitucionales autónomos, que ya se hacen en la cámara alta.

Así mismo, manifestaron estar convencidos de que el financiamiento público también debe distribuirse con la misma razón equitativa: la mitad de la bolsa en consonancia con la votación de cada partido, la otra mitad, de modo igualitario.

“Frente a la invasión de dinero ilícito en la política así como frente a los fenómenos oligárquicos en los que el dinero de magnates resulta decisivo, nosotros creemos que el financiamiento público debe ser el componente central del gasto durante las campañas y asimismo debe garantizar las condiciones de operación permanente de los partidos políticos en tanto estructuras de organización y representación”, afirmaron.

Entre los firmantes se encuentran Jacqueline Peschard, María Marván, Ciro Murayama, Mauricio Merino, Rodrigo Morales, Arturo Sánchez G, Adrián Acosta, María del Carmen Alanís, entre otros.

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