Reforma Judicial: Ley de Amparo y resoluciones fiscales, ¿cómo cambiarán los juicios en México?

La Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, informó que las leyes secundarias de la Reforma Judicial ya fueron presentadas en el Senado de la República como iniciativas de ley para su dictaminación. Estas propuestas complementan la reforma publicada el 15 de septiembre de 2024, cuyo objetivo principal es garantizar una justicia pronta, expedita y con plazos definidos.

¿Qué leyes secundarias forman parte de la Reforma Judicial?

Las iniciativas abarcan seis ordenamientos clave del sistema de justicia mexicano:

• Código Nacional de Procedimientos Penales
• Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
• Ley de Amparo
• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
• Código Fiscal de la Federación

De acuerdo con Godoy Ramos, estas modificaciones buscan modernizar procesos, incorporar herramientas digitales, reducir tiempos procesales y establecer reglas claras en materia fiscal y penal.

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Cambios en los plazos procesales

La consejera jurídica destacó que la reforma constitucional estableció nuevos límites de tiempo en los artículos 17 y 20. Entre ellos:

• Materia tributaria: resoluciones en un plazo máximo de seis meses.
• Materia penal: hasta cuatro meses en delitos con penas menores a dos años de prisión, y un máximo de un año para los casos con sanciones superiores.

“Con estas iniciativas se busca garantizar el acceso a la justicia estableciendo plazos y términos en todos los procesos”, señaló Godoy Ramos.

Principales modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales

El proyecto plantea:

• Un plazo común de cinco días para actuaciones procesales sin término definido.
• Reducción de tiempos en diligencias que lo permitan.
• Medidas de seguridad e identidad para jueces en casos de delincuencia organizada.
• Catálogo homologado de delitos con prisión preventiva oficiosa.
• Notificaciones por edictos disponibles en portales oficiales.
• Uso de tecnología en detenciones en flagrancia.

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Reforma a la Ley de Amparo

Uno de los puntos más debatidos es la Ley de Amparo. Ernestina Godoy explicó que esta iniciativa no modifica la Constitución y mantiene firme la protección de los derechos humanos.

Los ajustes incluyen:

• Definición clara de elementos para la procedencia del juicio de amparo.
• Implementación de un amparo digital con plena validez legal.
• Reglas precisas para suspensiones, que no procederán si se permiten actos ilegales, uso de dinero ilícito o riesgos para la economía.
• Cumplimiento y ejecución de sentencias con responsabilidades específicas para las autoridades.

Godoy aclaró que en materia fiscal, una persona física o moral podrá ampararse hasta el momento en que se inicie una subasta o remate, siempre que otorgue una garantía equivalente al monto del crédito fiscal.

Respuesta de Arturo Zaldívar

Durante la conferencia mañanera del 19 de septiembre, el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, rechazó las versiones que señalan la reforma como regresiva.

“Se ha divulgado información con mala fe o con ignorancia. Es falso que se limite el amparo; lo que hay es una actualización y modernización para que sea más ágil y eficaz”, afirmó.

Zaldívar añadió que con frecuencia los deudores fiscales han utilizado el amparo y otros recursos para alargar procedimientos y suspender pagos. “Lo que se propone es que ya no se puedan impugnar actos intermedios, solo el acto final. No se afecta la defensa, se limita el abuso”, puntualizó.

También subrayó que ningún país del mundo permite que un juicio fiscal se prolongue indefinidamente mediante amparos sucesivos.

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Otros cambios en leyes administrativas y fiscales

Entre las modificaciones adicionales destacan:

• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: plazos máximos de seis meses para resoluciones en juicios sumarios.
• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Código Fiscal de la Federación: inclusión de lenguaje incluyente, referencia expresa a pueblos y comunidades indígenas y actualización de denominaciones de órganos judiciales.