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Francisco Pazos y María Idalia Gómez

FB HEADER ARTE 69La convergencia de cinco placas sísmicas, tres de ellas muy activas, convierten al centro y sur de México en una zona altamente vulnerable, en la que sus habitantes sólo pueden protegerse de dos formas, con un sistema de alerta eficaz y estructuras que respondan a la sismicidad y tipo de suelo. Sin embargo, desde hace cinco años el gobierno federal y la mayoría de los estados en riesgo, dejaron de invertir en prevención y sólo la Ciudad de México cuenta con un reglamento de vanguardia, pero ningún organismo público está facultado para revisar y seguir la ruta de corrupción e irregularidades que comprometen la seguridad de las viviendas en su diseño y ejecución.

Pasaron 32 años para que los habitantes de la Ciudad de México se cuestionaran, nuevamente, si los edificios en los que viven y trabajan son seguros. Los capitalinos olvidaron que vivir sobre lo que antes fue un lago exige cumplir, sin excepción, los más exigentes estándares de construcción.

Después de los terremotos de 1985 las normas para construir fueron actualizadas. La legislación se hizo más exigente para la seguridad estructural y la calidad de los materiales. Cualquier inmueble construido después de 1987 tuvo que haber soportado el sismo del 19 de septiembre pasado, con magnitud 7.1. Pero no fue así.

La actualización normativa que reforzó la seguridad de las estructuras se rompió entre la corrupción, alentada por autoridades delegacionales y desarrolladores, la falta de un órgano que revisara el cumplimiento de las normas y el desinterés de los propietarios para mantener sus inmuebles en buen estado estructural.

Ese coctel de omisiones y corrupción formará parte de las investigaciones que se hagan en los 38 edificios que colapsaron a causa del último sismo, aseguró Miguel Ángel Jaimes, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM (IIUNAM), en entrevista con ejecentral.

Debemos tener claro que el Reglamento de Construcción sí es capaz, si fuera aplicado correctamente, de soportar las intensidades a las que estuvieran sujetas (las edificaciones). Con algunos daños visibles, pero siguiendo la filosofía de evitar el colapso y la perdida vidas”, expuso el investigador.

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Pero en el tablero estratégico de la reducción de riesgos interviene otro factor, un sistema de alerta sísmica eficaz, que funciona bien y que por ahora cuenta con 97 sensores distribuidos en cinco estados del país (Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca). Faltaría incrementar 50% su capacidad, para que opere en un estado óptimo e integrado.

Son fenómenos que hay que ver con más visión, una visión de Estado, pues el fenómeno lo amerita. Son fenómenos que hay que ver con otra perspectiva, y hay tecnología, ésta es una aplicación terrena, no podemos gobernar al fenómeno, más vale aceptarlo y usar lo que hemos logrado. (La alerta sísmica) es un desarrollo muy original, muy innovador, lo que es paradójico es que siendo uno de los sistemas más económicos de construcción y operación, adolece a veces de los respaldos que necesita para no fallar”, afirmó  Juan Manuel Espinosa Aranda, director general del Centro de Instrumentación y Registro Sísimico A.C. (Cires).

El especialista, que encabeza un equipo con reconocimiento internacional en el manejo de la alerta sísmica, aseguró que sólo se requiere de una inversión de 800 millones de pesos para colocar 50 sensores y difusores en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, así como crecer el número de difusores en Puebla, Oaxaca y el estado de México.

›Desde 1995, cuando el Cires transmitió su primera alerta sísmica, fue algo que también por primera vez ocurría en el mundo. Desde entonces, el crecimiento de la herramienta ha sido una constante presión para las autoridades. El gobierno que más ha invertido es el de la Ciudad de México, que incluso mantiene el 60% de los sensores.

El gobierno federal prácticamente abandonó su tarea de incentivar la prevención a través del desarrollo de la alerta sísmica. En 2012 se planteó un sistema nacional de alerta, pero la falta de recursos frenó el proyecto y, desde entonces no ha invertido en el sistema, salvo para el mantenimiento de algunos de los equipos ya colocados en ciertos puntos del territorio.

En parte (no avanzó por falta de recursos) y también no había mucho interés en ver lo que ya teníamos, sino mas bien querían hacer un desarrollo innovador, pero no hubo respaldo económico y también debió haber habido un proyecto ejecutivo que finalmente quedó en el ánimo de hacerlo, pero no se concretó”, recordó Espinosa Aranda.

GRAFICO DOBLE

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Cada sismo se invierte

La alerta sísmica es un equipo que contiene un acelerómetro creado por mexicanos que permite identificar las ondas primarias y secundarias de un sismo. En segundos puede identificar su gravedad y enviar una señal de alerta en caso de ser peligroso. Los datos que recopila en cada sismo permite el desarrollo de tecnología y el perfeccionamiento de los reglamentos de construcción.

La Ciudad de México es la única entidad que recopila esa información y la aplica en reformas a sus normas de construcción. Y ocasionalmente Guerrero, pero concretamente para la edificación de hoteles. El resto de las entidades en riesgo, como Veracruz, Puebla, Morelos, estado de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Michoacán, Colima, Jalisco y Tlaxcala, no lo hacen.

En 1995 se tenían 12 sensores en las costas de Guerrero. Fue hasta 2004, cuando dos temblores muy fuertes sacudieron el Istmo y Puerto Escondido que el gobernador José Murat invirtió en 24 sensores, actualmente ya hay 32, y a pesar de que pidió que se integrara al sistema de Guerrero para hacerlo más eficaz, “por cosas meramente políticas se quedó en un archivero la propuesta y hasta que tembló en Haití en el 2010, hubo mucha alarma entre los expertos geofísicos que asesoran al gobierno y había la instrucción de que hiciéramos algo”.

Se integró entonces el sistema y hubo una nueva inversión por parte de la Ciudad de México y poco después Colima, Puebla y Jalisco.

Hay que complementarlos hacia la zona de Chiapas, el Istmo de Tehuantepec, hacia el territorio de Tabasco y en el sur de Veracruz, son lugares que aparentemente no tiemblan pero sí hay registros históricos de temblores críticos”, explicó Espinosa Aranda.

Contar con un sistema óptimo reduciría las vulnerabilidades, sostuvo, y si se invierten los 800 millones de pesos estaría listo en 2019; es decir, habrán pasado 34 años del gran terremoto del 85 para tener un sistema completo, en el que sólo se requieren para su operación y mantenimiento 180 millones de pesos anuales.

La naturaleza hace su trabajo y si uno no lo entiende queda uno expuesto. Es ingobernable, el riesgo existe, pero si logramos reducir la vulnerabilidad con un diseño de construcción y un aviso de alerta se reduce mucho el posible escenario de desastre que podamos enfrentar”, apuntó.

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La ciudad sin garantías

Los derrumbes sólo podrían explicarse mediante una cadena de errores que, en opinión del especialista en ingeniería estructural, habrían viciado desde el proyecto arquitectónico hasta el mantenimiento de los inmuebles; pasando por la vorágine de las desarrolladoras y la omisión de las autoridades.

Hay varios casos de edificaciones”, las que cayeron completamente por el movimiento, “en las que se observan este tipo de construcciones”, con pisos débiles en las bases, “y ciertas irregularidades, como es claramente el caso del Colegio Enrique Rébsamen”, apuntó.

La explosión inmobiliaria que buscó repoblar la capital después de los sismos de 1985 se aceleró a partir del año 2000, con el decreto del Bando 2, emitido por el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. El instrumento apostó por privilegiar la construcción en las delegaciones Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Cuauhtémoc, estas últimas las más golpeadas por el terremoto.

La cadena de responsabilidades apunta a prácticamente todos los actores que intervienen en el proceso de planificación, registro, construcción y revisión de edificios destinados para vivienda: en la falta de pericia y desconocimiento de ingenieros, corrupción de las autoridades y las desarrolladoras, Directores Responsables de Obra (DRO) que no hicieron cumplir las normas, falta de verificación y de interés de los propietarios por rehabilitar y mantener sus inmuebles.

Instituto sin dientes

Ningún organismo público cuenta con facultades para revisar y seguir el rastro a la ruta de corrupción e irregularidades que compromete la seguridad de las viviendas en su proceso de diseño y ejecución.

Uno de los mayores logros en el cambio de visión sobre seguridad en el sector inmobiliario fue la creación del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), órgano creado a partir del estudio que Jaimes realizó en 2010, junto con los investigadores Eduardo Reinoso y Marco A. Torres, titulado Evaluation of building code compliance in Mexico City: mid-rise dwellings, publicado en enero de 2015.

El proyecto original buscaba conformar un órgano que certificara colegiadamente, que ingenieros responsables del diseño arquitectónico y estructural, y los DRO se apegaran a la normatividad. Sin embargo, fueron justo estos últimos profesionales, los que encabezaron la oposición para que el ISC asumiera esa facultad revisora.

Las capacidades del ISC quedaron limitadas, únicamente, a la revisión de escuelas, hospitales y edificios de gobierno, así como a grandes desarrollos como los rascacielos de Paseo de la Reforma.

La cadena de responsabilidades apunta a todos los actores que intervienen en el proceso de planificación, registro, construcción y revisión de vivienda.

Una sola persona (el DRO) no puede decidir si algo está bien o no, necesita otro para que sea capaz de comunicarse con el DRO. Es un problema que se tiene que resolver”, urgió el investigador del IIUNAM, pues a la fecha, no existe certeza sobre la calidad y el estatus estructural de por lo menos dos millones de inmuebles de todo tipo, construidos entre 2004 y 2015 en toda la ciudad.

Que el Instituto sea capaz de frenar lo que ha pasado en las delegaciones que con cualquier firma pasan (los proyectos de construcción). Tiene que haber una forma en la que aún el mismo Instituto sea evaluado de forma independiente”, agregó.

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Vicios ocultos

Una práctica común entre los desarrolladores inmobiliarios para reducir los costos apunta a la contratación de ingenieros poco acreditados sobre los que recae la responsabilidad de elaborar los planos y las soluciones de ingeniería.

El rastro de las irregularidades apunta a las empresas que construyen, que “no contrata el mejor ingeniero, sino al más barato. Toda construcción debe ser económica, más no barata”, señaló Jaimes. Recortar costos en este paso puede comprometer la calidad de las soluciones del diseño estructural que se aplicarán al proyecto inmobiliario.

El resultado de una planeación deficiente deriva en cuatro fenómenos que limitan la capacidad de esfuerzo y desplazamiento de las construcciones, los cuales exigirían soluciones más complejas; sobre todo para edificios localizados en las regiones de mayor aceleración sísmica de la ciudad. Esas fallas las colocan en el umbral del colapso.

Ocupar los espacios en las plantas bajas para estacionamientos o comercios accesorios resta solidez a la estructura, explica el investigador. En consecuencia, el peso de las losas y muros se transfiere únicamente a las columnas ubicadas en las bases. Decenas de inmueble que colapsaron, como los que cayeron en la calle Escocia, colonia Del Valle, fueron diseñados con este tipo de “pisos débiles”, ocupados por estacionamientos.

Este cambio de rigidez no es capaz de da soporte y lo que genera es el colapso del primer piso” con fallas en las dos primera losas del inmueble, expuso el investigador el IIUNAM. Este tipo de vicio fue detectado como una práctica común en las construcciones habitacionales de la ciudad de acuerdo con la investigación en la que Jaimes colaboró.

Los otros vicios que la investigación reveló fue una torsión fuera de parámetros para edificaciones levantadas en esquinas o con estructuras asimétricas, golpeteos entre estructuras vecinas y elevaciones irregulares, provocadas por columnas que se desfasan y pierden solidez.

Se suma la falta de certidumbre documental. Jaimes aseguró que la investigación comprobó que las desarrolladoras entregan a las delegaciones memorias de cálculo y proyectos de diseño arquitectónico y estructural, incompletos o que no corresponden con la ejecución final.

Pero no todo está perdido. La vida útil de un inmueble ronda los 50 años, asegura Jaimes, aunque su tiempo de uso seguro puede extenderse hasta 30 años más si se le aplican programas bianuales de mantenimiento y sus elementos estructurales se rehabilitan con base en las normas vigentes de construcción.

El encamisado de columnas, instalación de mallas electrosoldadas para reforzar la resistencia de los muros y la reparación de fugas que mantengan la humedad lejos de las varillas estructurales son parte de los trabajos que pueden garantizar la seguridad de un inmueble, incluso asentado en una zona de alta sismicidad como la capital.

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